Jurisdicción agraria: una justicia que cojea, pero aún no llega (parte 1 de 3)
La Jurisdicción Agraria responde a una deuda histórica: la falta de certeza institucional sobre propiedad, posesión, ocupación y tenencia rural. El análisis se centra en la tensión entre mantener los procesos agrarios especiales en sede administrativa o radicarlos en jueces agrarios. Se propone una solución intermedia: los procesos que definen derechos sobre la tierra deben ser judiciales, mientras actuaciones como titulación, adjudicación y formalización pueden seguir en la administración. La ANT no se desprende completamente de tales funciones, sino que actuaría como autoridad técnica y defensora del patrimonio público agrario ante el juez.