Ángela María Amaya-Arias Docente Investigadora Fulbright Visiting Scholar 2021 Cada año las Conferencias de las Partes (COP) de la Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas generan más interés mediático. Desde la COP 21, en la que se suscribió el Acuerdo de París, estos eventos anuales – excepto en el 2020 – llaman más la atención de los grupos sociales y políticos, de los medios de comunicación y de las redes sociales. Esto demuestra la importancia innegable y multidimensional que tiene el cambio climático en nuestra sociedad actual. Como ocurre anualmente, en los próximos días conoceremos los análisis preliminares de los logros alcanzados… pero basta con unos pocos minutos en Twitter para percibir que los resultados no fueron los esperados, y que, como siempre, se requiere más ambición en los compromisos asumidos. Mientras tanto, vale la pena revisar si algunos de los resultados de la COP reconocen la [...]
La Ley 1333 del 21 de julio de 2009 contiene el actual procedimiento sancionatorio ambiental. Esta podría ser modificada dependiendo de lo que ocurra en el Congreso de la República frente a los tres proyectos de ley que cursan actualmente en esta legislatura. En este caso resaltaremos los principales ajustes que propone cada uno de los proyectos de ley en curso (PL-59 de 2021, PL-112 de 2021 y PL-146 de 2021).
Luego de dos semanas de negociaciones en la COP26 se logró el Pacto Climático de Glasgow. Aunque puede considerarse como un paso en la dirección correcta, con declaraciones sobre la reducción progresiva del carbón y el apoyo a los países en vía de desarrollo con la adaptación al cambio climático ¿realmente evidencia la urgencia y la toma de acciones inmediatas necesarias?
Los centros regionales de diálogo ambiental, surgen como una estrategia del Gobierno Nacional para intentar disminuir el número de conflictos socio ambientales que, en Colombia, muestran una tendencia creciente. Este artículo trata mostrar en qué va el desarrollo de dicha estrategia y muestra críticas sobre su implementación. Se destaca la necesidad de definir un punto final a los diálogos interinstitucionales y con la sociedad civil, para transparentar los conflictos de esta naturaleza.
Con 43 votos a favor y las abstenciones de China, India, Japón y Rusia se aprobó la Resolución A/HRC/48/L.23.
Durante siglos el hombre ha utilizado los recursos naturales como sustento del desarrollo humano y el crecimiento económico que conduce al bienestar de la sociedad. Sin embargo, el cambio climático y sus efectos en el bienestar de todos, plantea grandes desafíos que imponen corregir la intensidad de explotación de la naturaleza para revertir su destrucción progresiva. Este artículo invita a reflexionar sobre la necesidad de repensar el derecho de medio ambiente.
Uno de los principales aportes de la Constitución Política de 1991 es la incorporación de la variable ambiental en más de treinta de sus artículos, motivo por el cual se le ha venido llamando desde entonces como una verdadera Constitución ecológica. Las actuales generaciones deben conocer cómo se dio ese proceso al interior de la Asamblea Nacional Constituyente y quiénes fueron sus principales promotores.
Uno de los principales aportes de la Constitución Política de 1991 es la incorporación de la variable ambiental en más de treinta de sus artículos, motivo por el cual se le ha venido llamando desde entonces como una verdadera Constitución ecológica. Las actuales generaciones deben conocer cómo se dio ese proceso al interior de la Asamblea Nacional Constituyente y quiénes fueron sus principales promotores.
Uno de los principales aportes de la Constitución Política de 1991 es la incorporación de la variable ambiental en más de treinta de sus artículos, motivo por el cual se le ha venido llamando desde entonces como una verdadera Constitución ecológica. Las actuales generaciones deben conocer cómo se dio ese proceso al interior de la Asamblea Nacional Constituyente y quiénes fueron sus principales promotores.
La reacción jurídica frente a la crisis ambiental que presenciamos exige el uso de todas las herramientas necesarias para responder de manera adecuada y contundente frente a aquellas conductas que afectan a la viabilidad de la naturaleza y de sus elementos. Por ello, es inevitable que el derecho penal intervenga ante la persistente degradación del entorno natural (Vercher Noquera, 2003).