Los vertiginosos avances tecnológicos y de investigación de las últimas décadas sobre los recursos marinos y oceánicos, han puesto al alcance de los países más desarrollados la posibilidad de explorar y explotar recursos que anteriormente no habían sido regulados por la Convención de la Naciones Unidas para el Derecho del Mar, es por ello que urge alcanzar nuevos acuerdos que permitan lograr un equilibrio en la forma de acceder y beneficiarse de los mismos, basados en los principios de la liberta en alta mar o el de patrimonio común de la humanidad.
Tras varios años de confusiones de competencias y vacíos e inseguridad jurídica, llegan modificaciones al régimen del registro de las plantaciones forestales; tanto protectoras como de carácter comercial. Será importante determinar si estas nuevas normas efectivamente aportan a la creación de la seguridad jurídica que tanto le hace falta al sector forestal colombiano para su desarrollo.
Las áreas marinas protegidas constituyen un mecanismo de preservación y conservación de espacios naturales vulnerables. Las políticas nacionales avanzan en este sentido con celeridad en cumplimiento de los compromisos internacionales. Sin embargo cabe preguntarse, ¿están resultado efectivas estas medidas?
Actualmente, los proyectos de alto impacto ambiental son verdaderos conflictos socio-ambientales en Colombia. Esto se debe a, entre otras cosas, la falta de medición temprana y prioritaria del riesgo social y ambiental. Consideramos que la identificación anticipada en la financiación de dichos proyectos es esencial para determinar el riesgo y adoptar medidas de mitigación, que garanticen los derechos e intereses de todos los actores: empresa privada, financiadores y sociedad civil
Los Bancos de Hábitat son un mecanismo mediante el cual es posible cumplir con las obligaciones de compensación ambiental derivadas de aprovechamientos forestales, impactos en el medio biótico, levantamientos de veda, o sustracciones de reserva forestal temporales o definitivas, así como a través del cual se puede cumplir con la obligación de inversión forzosa de no menos del 1%.
En la doctrina es dable aceptar que los planes de manejo ambiental sólo surgen como consecuencia de los estudios de impacto ambiental cuando quiera que estos se requieren para obtener licencia ambiental o cuando se está en un régimen de transición. Planteamos, desde la definición y características misma del plan de manejo, que este también es consecuencia de las medidas adicionales que se imponen luego de agotar un proceso sancionatorio.
Ningún ecosistema en Colombia, ni en el mundo puede ser estudiado dejando de lado el concepto de “Conectividad Ecosistémica”. La catástrofe ambiental como se ha conocido la llegada de basuras a Puerto Colombia, es sencillamente el resultado de la ausencia de una política pública del recurso hídrico en el país, de años enteros de creer que nuestros ríos son basureros y de actuar conforme la creencia de que el agua es un recurso infinito en este país.
En marzo de 2018 el CE profirió la sentencia 11001-03-24-000-2009-00113-00 (CP: Magistrado Oswaldo Giraldo López). En ella, se afirmó que la gestión de los residuos peligrosos estaba enmarcada en el servicio público de aseo desconociendo los avances que, sobre la materia, ha tenido el MADS. Ahora el interrogante es ¿Qué están haciendo los involucrados en el cumplimiento del fallo para avanzar en lo que implica la orden?
En los últimos años la producción y disposición inadecuada de plástico ha sido cuestionada en razón a los efectos negativos que esta generando en diferentes ecosistemas, como el océano. Por tal razón, la comunidad internacional ha adelantado estudios para determinar las consecuencias de la contaminación por plástico en los océanos. Ante esta situación se esperan respuestas a nivel internacional y nacional que busquen dar una solución a esta problemática.
El gobierno de Juan Manuel Santos, a instancias de la Comisión de Concertación con los Pueblos Indígenas, se comprometió a expedir un Decreto Reglamentario del artículo 56 transitorio de la Constitución Política que otorga la facultad para dictar las normas fiscales necesarias y las demás relativas al funcionamiento de los Territorios Indígenas y a su coordinación con las demás entidades territoriales.