Régimen de semillas nativas en Colombia y el caso de San Lorenzo, Nariño

Por: Daniela Alejandra León González*

El pasado 28 de febrero de 2018, a través del Acuerdo No. 05 “Por medio del cual se declara a la Jurisdicción del Municipio de San Lorenzo Nariño, como territorio de protección especial libre de productos transgénicos. ¡Por las semillas, el territorio y la vida!”, el Concejo Municipal declaró territorio libre de semillas transgénicas a San Lorenzo, municipio ubicado en Nariño.

Esa decisión es una expresión de la voluntad conjunta de la comunidad del municipio así como de sus autoridades locales, la cual es una victoria jurídica que se dio gracias a una campaña prolongada por varios años, en un escenario de lucha territorial impulsada por la Red de Guardianes De Semillas de Vida, en articulación con la Pastoral de la Tierra, la Red de Familias Lorenceñas Las Gaviotas y la Alcaldía Municipal de San Lorenzo, a la cual se sumaron más de 1500 habitantes del municipio. Continuar leyendo

¿La degradación de los suelos como una problemática social?

María Daniela De la Rosa*

Desde el 2012 Colombia es parte de la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémico (IPBES). Este organismo intergubernamental se encuentra compuesto por 129 países y tiene como finalidad brindar a las personas responsables “de formulación de políticas evaluaciones científicas objetivas sobre el estado de conocimiento relativo a la diversidad biológica del planeta, a los ecosistemas y a las contribuciones que hacen a las personas, así como las herramientas y métodos para proteger y usar estos activos naturales vitales de manera sostenible.”[1]

Producto la Sexta Sesión Plenaria de la IPBES que se llevó a cabo en Medellín, Colombia en marzo de este 2018, se publicó un informe[2] en el que, luego de evaluar la biodiversidad de los suelos, se llegó a la conclusión que su degradación será el principal responsable de un éxodo masivo de poblaciones humanas. Continuar leyendo

El desconocimiento de los modelos de distribución territorial y democrática de los recursos mineros como detonante de conflictos socioambientales

Diego Felipe Contreras*

Durante siglos la lucha por los recursos naturales y la obtención de la riqueza de forma rápida ha causado que diferentes sectores de la sociedad muestren intereses contrapuestos por la apropiación de los recursos. De ahí, que una de las causas principales de la violencia y de la fragmentación del tejido social en Colombia sea el afán por salir de la pobreza a través de la explotación ilícita de los recursos naturales. No obstante, dicho panorama no debe confundirse bajo ninguna circunstancia con la minería artesanal, puesto que para el ordenamiento jurídico existe una brecha gigantesca entre la minería ilícita y la minería artesanal.

Establecida la distinción anterior, es necesario mencionar que el presente escrito tiene por objeto analizar el tratamiento jurídico de la minería artesanal desde una perspectiva constitucional, y para ello, se analizará la sentencia SU 133 de 2017 de la Corte Constitucional que expone las diferentes aristas en que un conflicto socioambiental puede incidir en el desarrollo de los derechos, tales como la participación, el mínimo vital, la libertad para ejercer oficio como mineros tradicionales y el derecho a no ser desplazados de sus territorios. Continuar leyendo

El cambio climático en la Constitución de la República de Panamá

Natalia Rodas Pinilla y María Luisa Aragon*

Recordemos que la emisión y acumulación excesiva de gases de efecto invernadero contribuyen con la modificación del clima, dejando como consecuencia variaciones en las corrientes de los mares, cambio en la dirección de los vientos, daños en cosechas, entre otras afectaciones. Esto debido a que todas las actividades ambientales están relacionadas, generando así consecuencias en cadena.

Atendiendo a la autonomía de las partes, es opcional para todas las naciones, acogerse a tratados orientados a desarrollar políticas que propongan alcanzar mínimos índices de contaminación y a mitigar el daño causado al planeta por la actividad humana. Por lo anterior, a lo largo de los años, las naciones alarmadas por esta problemática han ido desarrollando acuerdos internacionales con el fin de buscar una solución al cambio climático. Continuar leyendo

La educación agropecuaria del campo a la ciudad

Natalia Stella Prado Castañeda*

El sistema de educación en el mundo se está transformando, ahora el desarrollo del estudiante en sus relaciones interpersonales o el descubrimiento de sus aptitudes entre otros, son el objetivo de la educación primaria y secundaria en los países del primer mundo. La propuesta de este paper es dar a conocer la educación agropecuaria en Colombia e intentar transpolar este concepto a la ciudad, aprovechando la diversidad de pisos técnicos y los nuevos conceptos de uso del suelo.

La educación agropecuaria en Colombia tiene su origen en 1834, dentro de una reforma a la educación del gobierno liberal de Alfonso López Pumarejo, con énfasis en la población rural. Nace entonces con la Escuela Normal Rural para Mujeres en 1934, después la educación vocacional agrícola y las Escuelas Hogar para Campesinas. La deficiencia que se presentó fue que no se cubrió la educación secundaria a pesar de que la población del país vivía el 70% en el campo. Ahora bien, todas estas escuelas mediante el Decreto 80 de 1974 se convirtieron en escuelas de educación básica y secundaria.

Es evidente que, en el siglo XXI, todos estamos al tanto del cambio climático y a la necesidad de contribuir a detener sus efectos, así el gobierno de una potencia económica recientemente haya negado su existencia.

Con la influencia de la Constitución Política de 1991, con la llamada Constitución Ecológica se generó una conciencia colectiva del cuidado y conservación del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras dese varios aspectos, en el artículo 79 se contempla el derecho a gozar de un medio ambiente sano y la garantía mediante la ley de participación de la comunidad en las decisiones que le afecten; el artículo 80 incluye el concepto de desarrollo sostenible, imponiendo cargas a el Estado para la planificación el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales; en el artículo 95 que contempla los deberes del ciudadano, uno de ellos es proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sostenible.

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¿CUESTIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL?

Sandra Johanna Mantilla Piñeros*

Desde el reconocimiento en el mundo de los problemas ambientales que han generado gran impacto en el mantenimiento de la vida, se ha observado la difícil conciliación entre lo que los tratados internacionales y las leyes nacionales promulgan con respecto al tema, con la aplicación por parte de ciudadanos de las mismas -y en relación con la naturaleza-, encontrando que al transcurrir de los años existen avances pero también retrocesos en la búsqueda de un desarrollo sostenible.

Así mismo en los tratados internacionales se ha hablado expresamente de la Educación Ambiental como una estrategia para encarar dichos problemas ambientales desde las comunidades, haciéndolas a través de ella conscientes de las situaciones ambientales y promoviendo la participación para la toma de decisiones en materia ambiental.  A pesar de ello, aunque por lo menos en Colombia se ha abordado la Educación Ambiental a través de la Política Nacional, no son pocas las situaciones en las cuales se evidencia aún el gran abismo entre lo que es para muchas comunidades su relación con el ambiente y el ideal que se espera después de quince años de implementación de la Política Nacional de Educación Ambiental.

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el nuevo paradigma constitucional

Por:  Maria Goretty González Tafur*

Inicialmente, el tema de constitucionalismo ambiental surge de una necesidad a nivel global por la gran contaminación del ser humano en el planeta, llegando a tan altos niveles que hace necesario su tratamiento en instancias igualmente relevantes, generando un compromiso y atribuyendo una coacción a estos derechos. Para transformar un constitucionalismo tradicional en un nuevo constitucionalismo, debemos tener en cuenta originalidad, amplitud, complejidad y rigidez, situación que maneja muy bien al incorporar derechos y garantías, con temáticas nuevas, un lenguaje accesible y participación popular activa (Viciano & Martínez, 2010)

Lo que podría resultar más cercano en este aspecto son los conceptos holísticos ancestrales de la madre tierra y el buen vivir, que nos permiten generar alternativas a la manera convencional de entender el mundo, teniendo en cuenta que es un concepto en construcción, que se ajusta a las necesidades sociales y ambientales. Al ser esta una idea que se comparte desde la tradición, podría llegar a una propuesta diversa, como lo menciona el intelectual y político aymara David Choquehuanca, “recuperar la vivencia de nuestros pueblos, recuperar la Cultura de la Vida y recuperar nuestra vida en completa armonía y respeto mutuo con la madre naturaleza, con la Pachamama, donde todo es vida, donde todos somos uywas, criados de la naturaleza y del cosmos” (Nuningo, 2013)

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EL ACTIVISMO JUDICIAL EN LAS DECISIONES AMBIENTALES Y LA YUXTAPOSICIÓN DEL DERECHO AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS ACTIVIDADES DE MINERÍA MARÍTIMA O EXPLORACIÓN OFFSHORE

Karen Paola Amador Rangel*

Tomando como base el derecho de todos los países al progreso económico algunos sectores de los mismos se han visto seriamente perjudicados, colocando en censura la tan apelada expresión de desarrollo sostenible. Desde la definición misma instaurada por el Informe de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, más conocida como Comisión Brundtland en 1987, las bases teóricas de la economía mundial, dirigida además por los organismos internacionales comenzaron a direccionar la práctica de la misma. Hoy por hoy cabe preguntarnos si esa definición que lo contempla como aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades, sigue vigente dado que se hace notoria la existencia del desequilibrio entre la conservación del medio ambiente y las actividades económicas de los países para solucionar el conflicto entre el uso privado y social de los recursos naturales.

La explotación petrolera en alta mar o en países diferentes al país de residencia, se llama explotación “offshore” y se inició en respuesta a la demanda mundial de crudo, utilizando cada vez más una mejor tecnología para poder explorar y explotar pozos a mayores profundidades por medio de plataformas o buques. En su etapa exploratoria se realizan estudios geofísicos de sísmica que estudian la propagación de las ondas sísmicas que se generan en el interior de la Tierra (Romero, 2016). A pesar de que el método de offshore aumenta la producción de petróleo se han realizado estudios donde se ha determinado el impacto ambiental.

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