Álvaro Hernando Cardona*

El interés en compartir estas notas sobre cuerpos lacustres se deriva de la experiencia que nos ha dado al intervenir y hacer seguimiento al cumplimiento de la acción popular que se tramitó por el  Tribunal Administrativo de Boyacá (2005)[1]. Acción popular que se presentó fundamentalmente para recuperar la laguna de Fúquene y el río Suárez con el propósito último de mejorar la calidad de la fuente para abastecer de agua el acueducto que se suministra a los habitantes de Chiquinquirá en el departamento de Boyacá. El acueducto mencionado toma sus aguas del río Suárez que  empieza a discurrir como desbordamiento de la laguna.

De esta experiencia, nos surgió la intención de analizar la dificultad que existe para recuperar cuerpos lacustres que se han desecado o cuyas márgenes, playas y lechos han sido invadidos para destinarlos a actividades económicas, cuando quiera que el dominio privado se ha adquirido mediante la adjudicación por el Estado. Continuar leyendo →

Constanza Bejaramo Ramos*

La plataforma intergubernamental científico-normativa sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas, IPBES, lanzó en el mes de marzo en la ciudad de Medellín el informe integral de evaluación con base empírica del mundo sobre la degradación y restauración del suelo, el cual fue realizado por más de 100 expertos internacionales y tuvo una duración de tres años. La principal conclusión a la que se llegó en el citado informe fue que “(…) La exacerbada degradación del suelo, causada por las actividades humanas está poniendo en riesgo el bienestar de dos quintos de la humanidad, causando las extinciones de especies e intensificando el cambio climático. También, es una de las causas principales de la emigración humana y aumento del conflicto, (…)” (IPBES, 2018).

Lo anterior conlleva a que a nivel mundial se reflexione y se revise la reglamentación que cada país ha adelantado en temas de suelo. A nivel Colombia, se tiene que son pocas las normas que se han promulgado con el objetivo de proteger y/o regular el citado recurso natural, lo que nos lleva a cuestionar la calidad de nuestros suelos y la importancia de robustecer la normativa del tema, así como fomentar las acciones necesarias para su protección frente a: Continuar leyendo →

María del Pilar García Pachón*

El Magistrado Luis Armando Tolosa Villana, fue el ponente de la Sentencia STC 4360-2018, que decidió una tutela presentada por un grupo de 25 Jóvenes, quienes estimaron amenazados sus derechos como generación futura, a la vida digna, a la salud, a la alimentación  y al agua como resultado de la transgresión al derecho a gozar de ambiente sano (art. 79, CP) que se genera por la “omisión e incumplimiento del deber de protección de la Amazonía colombiana por parte de las autoridades competentes”.

En la referida tutela se acusó a diferentes autoridades ambientales y entidades territoriales amazónicas ya que sus omisiones e incumplimientos han generado el acrecentamiento en la tasa de deforestación de la Amazonia Colombiana y el consecuente aumento de las emisiones de gases efecto invernadero, incidiendo directamente en la generación del cambio climático en Colombia.

Al ser desestimada esta acción por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala Civil, la Corte abocó el conocimiento del caso, reconociendo a la tutela como mecanismo idóneo para proteger el derecho al ambiente sano cuando de su afectación pueden producirse afectaciones directas de otras prerrogativas de carácter fundamental. Continuar leyendo →

Nicole Walteros Moreno*

En principio la idea de asignar un valor económico a los recursos naturales no es un tema pacífico, por cuanto desde una perspectiva la valoración económica pretende “estimar el valor de los bienes y servicios ecosistémicos, con el fin de entender y capturar la importancia social que estos tienen para el mejoramiento de la calidad de vida y los niveles de bienestar social (Pérez y Aguirre, 2000), por medio de una apreciación monetaria de la ganancia o la pérdida de bienestar asociado al mejoramiento o el deterioro del medio ambiente[1]” entendiendo así que dicha valoración es un instrumento para la conservación en el sentido de evitar la sobre-explotación y el uso inadecuado de los recursos naturales ya que esto podría afectar el nivel de bienestar social en un entorno físico (ambiente) degradado.

Pero, desde otra perspectiva, dicha valoración ambiental no está fungiendo propiamente como instrumento para la conservación de los recursos naturales toda vez que de acuerdo con Adolfo Carval,[2] en los procesos de valoración de la naturaleza “(…) priman las consideraciones económicas por encima de variables ecológicas, sociales o éticas, evidenciándose un antropocentrismo radical, una visión instrumental de la naturaleza”. Continuar leyendo →

Óscar Darío Amaya Navas*

A propósito del tema de construcción de políticas públicas de contenido ambiental, resulta importante registrar que el pasado 15 de marzo el Consejo Nacional de Política Económica y Social aprobó el Documento CONPES 3918 titulado “Estrategia para la Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia”. Se trata de un ejercicio de definición de indicadores y metas para el seguimiento a la implementación de los ODS, las entidades o sujetos responsables, el esquema estadístico adecuado para fortalecer los sistemas de información, así como el modelo de aterrizaje en el territorio, entre otros aspectos.

A manera de antecedente hay que recordar que de manera simultánea a la negociación final de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Colombia aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, con una novedosa forma de concebir el desarrollo económico. A través del artículo 1º de la Ley 1753 de 2015 (Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Todos por un nuevo país), el nuevo modelo económico se alineó con los postulados de los ODS. En ese instrumento de planificación del desarrollo se adoptó, precisamente, un modelo de crecimiento verde como un enfoque transversal y envolvente que busca el bienestar económico y social de la población para asegurar que la base de recursos naturales provea los bienes y servicios ambientales que el país necesita para lograr un desarrollo económico sostenible. Continuar leyendo →

Ángela María Amaya Arias*

En el mes de noviembre del 2017, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible puso a disposición la consulta pública del proyecto de resolución “Por la cual se adoptan los términos de referencia para la realización de los estudios con base en los cuales las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible desarrollarán los procesos de realinderación, integración y recategorización de las Reservas Forestales”.

Este proyecto de Resolución tiene por objeto establecer una ruta para la toma de decisiones y para sustentar los procesos de realinderación, integración y recategorización de las Reservas Forestales, tanto nacionales como regionales; permitiendo a las CAR, si se cumplen determinadas circunstancias, modificar (para ampliar o disminuir) la extensión de estas reservas. Y si bien estaba en mora una regulación de estas áreas tan importantes para el país, el proyecto de resolución no fue recibido de manera pacífica por el sector ambiental colombiano, causando una importante preocupación para académicos y ambientalistas quienes presentaron diferentes argumentos en relación con el texto del documento[1], tales como: Continuar leyendo →

Sergio Roldán*

El contexto de violencia de la zona que se remonta a la llegada de colonos en los años 50, la presencia de la guerrilla en la década siguiente, la llegada de la bonanza marimbera en los 70 y  la presencia de narcotraficantes bajo el mando de Hernán Giraldo, conocido jefe paramilitar de la zona y extraditado a los Estados Unidos, configura el teatro de violaciones diversas a los derechos humanos al borde del río Palomino en la frontera entre Magdalena y La Guajira. La disputa por el territorio y la violencia sobre los pobladores se ha expresado en distintas épocas al punto que en 2012, como consecuencia de graves violaciones cometidas por grupos post desmovilización, motivaron la emisión de un informe de riesgo y de una alerta temprana por parte de la Defensoría del Pueblo para proteger a la población.

La zona fue declarada parque nacional natural. Así mismo, el Estado reconoció el resguardo indígena LENGÜETA. Se calcula que en su interior, existe una población de más de 3.000 colonos campesinos con derechos precarios sobre sus posesiones, que se ha venido incrementando con la llegada del turismo y la expansión del cultivo de banano. Continuar leyendo →