Las especies exóticas invasoras (EEI) son uno de los cinco motores de pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos en el mundo. Esto presupone un marco de regulación que evite impactos económicos, sociales y especialmente ambientales en un país megadiverso como Colombia. ¿Cuál ha sido el papel jurídico en el control de EEI, su consolidación y retos futuros en el país?
Las certificaciones ambientales son cada año más usadas por las empresas, pues estas permiten optimizar el trabajo, aumentar su competitividad nacional y extrajera, disminuir el uso de recursos y la contaminación ambiental, mejorar la calidad de tecnología usada y cumplir con los requerimientos legales de tipo ambiental. Jurídicamente es muy beneficioso que las empresas logren certificaciones, pues esto es el cumplimiento de la norma que tanto se espera.
El Gobierno Nacional le apuesta a la erradicación de cultivos de uso ilícito con Glifosato como una de las alternativas más eficientes en la lucha contra el narcotráfico. La Corte Constitucional, conocedora de los riesgos ambientales y sociales asociados a este tipo de alternativa de erradicación, a la problemática de orden público y los compromisos internacionales, se ha pronunciado en un número importante de ocasiones para mediar en dicha problemática.
Mediante la Ley 1930 de 2018 se reafirmó la prohibición del desarrollo de actividades de exploración y explotación minera en zonas de páramo y se dispuso diseñar y ejecutar programas para su sustitución o reconversión, teniendo en cuenta los lineamientos que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expedirán para el efecto, no obstante, ya casi se cumplen dos años de su expedición y poco es lo que las entidades encargadas han realizado al respecto.
En los últimos años se han evidenciado efectos negativos en el medio ambiente, lo que ha llamado la atención de la especie humana por la naturaleza y las formas de relacionamiento con los elementos que la integran, como respuesta, surgió un movimiento que aboga una personería jurídica para los ecosistemas con titularidad de derechos, ¿Dónde se ha acogido?, ¿Qué tanto y de qué manera?, iniciamos el recorrido.
La nueva realidad que afecta al país representa retos importantes para la gestión y el Derecho Ambiental. Dos cuestiones recientes – licencias exprés y consultas previas virtuales – prenden las alarmas sobre posibles regresiones al nivel de protección ambiental alcanzado. El Principio de No Regresión se configura como una herramienta útil y necesaria para abordar estas posible regresiones, de cara a lograr el mejor equilibro entre la protección del medio ambiente y la superación de la crisis actual.
A raíz de algunos episodios de brote de malestares respiratorios presentados en Wuhan, China, se ha identificado una nueva enfermedad denominada COVID-19. Con ocasión de la rápida propagación del virus, se han implementado medidas sanitarias como la de evitar la aglomeración de ciudadanos en algunos países. Un aspecto interesante de la situación actual se refleja en el impacto positivo ambiental que se produce en materia de contaminación del aire con ocasión del estado de “cuarentena” de varias ciudades. Imágenes compartidas por la NASA, relevan datos relacionados con los niveles de dióxido de nitrógeno presentes en la atmósfera, en el territorio chino.
El adecuado tratamiento de los residuos sólidos en Colombia es un deber de las autoridades públicas, quienes, dentro del marco de sus competencias constitucionales y legales, deben ejercer planes de gestión integral que mitiguen el impacto ambiental negativo que se puede producir por una inadecuada gestión de los residuos, la cual puede desencadenar en afectaciones a derechos constitucionales como el de gozar de un medio ambiente sano
Llamativas han resultado a hoy las intenciones de los operadores jurídicos cuando en tratándose de redefinir categorías tradicionales se trata, pues el medio ambiente en general, y los animales (en concreto) se han propuesto ser, más que un objeto de regulación como componentes del hábitat humano, el eje de un nuevo orden jurídico que propende por la realización de derechos en su cabeza por cuanto a desde su misma existencia refiere.
El Tribunal Superior de Bucaramanga y un Juzgado Administrativo del Circuito de Bogotá dejaron sin efectos dos resoluciones del Ministerio de Ambiente que delimitaron los páramos de Almorzadero y Sumapaz – Cruz Verde. La razón de las decisiones tiene que ver con el desconocimiento de las reglas jurisprudenciales esenciales del Derecho de Participación Ambiental de comunidades de campesinos ¿Será necesario un nuevo instrumento normativo de participación ambiental?