El gobierno de Juan Manuel Santos, a instancias de la Comisión de Concertación con los Pueblos Indígenas, se comprometió a expedir un Decreto Reglamentario del artículo 56 transitorio de la Constitución Política que otorga la facultad para dictar las normas fiscales necesarias y las demás relativas al funcionamiento de los Territorios Indígenas y a su coordinación con las demás entidades territoriales.
Quizás por ser el mayor de la tribu he tenido la posibilidad de conocer a personajes de la historia nacional, hoy desaparecidos, pero que por su cercanía con el rector Fernando Hinestrosa y con el Externado tuvieron algún tipo de relación con nuestros programas académicos. De ese grupo ilustre hicieron parte los profesores Carlos Restrepo Piedrahita y Otto Morales Benítez, a quienes después de su partida les dedicamos algunos comentarios en este blog.
Sin desconocer las múltiples problemáticas que existen en el país en torno al tema ambiental, podría afirmarse que la gestión de los residuos sólidos en Colombia es uno de los aspectos que reviste una mayor importancia debido a los preocupantes volúmenes en los que aumenta su generación. Aún son infructuosos los esfuerzos realizados para alcanzar los objetivos ambientales de aprovechamiento pues existe un bajo compromiso de la ciudadanía con la separación en la fuente a pesar del empeño que, en los últimos años, ha puesto en Gobierno para alcanzar cifras significativas en el aumento del reciclaje a nivel nacional.
En Colombia las políticas públicas nacionales en materia de mares y océanos son relativamente recientes. Estas políticas tienen la característica de ser sectoriales, la PNAOCI está enfocada a la conservación medioambiental, la PNOEC con un enfoque más integral y encaminada a la construcción de un país marítimo. Actualmente se encuentra en fase de discusión, por parte de las entidades nacionales relacionadas con el sector marino-costero, una nueva política de carácter integral, denominada Colombia Potencia Bi-oceánica Sostenible 2030.
Del 19 al 23 de noviembre de 2018 se celebró la segunda Conferencia de las Partes del Convenio de Mercurio (COP2) adoptado en 2013, conocido como Convenio de Minamata. Representantes de casi 150 países se reunieron en Ginebra para debatir en torno al objetivo de reforzar los esfuerzos contra la contaminación por mercurio. Entre otras cuestiones, se negociaron importantes decisiones financieras.
Gracias a la ascendente importancia del medio ambiente y a los diferentes intereses relacionados con este, los temas jurídico-ambientales se han vuelto propensos a generar polémica y el relativo al reconocimiento de la naturaleza y de sus elementos como sujetos de derechos no ha sido la excepción. Hay muchos defensores apasionados de este reconocimiento, así como existimos otros tantos que nos oponemos.
La creación de tribunales o salas especializadas en materia ambiental está, nuevamente, en el centro de la discusión académica y política en el sector de ambiente y desarrollo sostenible en Colombia. Esto se debe al aumento de los conflictos ambientales en todo el territorio nacional y a la falta de eficacia administrativa para abordarlos, siendo cuestiones propias de la situación que afronta la gestión pública ambiental.
El calentamiento global de tres grados es el mínimo realista y la perspectiva de un aumento de cinco grados ha llevado a varios de los principales científicos del mundo a advertir el fin de la civilización humana. Sin embargo, los progresos realizados en la reciente Cumbre Global de Acción Climática (GCAS2018) constituyen una esperanza.
Tras los Acuerdos de Paz, y en particular después de la entrega de armas de las FARC, diversos espacios naturales principalmente ubicados en áreas declaradas de protección ambiental, que anteriormente era impensable visitar debido al conflicto armado que en ellas imperaba, ahora quedan al “descubierto”. Algunos son objeto del denominado turismo ecológico y otras están expuestas a la explotación de recursos naturales que en ellos existen.
El Acuerdo de Escazú es un tratado regional de Derecho Ambiental adoptado el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, después de casi 6 años de negociaciones. Si bien es desconocido para muchos, su importancia es fundamental para Latinoamérica y especialmente para Colombia, el tercer país con más líderes ambientales y sociales asesinados, después de Brasil y Filipinas.