Con la firma del Acuerdo de Paz entre las FARC-EP y el gobierno nacional se dio la finalización de una guerra de más de 50 años, en este contexto el papel del Desarrollo Sostenible en una era post conflicto pasa a ser un eje central de la reestructuración política local, pero en este marco de acción ¿Qué relación tienen la Paz, el Desarrollo Sostenible y el Derecho Ambiental Internacional?
El arbitraje nacional es una alternativa para solucionar parcialmente la falta de acceso efectivo a una justicia ambiental en Colombia. El debate no puede limitarse en la conformación o no de Tribunales Ambientales. También imperativo incentivar los mecanismos alternativos de solución de controversias para garantizar aquellos fines que se propone tanto el Proyecto de Ley 047 de 2020 y el Acuerdo de Escazú.
El medio ambiente es una de las principales víctimas que ha dejado el conflicto armado en Colombia y también una de las menos visibilizadas. Son muchos los retos a los que se enfrenta el Estado Colombiano y la sociedad en el marco del posconflicto, pues es necesario identificar y reconocer los daños ocasionados, los responsables y por supuesto el estudio de las formas de reparación y restauración al medio ambiente.
Con el fin de sopesar los efectos adversos del cambio climático, la comunidad internacional ha establecido la importancia de incentivar la protección de estructuras ecológicas que mitiguen los efectos adversos de este fenómeno. Colombia, además de ser reconocido por la cantidad de bosque natural que alberga, se ha comprometido a salvaguardar estas estructuras, no obstante, los mecanismos preexistentes no han demostrado ser eficientes para cumplir estos cometidos.
La actividad pesquera ha sufrido modificaciones en cuanto a su práctica y la actividad pesquera industrial moderna se ha separado de lo que era la actividad de pesca tradicional en nuestro territorio. A la par de la innovación en el uso de tecnologías que permiten capturar mayor cantidad de peces, se han incrementado también los retos del Estado para regular la actividad pesquera y establecer condiciones para el logro del desarrollo sostenible
Las especies exóticas invasoras (EEI) son uno de los cinco motores de pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos en el mundo. Esto presupone un marco de regulación que evite impactos económicos, sociales y especialmente ambientales en un país megadiverso como Colombia. ¿Cuál ha sido el papel jurídico en el control de EEI, su consolidación y retos futuros en el país?
Las certificaciones ambientales son cada año más usadas por las empresas, pues estas permiten optimizar el trabajo, aumentar su competitividad nacional y extrajera, disminuir el uso de recursos y la contaminación ambiental, mejorar la calidad de tecnología usada y cumplir con los requerimientos legales de tipo ambiental. Jurídicamente es muy beneficioso que las empresas logren certificaciones, pues esto es el cumplimiento de la norma que tanto se espera.
El Gobierno Nacional le apuesta a la erradicación de cultivos de uso ilícito con Glifosato como una de las alternativas más eficientes en la lucha contra el narcotráfico. La Corte Constitucional, conocedora de los riesgos ambientales y sociales asociados a este tipo de alternativa de erradicación, a la problemática de orden público y los compromisos internacionales, se ha pronunciado en un número importante de ocasiones para mediar en dicha problemática.
Mediante la Ley 1930 de 2018 se reafirmó la prohibición del desarrollo de actividades de exploración y explotación minera en zonas de páramo y se dispuso diseñar y ejecutar programas para su sustitución o reconversión, teniendo en cuenta los lineamientos que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expedirán para el efecto, no obstante, ya casi se cumplen dos años de su expedición y poco es lo que las entidades encargadas han realizado al respecto.
En los últimos años se han evidenciado efectos negativos en el medio ambiente, lo que ha llamado la atención de la especie humana por la naturaleza y las formas de relacionamiento con los elementos que la integran, como respuesta, surgió un movimiento que aboga una personería jurídica para los ecosistemas con titularidad de derechos, ¿Dónde se ha acogido?, ¿Qué tanto y de qué manera?, iniciamos el recorrido.