En los últimos años se han evidenciado efectos negativos en el medio ambiente, lo que ha llamado la atención de la especie humana por la naturaleza y las formas de relacionamiento con los elementos que la integran, como respuesta, surgió un movimiento que aboga una personería jurídica para los ecosistemas con titularidad de derechos, ¿Dónde se ha acogido?, ¿Qué tanto y de qué manera?, iniciamos el recorrido.
La nueva realidad que afecta al país representa retos importantes para la gestión y el Derecho Ambiental. Dos cuestiones recientes – licencias exprés y consultas previas virtuales – prenden las alarmas sobre posibles regresiones al nivel de protección ambiental alcanzado. El Principio de No Regresión se configura como una herramienta útil y necesaria para abordar estas posible regresiones, de cara a lograr el mejor equilibro entre la protección del medio ambiente y la superación de la crisis actual.
A raíz de algunos episodios de brote de malestares respiratorios presentados en Wuhan, China, se ha identificado una nueva enfermedad denominada COVID-19. Con ocasión de la rápida propagación del virus, se han implementado medidas sanitarias como la de evitar la aglomeración de ciudadanos en algunos países. Un aspecto interesante de la situación actual se refleja en el impacto positivo ambiental que se produce en materia de contaminación del aire con ocasión del estado de “cuarentena” de varias ciudades. Imágenes compartidas por la NASA, relevan datos relacionados con los niveles de dióxido de nitrógeno presentes en la atmósfera, en el territorio chino.
El adecuado tratamiento de los residuos sólidos en Colombia es un deber de las autoridades públicas, quienes, dentro del marco de sus competencias constitucionales y legales, deben ejercer planes de gestión integral que mitiguen el impacto ambiental negativo que se puede producir por una inadecuada gestión de los residuos, la cual puede desencadenar en afectaciones a derechos constitucionales como el de gozar de un medio ambiente sano
Llamativas han resultado a hoy las intenciones de los operadores jurídicos cuando en tratándose de redefinir categorías tradicionales se trata, pues el medio ambiente en general, y los animales (en concreto) se han propuesto ser, más que un objeto de regulación como componentes del hábitat humano, el eje de un nuevo orden jurídico que propende por la realización de derechos en su cabeza por cuanto a desde su misma existencia refiere.
El Tribunal Superior de Bucaramanga y un Juzgado Administrativo del Circuito de Bogotá dejaron sin efectos dos resoluciones del Ministerio de Ambiente que delimitaron los páramos de Almorzadero y Sumapaz – Cruz Verde. La razón de las decisiones tiene que ver con el desconocimiento de las reglas jurisprudenciales esenciales del Derecho de Participación Ambiental de comunidades de campesinos ¿Será necesario un nuevo instrumento normativo de participación ambiental?
El debate en torno a determinación de elementos del medio ambiente, tales como animales, ríos y ecosistemas, como sujetos de derecho, ha alcanzado una importancia de difícil parangón en la historia del ordenamiento jurídico colombiano. Habiendo posturas a favor y en contra, lo cierto es que ésta es la puerta a un debate mucho más amplio de lo que parece, que alcanza hasta los cimientos de lo que en Colombia se entiende por derecho.
El día 25 de mayo del 2019 se promulgó la Ley 1955, la cual expide el Plan Nacional de desarrollo. Pese a que se establecen diversos objetivos a cumplir durante este período, el tema de vertimientos presenta un vacío normativo en cuanto al control por parte de las Autoridades Ambientales.
La deforestación es una problemática que amenaza la biodiversidad del país, por lo tanto, las medidas que se tomen hoy en día pueden ser cruciales en aras de evitar perjuicios irremediables en el medio ambiente. El PND 2018-2022 ha tomado una posición discutible frente a la deforestación; por tal razón, el principio de no regresión puede presentarse como una herramienta que oriente la política de protección de los bosques en Colombia.
En sesión plenaria el día 28 de mayo de 2019 el Congreso de la República aprobó el Proyecto de Ley No. 255 de 2018 Senado, 134 de 2017 Cámara “Por medio de la cual se establece la protección de los derechos a la salud y al medio ambiente sano estableciendo medidas tendientes a la reducción de emisiones contaminantes de fuentes móviles y se dictan otras disposiciones”