Reactivación económica sostenible: el nuevo aliado para hacer frente a la crisis en América Latina

La pandemia se ha consolidado como un nuevo desafío para la recuperación económica, la cual debería tener en cuenta el desarrollo sostenible y el rol del sector privado como aliado estratégico para el cumplimiento de la Agenda 2030. La conducta empresarial responsable se ha constituido en un pilar para la economía y la sociedad, la cual se encuentra enmarcada mediante estándares internacionales que promueven las buenas prácticas. La CEPAL ha publicado el informe “La tragedia ambiental de América Latina y el Caribe”, en el cual propone un cambio estructural con sostenibilidad ambiental para la reconstrucción pospandemia en la región.

Angela Schembri Peña*

En el transcurso de las últimas décadas, se habían evidenciado las falencias del tradicional modelo de desarrollo económico progresivo capitalista: cambio climático, sobrepoblación, polución, deforestación, pobreza y desigualdad. Sin embargo, hacía falta una verdadera coyuntura para que la humanidad se detuviera y replanteara su modo de vida y su modelo económico actual, tal como lo hemos vivido en los últimos meses durante la crisis desencadenada por la pandemia del COVID-19 a nivel mundial.

El desarrollo sostenible, fue definido por primera vez en 1987 por la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo de la ONU, en el reporte conocido como “Informe Brundtland – Nuestro Futuro Común”, en el cual se promovió la adopción de un modelo de desarrollo sostenible dirigido a la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando de esta manera el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social.

Hoy en día, es evidente que las empresas desempeñan un papel muy importante en la dinámica económica y social. La función social de la empresa y su contribución a la economía, han sido plasmadas en las diversas constituciones nacionales. Más recientemente, los Estados y la comunidad internacional han comenzado a tomar conciencia sobre su importancia, estableciendo directrices y recomendaciones internacionales para empresas multinacionales, aplicables de igual manera a pequeñas y medianas empresas (PYMES), con el fin de garantizar que las mismas cumplan con los derechos humanos, a nivel laboral, ambiental y social mediante procesos de due diligence; y adopten prácticas sostenibles y medidas anticorrupción, enmarcadas en los sistemas de cumplimiento corporativo o compliance.

El concepto de Responsabilidad Social Empresarial (RES) surgió por primera vez en 1953, cuando Howard Bowen publicó el libro “Social Responsibilities of the Businessman” analizando la relación entre empresa y sociedad. En la actualidad, el impacto social y ambiental de las empresas juega un papel fundamental en el mercado, que ha adoptado una nueva tendencia hacia la sostenibilidad, en la cual el  incremento de la rentabilidad de las empresas se encuentra directamente relacionado con la adopción de prácticas sostenibles. “Economía verde”, “Desarrollo sostenible”, se han convertido en las nuevas tendencias de la economía, en un mundo en el cual buscamos conciliar el desarrollo económico con la protección del medio ambiente.

Pero ¿qué entendemos por sostenibilidad? Las prácticas empresariales se definen como sostenibles cuando no atentan contra la naturaleza, las comunidades y los derechos humanos, y contribuyen en la lucha contra el cambio climático.

La sostenibilidad se enmarca en la responsabilidad social empresarial, la cual se articula en tres dimensiones: la económica que se refiere al impacto de la empresa en el desarrollo económico de la sociedad como generador de empleo y de inversiones, la dimensión social referida al impacto social de la empresa sobre los trabajadores y la sociedad en su conjunto, y la dimensión ambiental que articula la protección del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales en la actividad de la empresa.

No cabe duda de que el rol del sector privado en la lucha por el medio ambiente ha incrementado de manera significativa, al igual que se ha convertido en un factor de rentabilidad e innovación. La difusión de bienes y servicios ecológicos se ha convertido en un factor esencial para las empresas, al igual que la adopción de negocios verdes y sostenibles.

Por otro lado, en el marco del desarrollo de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015, mediante la cual los Estados acordaron garantizar un crecimiento sostenible e inclusivo a través de la adopción de planes nacionales que implementen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales abarcan las metas mundiales relacionadas con el desarrollo económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente, en conjunto con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el cual hace un llamado a las empresas a alinear sus objetivos con el cumplimiento de los ODS, los actores gubernamentales, privados y miembros de la sociedad civil, manifestaron su consenso frente a las metas fijadas en la Agenda 2030, que se convirtió en la hoja de ruta a nivel mundial. Sin embargo, solo estamos a una década para alcanzar las metas establecidas y el panorama actual se encuentra lejos de ser alentador y ha trastornado a numerosos gobiernos e individuos, quienes se han visto enfrentados a una crisis sin precedentes.

Así mismo, es importante resaltar que en el 2011, la ONU publicó los Principios Rectores sobre Derechos Humanos y Empresas y actualmente cuenta con un Grupo de Trabajo que promueve la divulgación y aplicación efectiva de dichos principios.  Así mismo, la OCDE estableció las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales que abarcan temáticas diversas de conducta empresarial responsable, incluyendo el respeto de los derechos humanos, el cumplimiento de la debida diligencia, la adopción de políticas anticorrupción, la protección del medio ambiente y el cumplimiento de estándares laborales, entre otros, con miras a promover el bienestar económico y social. Esto nos lleva a entender que el desarrollo económico y el bienestar social no son sólo una prioridad de los gobiernos, sino que involucran completamente al sector empresarial.

Por tal motivo se torna fundamental que las empresas, tanto multinacionales como pequeñas y medianas empresas (PYMES), desarrollen una conducta empresarial responsable y respetuosa de los derechos humanos, mediante la adopción de una política interna, procesos de debida diligencia, mecanismos de verificación y la promoción de una cultura de protección de los derechos humanos dentro de su organización, con el fin de dar cumplimiento al mandato constitucional que establece la responsabilidad social empresarial, así como a las normas nacionales y estándares internacionales, y de esta manera evitar riesgos jurídicos y reputacionales, obteniendo además una ventaja comparativa frente a consumidores y proveedores.

Las empresas deben convertirse en los aliados de los Gobiernos, y por tal motivo los mismos deben priorizar su recuperación, pues múltiples empresas se han visto afectadas por las medidas de aislamiento social prolongadas e incluso por el cierre total de sectores tales como el turismo, el sector de bares y restaurantes, el sector del entretenimiento, entre otros, cuyas operaciones estuvieron completamente paralizadas y cuya reactivación se visualiza en los distintos países tomando en cuenta serias dificultades.

En América Latina, se ha implementado el proyecto Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe (CERAL), impulsado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), con la financiación y colaboración de la Unión Europea (UE). Así mismo, los Estados han empezado a implementar los Planes de Acción Nacionales (PAN) sobre las Empresas y los Derechos Humanos. En Colombia, en el 2015 se adoptó el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Empresas, el primero en América Latina y actualmente se encuentra en implementación el Plan Nacional para el periodo 2020-2022. En este contexto, es aconsejable que los gobiernos de América Latina, adopten este marco normativo para recuperar sus economías, fuertemente trastocadas por la crisis.

El nuevo escenario global generado por la pandemia de COVID–19 nos ha convertido en testigos de una crisis sanitaria y humanitaria sin precedentes en el último siglo. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha sido enfática en promover una reactivación económica sostenible, en una de las regiones más afectadas por la pandemia, por los altos niveles de desempleo, el incremento de la pobreza y la desigualdad, que ha visto desaparecer una “década” de progreso en tan sólo algunos meses, ante el reporte de la caída del PIB per cápita a los niveles del 2010.

Teniendo en cuenta lo anterior, la CEPAL publicó en 2020 como respuesta a esta crisis, el informe titulado “La tragedia ambiental de América Latina y el Caribe”, en el cual propone un cambio estructural con sostenibilidad ambiental para la reconstrucción pospandemia en la región. El presente informe, redactado por un grupo de expertos, manifiesta su preocupación por la encrucijada que enfrente el continente latinoamericano, haciendo un llamado a poner freno al desenfreno del modelo capitalista y promover un cambio estructural que garantice el desarrollo y el bienestar en la región, con base en la sostenibilidad ambiental.

Ante los altos niveles de incertidumbre, las preocupaciones cotidianas y la crisis latente, la humanidad no tiene otra opción más que reinventarse, la adaptación y la resiliencia son claves, y sin duda el modelo de desarrollo sostenible será uno de los principales aliados en esta nueva era, en especial para el continente latinoamericano.

Referencias bibliográficas

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• Pacto Mundial de las Naciones Unidas. (2000)
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• Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos y empresas. Gobierno de Colombia. (2015 – 2019).
• Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos y empresas. Gobierno de Colombia. (2020 – 2022).
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