20 de agosto de 2021

El control de convencionalidad como herramienta para garantizar el acceso a la información, participación y justicia ambiental

Este tema es analizado por Martha Robles Ustariz y Diana Quevedo Niño, en el capítulo de investigación “El ejercicio del control de convencionalidad por parte de las autoridades del Estado. Instrumento para la efectiva protección y garantía de los derechos de acceso en materia ambiental” publicado en el libro «Información, Participación y Justicia Ambiental. Herramientas para alcanzar el desarrollo sostenible y la democracia ambiental»

Por: Lucía Soto Rincón

El bloque de constitucionalidad es un concepto desarrollado por la Corte Constitucional, que hace referencia a aquellos instrumentos del derecho intenacional, que a pesar de no estar incluídos de forma escrita en la Constitución Política, hacen parte de la misma. Con respecto a los tratados que consagran derechos humanos, la Corte ha establecido que pertenecen al bloque de constitucionalidad en sentido estricto, y que por ende, tienen igual jerarquía que la Constitución dentro del sistema de fuentes. Debido a la obligatoriedad de estos tratados, todas las autoridades públicas estan llamadas a realizar un control de convencionalidad, es decir, deben verificar en todos los casos el cumplimiento de las normas que hacen parte del bloque de constitucionalidad.

En Colombia, dentro de los tratados con jerarquía constitucional, se encuentra la Convención Americana de Derechos humanos, que establece una gran variedad derechos, dentro de los que se encuentran los derechos de acceso a la información, participación y acceso a la justicia. En materia ambiental, estos derechos han sido desarrollados tanto por las sentencias y opiniones consultivas de la Corte IDH, como por los informes de la CIDH, sin embargo, existe la duda respecto a su vinculatoriedad, por lo que las autoras en la presente investigación tienen como propósito responder a dicha cuestión y establecer la importancia del control de convencionalidad como garantía de los derechos de acceso en materia ambiental.

En la primera y segunda parte del artículo, las autoras afirman el verdadero carácter vinculante tanto de las sentencias y opiniones consultivas de la Corte IDH, como de los informes de la CIDH. Con respecto a las sentencias, se concluye que son vinculantes para todos los Estados parte porque son reflejo de la interpretación autorizada de la CADH. En cuanto a las opiniones consultivas y a los informes, su carácter vinculante se debe a que estan principalmente encaminados al cumplimiento directo de la CADH.

En la tercera parte del artículo, se analizan los estándares del SIDH en relación con  la protección del derecho al medio ambiente sano. Las autoras, mediante un recuento histórico, ponen de presente que, en un inicio, el medio ambiente no fue materia de especial interés en el SIDH, pues no se mencionó de manera expresa ni en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, ni en la CADH. Fue en 1988, mediante el artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se estableció el derecho de toda persona a gozar de un ambiente sano. En cuanto a la Corte IDH y la CIDH, las autoras explican que la mayoría de sus pronunciamientos en materia ambiental siempre habían sido en relación con la protección de comunidades indígenas, sin embargo, en 2017, a través de una opinión consultiva, la Corte se pronunció de manera directa sobre el medio ambiente como derecho humano y estableció como obligación de los Estados, entre otras, la de garantizar el acceso a la información, participación y justicia ambiental.

Por último, las autoras manifiestan la importancia del control de convencionalidad por parte del las autoridades administrativas y judiciales como instrumento para la efectividad de los derechos de acceso en materia ambiental. Al estar el Estado colombiano sometido a todo el SIDH, es su deber proteger el medio ambiente como un derecho humano, pero también debe garantizar los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental con el objetivo dar voz a aquellos que pretenden evitar más daños al medio ambiente.

Cita: Robles Ustariz, M. & Quevedo Niño, D.G. (2020). El ejercicio del control de convencionalidad por parte de las autoridades del Estado. Instrumento para la efectiva protección y garantía de los derechos de acceso en materia ambienta. En Información, Participación y Justicia Ambiental. Herramientas para alcanzar el desarrollo sostenible y la democracia ambiental (pp. 628-671). Bogotá: Universidad Externado de Colombia.