¿Hasta cuándo debemos pagar por ataques a infraestructura petrolera? El riesgo ambiental no se puede medir ahora, pero será evidente dentro de algunas décadas

Fuente bibliográfica: SANTAELLA QUINTERO, Héctor. ¿Hasta cuándo debemos pagar por ataques a infraestructura petrolera? El riesgo ambiental no se puede medir ahora, pero será evidente dentro de algunas décadas. En: El Tiempo. [En Línea]. (17 de agosto de 2015). Disponible en: <http://www.eltiempo.com/economia/sectores/medio-ambiente-hasta-cuando-debemos-pagar-por-ataques-a-infraestructura-petrolera/16248535> [Citado el 18 de agosto de 2015].

Héctor Santaella Quintero

Docente – Investigador del Departamento de Derecho Administrativo y Profesor del Departamento de Derecho del Medio Ambiente

Los conflictos armados nunca han sido una buena noticia para el medio ambiente. Durante la II Guerra Mundial millones de hectáreas de tierras de cultivo holandesas fueron inundadas por los alemanes, se incendiaron y devastaron bosques y se destruyeron canales y sistemas de riego a lo largo del viejo continente.

En los días finales de esta confrontación miles de armas químicas fueron enterradas por el ejército japonés en campos, quebradas y lagos del nordeste de China. Quizás la más conocida y dolorosa catástrofe ambiental bélica sea la producida por la Guerra de Vietnam y la tristemente célebre aspersión con agente naranja de las selvas y manglares en donde se refugiaban los combatientes vietnamitas.

Las últimas conflagraciones no se han quedado atrás: Durante la invasión a Kuwait, además de prender fuego a cientos de pozos de petróleo con graves consecuencias para la calidad del aire de la región, las fuerzas militares de Irak abrieron las compuertas de las terminales de Sea Island y Mina Al-Bakr y vertieron a las aguas del Golfo Pérsico millones de toneladas de petróleo. El conflicto colombiano no podía ser la excepción.

Desde 1986, año en el que se presentó la primera voladura del Oleoducto Caño Limón–Coveñas tras su entrada en funcionamiento, hasta comienzos de julio de este año, según informes de prensa, se han registrado en Colombia 2.681 ataques contra la red nacional de transporte de hidrocarburos. En cifras representa más de 4 millones de barriles de petróleo derramados.

En 1989, en el desastre de la Exxon Valdez, cuyos efectos negativos aún perduran en las costas de Alaska, se derramaron 38.000 toneladas (unos 277.000 barriles); en 1978, el petrolero Amoco Cadiz descargó en el Atlántico y el litoral francés de Bretaña 220.000 toneladas de petróleo (unos 1.65 millones de barriles).

Nuestros números solo son comparables con el mayor derramamiento de petróleo en la historia: la explosión y hundimiento de la plataforma petrolífera Deep Water Horizon, de la BP, en 2010, que arrojó a aguas del Golfo de México 3.19 millones de barriles de petróleo, y gracias a la rápida acción de las autoridades y de la propia BP no se convirtió en la peor tragedia ecológica de la historia.

Estimar el valor total de estos incidentes nunca es tarea sencilla; menos aún si se tiene en cuenta la falta de estudios técnicos que analicen y valoren integralmente sus implicaciones y costos ambientales, como ocurre en Colombia. En principio incluye los perjuicios de la industria petrolera por ventas perdidas, los gastos de las reparaciones, el valor del crudo derramado y de su recuperación, las tareas de limpieza y las regalías no generadas por la suspensión de la actividad de bombeo.

También se deben sumar los elevados costos de la inversión pública y privada en seguridad de la infraestructura petrolera (incluidos pagos ilegales por amenazas y extorsiones). Y desde luego, se deben considerar sus graves implicaciones para el medio ambiente y las comunidades asentadas alrededor de la tubería. Además de poner en riesgo sus vidas y amenazar y destruir cultivos y viviendas, los incendios y la contaminación generada por las explosiones y los derramamientos afectan los bosques, la fauna, los suelos y las fuentes de agua empleadas para el consumo humano y del ganado, el riego y la pesca.

Puesto que estas zonas alojan normalmente comunidades de escasos recursos cuya subsistencia suele depender de lo que les ofrece su entorno, perjudican directamente su economía y base alimentaria, comprometiendo su mínimo vital y supervivencia.

Pese a contar el sistema jurídico nacional con vías procesales administrativas y judiciales adecuadas para obtener la reparación de los perjuicios ocasionados al medio ambiente y a los patrimonios particulares afectados, su operatividad en estos casos es dudosa.

El hecho de ser obra de grupos al margen de la ley como las Farc o el Eln es sin duda el principal escollo: además de ser poco probable que las autoridades inicien los procedimientos correspondientes o que la comunidad o los afectados instauren demandas en su contra, es seguro que de hacerlo las decisiones serían letra muerta.

¿Significa lo anterior que nadie responde por estos daños? En absoluto. Del mismo modo que el Estado colombiano responde a diario por las muertes, lesiones, desplazamientos, desapariciones forzadas y pérdidas patrimoniales ocasionadas por grupos ilegales en el marco del conflicto, muy posiblemente también debe asumir la responsabilidad que se deriva de los graves daños colectivos e individuales que originan los ataques contra el oleoducto. De hecho, es lo que ha venido ocurriendo para lograr la recuperación de los ecosistemas afectados y la atención de las comunidades damnificadas.

¿Hasta cuándo tendremos que seguir asumiendo todos los altísimos costos económicos, ambientales y sociales de esta torpe e irresponsable manera de accionar de los grupos subversivos?

Recientemente el Consejo de Estado solicitó al Gobierno Nacional incluir la protección del ambiente en la agenda de las negociaciones con las Farc en La Habana y en los demás procesos de acercamiento que se adelanten con otros grupos insurgentes.

Ojalá esta petición sea atendida y fructifique. Lo vivido en los meses de mayo y junio de este año no es, quizás, más que un amargo pero oportuno recordatorio de lo que ha sucedido durante los últimos treinta años; una manera zafia (de las Farc, al fin y al cabo) de evidenciar la costoso y degradado de este conflicto. Y de poner de relieve, además, que si bien la peor parte pudo haber pasado ya, el medio ambiente ha sido otra víctima más de este largo enfrentamiento. Otra cuenta pendiente con los colombianos (de ayer, de hoy y de mañana, porque sus efectos nocivos tardarán años en desaparecer), que urge tomarse en serio y que debe saldarse sin más dilación.