Análisis de la Sentencia SU-018 de 2024: Aplicación de los Principios de Precaución y Prevención en la Responsabilidad Ambiental por el Vertimiento de Sedimentos en el Río Anchicayá
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Ministerio de Ambiente presentaron una tutela contra una sentencia del Consejo de Estado, que los responsabilizaba, junto con EPSA y CARVC, por los daños causados a las comunidades del río Anchicayá, debido a la descarga de sedimentos durante el mantenimiento de una hidroeléctrica en 2001. Sin embargo, la Corte Constitucional confirmó la sentencia, argumentando que había suficiente respaldo probatorio para atribuirle al Ministerio la responsabilidad por su inacción frente al daño ambiental.
