¿CUESTIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL?

Sandra Johanna Mantilla Piñeros*

Desde el reconocimiento en el mundo de los problemas ambientales que han generado gran impacto en el mantenimiento de la vida, se ha observado la difícil conciliación entre lo que los tratados internacionales y las leyes nacionales promulgan con respecto al tema, con la aplicación por parte de ciudadanos de las mismas -y en relación con la naturaleza-, encontrando que al transcurrir de los años existen avances pero también retrocesos en la búsqueda de un desarrollo sostenible.

Así mismo en los tratados internacionales se ha hablado expresamente de la Educación Ambiental como una estrategia para encarar dichos problemas ambientales desde las comunidades, haciéndolas a través de ella conscientes de las situaciones ambientales y promoviendo la participación para la toma de decisiones en materia ambiental.  A pesar de ello, aunque por lo menos en Colombia se ha abordado la Educación Ambiental a través de la Política Nacional, no son pocas las situaciones en las cuales se evidencia aún el gran abismo entre lo que es para muchas comunidades su relación con el ambiente y el ideal que se espera después de quince años de implementación de la Política Nacional de Educación Ambiental.

Como ejemplo de lo anterior encontramos situaciones cotidianas que se traducen en conflictos ambientales, desde la inadecuada disposición de residuos, escombros, emisiones, vertimientos, hasta el exterminio de ecosistemas por la sobreexplotación de recursos -y de especies como el oso de anteojos-. Cabe preguntarse entonces ¿son estas situaciones cuestión de Educación Ambiental? ¿Se estará aplicando adecuadamente la política? ¿Son las estrategias de la política acordes con la realidad específica de la comunidad o por el contrario son limitantes de la educación ambiental? ¿Están las entidades haciendo un ejercicio real de educación ambiental o se trata solo de un ejercicio sancionatorio? Para poder responder estos cuestionamientos es necesario hacer una revisión del marco jurídico de la educación ambiental  y de la aplicación de la Política Nacional de Educación Ambiental.

Un poco de historia internacional y nacional

La educación ambiental se ha consagrado en diferentes instrumentos internacionales como: El principio 19 de la Declaración de Estocolmo de 1972, en el cual se dice indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales; el principio 15 de la Carta Mundial de la Naturaleza que consagra que los conocimientos relativos a la naturaleza se difundirán a través de la enseñanza ecológica; así mismo en el principio 10 de la declaración de Rio de Janeiro de 1992 se promueve el fomento de la sensibilización y la participación de la población en las cuestiones ambientales. Todos estos instrumentos resaltan la importancia de que la información en el tema ambiental sea puesta a disposición de todas las personas y ciudadanos de los países para que puedan incidir y participar en la toma de decisiones que los afectan.  

En el ordenamiento jurídico colombiano, se han incorporado algunos de los principios de las declaraciones anteriormente mencionadas entre ellos los referentes a Educación ecológica o ambiental. Ejemplo de lo anterior se encuentra en la Constitución de 1991, específicamente en el artículo 67, “se estipula que uno de los fines primordiales de la educación es la protección del ambiente”[1]; así mismo desde la promulgación del código de recursos naturales renovables se estableció la necesidad de la inclusión de cursos de ecología y preservación ambiental, evolucionando hasta el año 2002 en la Política Nacional de Educación Ambiental.

Aplicación de la Política

La Política de Educación Ambiental establece ocho estrategias de acción para la articulación de los diferentes actores sociales en el tema ambiental; entre estas se encuentran: Coordinación intersectorial, inclusión de la dimensión ambiental en la educación formal y no formal, formación de educadores ambientales, promoción del servicio militar ambiental, entre otras; a pesar de ello en los años de aplicación de la política, solamente se ha implementado de una manera estructurada la estrategia de la inclusión de la dimensión ambiental en la educación formal, es decir a través de los proyectos ambientales escolares[2]; las demás estrategias han tenido debilidades de intervención institucional o son muy incipientes o desconocidas para la comunidad, o incluso limitantes al enfocarse solamente a una figura como los proyectos ciudadanos de educación ambiental, cuando es posible que existan otras estrategias de apropiación ambiental en las comunidades.

Además de lo anterior, existe un vacío por parte de las comunidades en el tema jurídico ambiental[3], es posible evidenciar que aunque las organizaciones ambientales o comunidades organizadas conozcan su realidad ambiental, desconocen los instrumentos jurídicos para actuar frente a conflictos ambientales, por lo que se hace necesario que en la política se incluya un enfoque de educación jurídico ambiental que además de generar conciencia permita que no se perciba por parte de los ciudadanos que solamente las sanciones son la forma eficaz de educación ambiental y que promueva de manera real la participación para la toma de decisiones.

De acuerdo a lo descrito anteriormente, es posible establecer que aunque la transformación de los  conflictos y realidades ambientales son cuestiones que se pueden potenciar a través de la educación ambiental es necesario un fortalecimiento instrumental y jurídico de las estrategias educativas que permitan una participación y articulación real de los ciudadanos y comunidades con las entidades encargadas del tema, así como un fortalecimiento integral de la política que le permita articular de maneta real sus estrategias con la realidad ambiental del territorio y la legislación nacional e internacional vigente.

*Estudiante Maestría en Derecho del Estado con énfasis en Derecho de los Recursos Naturales, Universidad Externado de Colombia.

[1] AMAYA; NAVAS, Oscar. (2016). La Constitución Ecológica de Colombia. Tercera edición. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

[2] BADILLO; MENDOZA, M. (2012) Política de Educación Ambiental en Colombia 2002-2010. Universidad Nacional Abierta y a Distancia.

[3] MUNÉVAR QUINTERO, C. (2013). “La incidencia de la educación jurídica ambiental y la participación, en la transformación del conflicto ambiental”. JURÍDICAS. No. 1, Vol. 10,pp. 147-163. Manizales: Universidad de Caldas.


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