EL CASO DE LA SERRANÍA DE LA MACARENA: UNA PRÁCTICA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN EN MATERIA AMBIENTAL

Laura Lucia Castillo

Estudiante de Primer Año de Maestría en Derecho del Estado con énfasis en Derecho de los Recursos Naturales

La ANLA –Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia-, no obstante el concepto emitido el 29 de julio de 2015 por CORMACARENA, el pasado 18 de marzo de 2016 expidió la Resolución 286, a través de la cual otorgó licencia ambiental a la empresa HUPECOL OPERATING LLC CO, para la ejecución del proyecto denominado “Área de Interés de Perforación Exploratoria Serranía”, que comprendía un área de 30.887 hectáreas localizadas en los municipios de La Macarena y San Vicente del Caguán. No obstante, días más tarde y basado en un concepto de CORMACARENA que no tenía efectos vinculantes, el Director de la ANLA, para el momento, decidió revocar la licencia ambiental. ¿Tuvo algo que ver en la decisión la aplicación  del principio de precaución?

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FUTURO DE LA RESERVA DE BIOSFERA SEAFLOWER

Diana Geraldine Quevedo Niño
Estudiante de Quinto Año de Derecho de la Universidad Externado de Colombia

La opinión consultiva solicitada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el 14 de marzo de 2016 es uno de los instrumentos internacionales con los que cuenta Colombia para proteger la Reserva de Biosfera Seaflower pues, al denunciar el Pacto de Bogotá en 2012, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) no tendría competencia para conocer el conflicto que surja con Nicaragua como consecuencia de la construcción del Canal Interoceánico que se adelanta desde el 2014.

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PLANEACIÓN AMBIENTAL PARTICIPATIVA DISTRITAL

Laura Velandia Ortegón

Estudiante de Quinto Año de Derecho de la Universidad Externado de Colombia

Todos en nuestra vida hemos tenido que planear, desde un viaje a una fiesta de cumpleaños, incluso si somos de aquellos a los que nos gusta que la vida nos sorprenda. La dificultad viene dada por la coordinación y la activación de los diferentes actores que deben intervenir para cumplir lo propuesto. Asimismo, la planeación ambiental debe tener en cuenta la inclusión de todos los actores y sectores que deben intervenir en la consecución de determinado objetivo. En Bogotá, según la Secretaría Distrital de Ambiente, la planeación ambiental tiene como objetivo integrar la planeación del sector público con la problemática ambiental y proporcionar un marco de trabajo integral que facilite la toma de decisiones a fin de garantizar el desarrollo sostenible (Secretaria Distrital de Ambiente, s.f.).

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¿QUÉ ELEMENTOS TIENE PARA AFRONTAR EL CAMBIO CLIMÁTICO LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE VENEZUELA?

Hernán Villa Orrego y María Alejandra Zuluaga Castaño

Estudiantes de la Especialización en Derecho del Medio Ambiente

El cambio climático se entiende como una modificación del historial climático a escala global o regional, “atribuido directa o indirectamente a actividades humanas que alteran la composición de la atmosfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos comparables”[1]. Según el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), estas alteraciones generan incrementos de temperatura, deshielo de los glaciares, aumento en los niveles del mar, alteración de las precipitaciones, efectos en los ecosistemas y en la población humana como enfermedades tropicales, oleadas de calor, entre otros. Sus efectos son una realidad presente en nuestra sociedad independientemente de que exista una legislación especial para afrontarlo.

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Cambio climático desde la Constitución brasileña

Juan José Cardona Correa

Estudiante de la Especialización en Derecho del Medio Ambiente (Medellín, Antioquia) 

Para entender el cambio climático desde el punto de vista legislativo brasileño, se hace necesario revisar el funcionamiento de su sistema jurídico, comprendiendo inicialmente que la Constitución de la República Federativa de Brasil es la norma suprema caracterizada por regir bajo una unión indisoluble de los Estados, los Municipios y el Distrito Federal; en donde los 26 estados tienen autonomía para elaborar constituciones estatales y leyes propias, bajo los principios de la Constitución Federal[1].

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¿El marco normativo colombiano es realmente suficiente para proteger el medio ambiente?: la protección animal a la luz del ordenamiento jurídico nacional

María Alejandra Gutiérrez Parra

Estudiante de Quinto Año de Derecho de la Universidad Externado de Colombia

“Hasta que no extienda su círculo de compasión a todos los seres vivos, el hombre no encontrará la paz para sí mismo”.

Albert Schweitzer[1]

El marco normativo colombiano a favor de los animales se ha desarrollado gracias a la incorporación de una variedad de disposiciones relacionadas con ciertas conductas que son objeto de reproche en diferentes momentos históricos. Las primeras medidas que buscaron eliminar los actos de crueldad y el abandono injustificado de animales se implementaron dentro de la Ley 5 de 1972 con el nacimiento de las Juntas Defensoras de Animales y la consagración de algunas actividades consideradas como maltrato[2]. Otra de las leyes promulgadas fue la Ley 9 de 1979, la cual sostiene que el sacrificio de animales solo se permite cumpliendo con los requisitos de ley.

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Desarrollo económico vs. Derecho a un medio ambiente equilibrado: Jurisprudencia del Tribunal Constitucional en el marco de la Constitución Ecológica de Perú

Por: Juanita Gómez González
Estudiante de Especialización en Derecho del Medio Ambiente 2016

En el año de 1991, el gobierno peruano definió sus políticas de crecimiento económico, basadas en el fomento a la inversión.[1] Este mismo año, se expidió la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada[2] , en la cual se establecieron disposiciones para todos los sectores de la economía y se consolidaron las libertades económicas. Como consecuencia del modelo económico adoptado, la Constitución Política de 1993 establece garantías para la iniciativa privada en el marco de una economía social de mercado[3]. Estas libertades sin embargo no son absolutas. La Constitución Ecológica de Perú, entendida como principio que irradia todo el ordenamiento jurídico, como derecho de todas las personas a un medio ambiente sano, y como un conjunto de obligaciones para el Estado y los particulares[4], impone limitaciones claras a las libertades económicas. Si bien son pocos los artículos de la Constitución Política de Perú que abordan temas ambientales, el Tribunal Constitucional ha jugado un papel clave en la interpretación amplia de dichas normas, otorgándoles un alcance mayor.

La Constitución Política de Perú, en el capítulo de derechos fundamentales, establece que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida[5]. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha establecido que el derecho a gozar de un ambiente sano, se compone de los siguientes elementos “1) el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado, y 2) el derecho a la preservación de un ambiente sano y equilibrado.[6] De acuerdo al primer elemento, el derecho implica la potestad de las personas a disfrutar el medio ambiente en que se desarrollan, de una manera natural y armónica. Desde la perspectiva del segundo elemento, se imponen obligaciones al Estado y los particulares, con miras a preservar el medio ambiente en condiciones adecuadas para garantizar su disfrute. El Tribunal Constitucional ha señalado que en cuanto a las obligaciones que supone para el Estado, la preservación del medio ambiente sano, éstas se deben considerar desde una perspectiva reaccional y prestacional. Desde la primera, el Estado está en la obligación de abstenerse de realizar conductas lesivas para el disfrute del medio ambiente en condiciones equilibradas y adecuadas para el desarrollo de la vida humana. Por otro lado, desde la perspectiva prestacional, el Estado tiene el deber de conservar el medio ambiente en las condiciones anteriormente dichas.

El derecho a un medio ambiente sano impone obligaciones  a los particulares, limitando las libertades económicas. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha establecido que el crecimiento económico no puede interferir con la plenitud de la vida humana, entendida como una existencia en condiciones dignas, y en un medio ambiente equilibrado.[7] En este orden de ideas, dicho Tribunal ha señalado que la propiedad privada tiene que ser limitada si afecta negativamente el medio ambiente[8]. Así mismo, la libertad de empresa, consagrada en el artículo 59, también encuentra límites en la preservación del medio ambiente. El Tribunal Constitucional ha señalado que “dicha libertad debe ser ejercida con sujeción a la ley –siendo sus limitaciones básicas aquellas que derivan de la seguridad, la higiene, la moralidad o la preservación del medio ambiente” [9]. Por otro lado, la Carta Política señala en su artículo 58 que la iniciativa privada es libre y se ejerce en una economía social de mercado.  El Tribunal le ha otorgado a la perspectiva social de la economía, diferentes dimensiones, entre ellas una dimensión ambiental entendida como una “fórmula de promoción del uso sostenible de los recursos naturales para garantizar un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida.”[10] En este sentido, bajo el modelo de economía social de mercado se debe encontrar un equilibrio entre el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente.

En el marco de la Constitución Ecológica, existen igualmente obligaciones para el Estado.  Éste debe planear una política que concilie las tensiones existentes entre la protección del medio ambiente y el ejercicio de las libertades económicas.[11] Al respecto, los artículos 66 a 69 de la Constitución Política de Perú, señalan las potestades y obligaciones del Estado en materia ambiental. El artículo 66 establece que “Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares”. El aprovechamiento de los recursos naturales debe ser razonable y sostenible, correspondiéndole al Estado formular las políticas para que ello sea posible.[12] En este sentido,  el artículo 67 establece que “El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de los recursos naturales”. Tanto el artículo 66 como el 67, establecen las potestades del Estado en materia de uso y manejo de los recursos naturales, potestades que a su vez implican obligaciones en cuanto al desarrollo de políticas públicas y normas adecuadas. Por otro lado, los artículos 68 y 69, establecen la obligación del Estado de promover la conservación biológica y de las áreas naturales protegidas, al igual que el desarrollo sostenible de la Amazonía. Obligaciones correlacionadas con las potestades otorgadas al Estado en materia ambiental y que en todo momento deben propender por garantizar el derecho de los ciudadanos a un ambiente adecuado y equilibrado.

La Constitución Política de Perú posee pocos artículos en materia ambiental, sin embargo, el Tribunal Constitucional los ha interpretado de manera amplia, permitiendo el desarrollo del concepto de Constitución Ecológica. El derecho a un medio ambiente sano, es ejemplo de ello. El Tribunal le ha otorgado un amplio alcance y lo ha constituido en la base de los límites a la iniciativa privada y a las libertades económicas. Ahora bien, dichos límites no implican un modelo conservacionista; la inversión privada sigue siendo uno de los pilares de la economía peruana. Por otro lado, desde la interpretación de este derecho, surgen obligaciones para los particulares y el Estado. En cabeza de este último reside la obligación de fijar políticas públicas que propendan por un punto de equilibrio entre desarrollo económico y preservación del medio ambiente.

[1] AMAYA, Oscar D. La Constitución Ecológica de Colombia. 2ª ed. Universidad Externado de Colombia, 2010. 354 p.

[2] Decreto Legislativo No. 757 de 1991

[3] Artículo 58. Constitución Política de Perú, 1993

[4] Tribunal Constitucional del Perú, Sentencia N º 3610-2008

[5] Numeral 22, artículo 2. Constitución Política de Perú, 1993

[6] Tribunal Constitucional del Perú, Sentencias N.º 00018-2001, N.º 00964-2002,  N.º 0048-2004, N.º01206-2005

[7] Tribunal Constitucional del Perú, Sentencia N º 3610-2008

[8] Tribunal Constitucional del Perú, Sentencia N º 00316-2011

[9] Tribunal Constitucional del Perú, Sentencia N º 00032-2010

[10] Tribunal Constitucional del Perú, Sentencia N º 00023- 2008

[11] Tribunal Constitucional del Perú, Sentencia N º 3610-2008

[12] Tribunal Constitucional del Perú, Sentencia N º 00028-200

Experiencias de nuestros Exalumnos en Bucaramanga

Helbert Panqueva, vive en la ciudad de Bucaramanga, es abogado de profesión y en el año 2013 hizo la especialización en Derecho de Medio Ambiente que  la Universidad Externado de Colombia  desarrolla en la ciudad de Bucaramanga.foto

“La especialización me ayudó a profundizar en el  trabajo que realizo en la autoridad ambiental,  además para poder acceder a nuevas oportunidades laborales como llegar a ser el Coordinador del Grupo Élite Ambiental – GEA y Coordinador jurídico de la CDMB, y actualmente el Coordinador de Aseguramiento Legal de la Sub dirección Ambiental del  Área Metropolitana de Bucaramanga”.

“La experiencia académica desarrollada con la Universidad Externado contribuyó en mi formación, estructura y disciplina académica”