El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú entrará en vigor el día de hoy luego de agotados los tramites internos de los 11 países que lo ratificaron. Es un instrumento regional de gran importancia jurídica en materia de información, participación ciudadana, acceso a la justicia y protección de defensores de derechos humanos en materia ambiental.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son el compromiso adquirido por los países en el marco de la agenda 2030. No obstante, su cumplimiento se ha visto afectado de forma positiva o negativa debido a la pandemia, como ser revisará en el informe de cumplimiento de 2020.
En 2020 el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en respuesta a la denuncia particular de un ciudadano de Kiribati contra Nueva Zelanda, dictaminó que no es posible expulsar a una persona de un Estado si en su país de origen corre peligro su vida por causa de los efectos del cambio climático. El gran significado de este dictamen radica en que abre potencialmente a solicitudes de asilo por cambio climático.
El Acuerdo de Paz comprometió la creación de la jurisdicción agraria. Una deuda histórica dado los múltiples intentos para su implementación, bajo la identificación de que resolver los conflictos relacionados con los derechos de propiedad y tenencia de las tierras rurales resulta vital en los propósitos de consolidación de la paz. El proyecto presentado por el Gobierno plantea la creación de una especialidad dentro de las jurisdicciones ordinaria y contenciosa administrativa.
Las características geográficas de Colombia así como las problemáticas de las regiones fronterizas evidenciadas por la crisis generada por la COVID 19, sitúan dentro de las prioridades de nuestro país la necesidad de una política fronteriza con un robusto componente ambiental que fortalezca la gestión de estas zonas que resultan ser ecológicamente estratégicas a nivel nacional e internacional.
El principio de precaución constituye uno de los instrumentos jurídicos de gestión de riesgos inciertos más utilizados tanto en el extranjero como en Colombia. Sin embargo, parece que la aplicación judicial colombiana de él no siempre es la más acertada. Se tiende a creer que es un principio reparador de daños y, por lo contrario, se trata de un principio que pretende evitarlos.
Desde el pasado primero de enero empezó a regir un nuevo código de colores para la separación de los residuos sólidos generados en el territorio nacional. Aunque la medida parezca novedosa, la realidad es que desde hace varios años la normatividad ha propendido por promover la correcta clasificación de los residuos sólidos objeto de la prestación del servicio público domiciliario de aseo. Veamos de manera breve, su contexto y relevancia.
Las obligaciones del Estado en materia de protección y garantía de los derechos de acceso en asuntos ambientales se originan, entre otros instrumentos, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este marco, el Acuerdo de Escazú busca definir los estándares para garantizar el acceso a la información, participación y justicia ambiental en América Latina y el Caribe, con el fin de generar claridad sobre el ejercicio y alcance de estos derechos.
Acorde con el escenario actual, producto de la alteración en la composición de la atmósfera, principalmente por la acumulación de gases efecto invernadero, se vienen presentando variaciones climáticas extremas. Por esta razón, se han realizado convenios a nivel internacional, como el Acuerdo de Paris de 2015, que en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, propuso un plan de acción para la mitigación o reducción de emisiones de CO2. Este acuerdo fue ratificado por Colombia mediante la Ley 1844 de 2017.
A pesar de que las cuarentenas originadas por el COVID-19 implicaron una mejoría de la calidad del aire de Colombia, tal mejoría es transitoria. La pérdida de la pureza del aire sigue siendo un problema mayúsculo que afecta notablemente la salud, la vida y la economía. Además, el deterioro de la calidad del aire supone importantes retos para las Administraciones Públicas tanto en el uso como en el fortalecimiento de sus herramientas jurídicas.