Medio ambiente y acceso a la justicia: ¿son los tribunales ambientales una solución para abordar los conflictos ambientales en Colombia?

Luis Felipe Guzmán Jiménez*

La creación de tribunales o salas especializadas en materia ambiental está, nuevamente, en el centro de la discusión académica y política en el sector de ambiente y desarrollo sostenible en Colombia. Esto se debe al aumento de los conflictos ambientales en todo el territorio nacional y a la falta de eficacia administrativa para abordarlos, siendo cuestiones propias de la situación que afronta la gestión pública ambiental. Sumado a ello, la falta de especialidad de los operadores jurídicos en materia ambiental sigue siendo un gran obstáculo de acceso a la justicia ambiental[1]. En la mayoría de los países, la jurisdicción natural para estos pleitos es la «administrativa», en casos excepcionalísimos otras jurisdicciones como ocurrió en el connotado caso Urgenda en que fue un tribunal comercial el que resolvió la controversia relacionada con la reducción de emisiones de gases efecto invernadero por parte de Países Bajos. Pino Miklavec (2013) destaca la importancia de la preparación y capacitación de los jueces ante la complejidad (técnica y científica) de los conflictos ambientales y la naturaleza difusa de los derechos e intereses colectivos en la justicia ambiental. Y en este sentido, se discute un nuevo perfil de juez en materia ambiental que sea capaz de enjuiciar los conflictos. Actualmente, la necesidad de una justicia especializada en materia medioambiental vuelve a estar en el centro de la discusión política del país. Recientemente, el ministro de ambiente y desarrollo sostenible, Ricardo Lozano Picón, propuso, en el marco de su intervención en el XXIV Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: grandes desafíos: paz, inclusión, desarrollo sostenible y ética pública, crear «salas o tribunales especializados en prevenir conflictos socio ambientales». Continuar leyendo

El principio 10 y el Acuerdo de Escazú: una herramienta para la protección de la Democracia Ambiental

Ángela María Amaya Arias*

El Acuerdo de Escazú es un tratado regional de Derecho Ambiental  adoptado el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, después de casi 6 años de negociaciones. Si bien es desconocido para muchos, su importancia es fundamental para Latinoamérica y especialmente para Colombia, el tercer país con más líderes ambientales y sociales asesinados, después de Brasil y Filipinas, según datos de El Tiempo, la Revista Semana, y la Revista Catorce 6.

Este instrumento tiene su fundamento en el Principio 10 de la Declaración de Río de 1992, según el cual “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”. Continuar leyendo

La Amazonia: ecosistema transfronterizo que aclama un trabajo conjunto y articulado de 8 países

Juliana Hurtado Rassi*

La Región Amazonia con aproximadamente 7,4 millones de km2 representa el 4,9% del área continental mundial se encuentra conformado por algún porcentaje del territorio de Bolivia, Brasil, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam, Venezuela y Colombia.

Este ecosistema  considerado estratégico a nivel mundial por (1) la capacidad que tiene para regular el clima regional gracias a la gran cantidad de fuentes hídricas que ostenta, entre esas la mayor cuenca hidrográfica del mundo: la cuenca del río Amazonas que tiene una longitud aproximada de 6.600km, con un promedio de 230.000 m3 por segundo y que corresponde a cerca del 20% del agua dulce de la superficie terrestre mundial, (2) ser un bioma reconocido por proveer una serie de servicios ecosistémicos entre los que se pueden mencionar la remoción de contaminantes del aire, la conservación del hábitat de la fauna y la flora silvestre y  (3) ser considerado el principal reservorio global de carbono, entre otros (CEPAL y Patrimonio Natural, 2013). Continuar leyendo

Cambio urgente de paradigma en el manejo de los residuos sólidos

Carolina Montes Cortés*

Durante décadas el país ha encaminado la gestión de los residuos sólidos hacia su eliminación siguiendo el enfoque sanitario característico de la prestación del servicio público de aseo. Así, rellenos sanitarios, celdas, botaderos a cielo abierto, enterramientos, quemas y disposición en cuerpos de agua han sido las formas de eliminación utilizadas por los municipios y distritos en el manejo de los residuos. Y aunque la forma prevalente de eliminación es la disposición en rellenos sanitarios y en celdas, aún en el país persiste la inadecuada disposición de residuos sólidos.

Ciertamente, la gestión de los residuos sólidos supone múltiples retos para las administraciones municipales. Desde la programación de la recogida hasta la disposición definitiva en rellenos sanitarios requieren de la articulación de un complejo andamiaje de acciones que permitan minimizar los impactos que la acumulación de residuos sólidos genera pues en lo que comúnmente se llama ‘basura’, van mucho más que sobras y restos de alimentos, se mezclan con ellos todo tipo de materiales tanto aprovechables como inservibles; incluso residuos potencialmente peligrosos generados en los hogares son depositados en las bolsas que se presentan a la empresa de aseo para su recolección. Aparición de vectores, generación de lixiviados y biogás son apenas algunos de los impactos que se derivan del manejo de los residuos sólidos en las ciudades. Continuar leyendo

Colombia 50% mar. Veinte años de gestión ambiental en la mitad del territorio nacional.

Roberto Lastra Mier* y Alba Ruth Vergara**

Los mares colombianos constituyen prácticamente el 50% del territorio nacional. El hecho de contar con costas y mares tanto en el Caribe como en el Pacífico, no solo es una afortunada coincidencia geográfica sino que, implica también una gran responsabilidad para gobernar, proteger y conservar un patrimonio de vital importancia para el país y la región. No en vano Colombia posee una enorme diversidad de ecosistemas en sus mares y costas, sino que,  además es catalogado como uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo y el segundo en biodiversidad marina del continente americano, después de México (Ramírez, 2016; Alonso et al., 2018). Como consecuencia, la gestión ambiental de un territorio de estas proporciones implica para el país un ejercicio de gobernanza y un reto que necesita la acción, no solo del Estado, sino también de la sociedad civil. Continuar leyendo

Planes de Contingencia

Eduardo Del Valle Mora*

El pasado 16 de enero de 2018, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible profirió el Decreto 050 “por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible en relación con los Consejos Ambientales Regionales de la Macrocuencas (CARMAC), el Ordenamiento del Recurso Hídrico y Vertimientos y se dictan otras disposiciones”,  este decreto fue publicado en el Diario Oficial 50.478 del mismo 16 de enero de 2018.

El artículo 7 del Decreto 050 de 2018 modificó el artículo 2.2.3.3.4.14 del Decreto 1076 de 2015. El nuevo artículo 2.2.3.3.4.14 del Decreto 1076 de 2015 eliminó la aprobación de los planes de contingencia para el manejo y transporte de hidrocarburos y sustancias nocivas (incluyendo residuos peligrosos) (“PdC”).

Así las cosas, a partir de la expedición del Decreto 050 de 2018, es decir desde el 16 de enero de 2018, el transporte de hidrocarburos y sustancias nocivas no requiere de la aprobación del PdC por parte de la autoridad ambiental del lugar del cargue. Hoy en día únicamente requiere su radicación ante la autoridad ambiental, para que ésta le realice el seguimiento correspondiente y proponga medidas adicionales sí así lo considera necesario para lo cual debe expedir el respectivo acto administrativo debidamente motivado. Continuar leyendo

El debate sobre la judicialización ambiental

Jorge Iván Hurtado Mora*

Respecto a la gestión de la oferta ambiental y la salvaguarda al derecho superior al goce de un medio ambiente sano,  se torna cada día más dinámica, pero también  controvertida, la intervención judicial. Desde lo estrictamente jurídico y académico, el análisis es interesante a la hora de encontrar una simetría entre los contenidos de un marco jurídico que debe honrar el principio de legalidad y las decisiones que el juez sienta, a veces de manera osada y visionaria, respecto a donde deben conducirse los esfuerzos de la administración para encontrar la verdadera sostenibilidad del ambiente.

Son tiempos contemporáneos los del Derecho, sobre todo al intervenir en un universo tan integral e interdisciplinario como el ambiente, sin embargo con todo y ello, esa estructura se convulsiona, cuando recibe el mandato de un juez reconociendo derechos a un río, a un animal, o advirtiendo que más allá de los postulados legales que gobiernan el régimen del licenciamiento ambiental, es considerado procedente obtener ese mecanismo de control para un proyecto que lleva varios años en ejecución. Continuar leyendo

La propiedad como dificultad para recuperar cuerpos lacustres

Álvaro Hernando Cardona*

El interés en compartir estas notas sobre cuerpos lacustres se deriva de la experiencia que nos ha dado al intervenir y hacer seguimiento al cumplimiento de la acción popular que se tramitó por el  Tribunal Administrativo de Boyacá (2005)[1]. Acción popular que se presentó fundamentalmente para recuperar la laguna de Fúquene y el río Suárez con el propósito último de mejorar la calidad de la fuente para abastecer de agua el acueducto que se suministra a los habitantes de Chiquinquirá en el departamento de Boyacá. El acueducto mencionado toma sus aguas del río Suárez que  empieza a discurrir como desbordamiento de la laguna.

De esta experiencia, nos surgió la intención de analizar la dificultad que existe para recuperar cuerpos lacustres que se han desecado o cuyas márgenes, playas y lechos han sido invadidos para destinarlos a actividades económicas, cuando quiera que el dominio privado se ha adquirido mediante la adjudicación por el Estado. Continuar leyendo