El derecho de acceso a la información y el ‘climate disclosure’: los caminos para combatir el ‘greenwashing’

Los llamados de urgencia sobre la crisis climática han llevado a que Estados, ciudades y empresas establezcan metas de mitigación, que pueden incluir objetivos de cero emisiones netas (net zero) a mediano o largo plazo. Sin embargo, los cuestionamientos sobre la realidad de dichas metas han aumentado en los últimos años con el fin de lograr una transparencia en la información climática que garantice el derecho de acceso a la información. Así, la divulgación de información relacionada con cambio climático o ‘climate disclosure’ se está convirtiendo en una práctica voluntaria, no obstante, también se ha empezado a exigir a partir del litigio climático y la regulación del ‘climate disclosure’

Por: Diana Quevedo Niño

La creciente preocupación sobre las metas de mitigación de gases efecto invernadero y la suficiencia de estas para lograr los objetivos del Acuerdo de París ha resaltado la necesidad de promover la divulgación de información relacionada con el cambio climático de manera que se acelere la mitigación y se garantice la transparencia en la rendición de cuentas y en la toma de decisiones (Quevedo et al., 2023).

En particular, la proliferación de metas relacionadas con la carbono neutralidad o compromisos de alcanzar cero emisiones netas (net zero) de los gobiernos, empresas e inversionistas ha generado escepticismo y suspicacia entre los científicos y la sociedad civil. Esto responde a la falta de claridad, transparencia e implementación de estos compromisos, pues en algunos casos los planes no se están poniendo en marcha, se subestimaron las implicaciones de las metas propuestas, o nunca se tuvo la intención de implementar las metas, sino que se buscaba obtener buena imagen o publicidad, y en algunos casos, a pesar de la intención de cumplir las metas, no se tiene suficiente conocimiento, capacidad o recursos para lograrlo (United Nations’ High‐Level Expert Group on the Net Zero Emissions Commitments of Non‐State Entities, s.f.).

La organización Net Zero Tracker señala que solo la quinta parte de los objetivos de cero emisiones netas establecidos por los gobiernos y un tercio de los de las empresas más grandes del mundo cumplen con los estándares mínimos de integridad, entre los que se encuentran determinar cómo definir los objetivos (ej., señalando qué gases efecto invernadero o alcance que van a cubrir), un plan detallado para lograrlos, la revisión e información del progreso y cómo se van a utilizar los créditos de carbono, entre otros (Net Zero Tracker, 2022).

Estos escenarios se enmarcan en el ‘greenwashing’, un término utilizado para hacer referencia a los casos en los que se publica información engañosa o que induce al error para presentarse con una imagen pública de ser ambientalmente responsable.

Actualmente, es posible identificar tres caminos para combatir el ‘greenwashing’ y avanzar en la transparencia y el acceso a la información sobre cambio climático: i) litigio climático; ii) iniciativas y reportes de transparencia voluntarios; iii) regulación del ‘climate disclosure’ en cada país.

En primer lugar, el litigio climático es una estrategia que se ha utilizado en los últimos años para exigir a Estados y empresas el diseño e implementación de metas ambiciosas de mitigación y adaptación, así como la reparación de los daños ocasionados por los impactos del cambio climático (Quevedo et al., 2020). 

En los últimos años, han aumentado las demandas relacionadas con ‘climate-washing’ en el mundo, las cuales versan sobre: 1) la veracidad de los compromisos climáticos de las empresas y el cumplimiento de sus planes y políticas; 2) las características e impacto ambiental de los productos o de la actividad de la empresa en relación con el cambio climático y, en particular, se alega que las afirmaciones de ser carbono neutral son engañosas; 3) las campañas que exageran la inversión en acción climática y la financiación a organizaciones o investigaciones para negar el cambio climático; 4) las fallas de las empresas, incluyendo instituciones financieras, en revelar información sobre los riesgos climáticos a los inversionistas y los consumidores (Setzer & Higham, 2023).

Algunos tribunales han emitido fallos que buscan garantizar la divulgación de la información climática y/o la prevención del greenwashing. Por ejemplo, en marzo de 2024, el Tribunal de Distrito de Ámsterdam falló una acción de grupo en contra de KLM por considerar que su campaña ‘volar responsablemente’, que incluía afirmaciones como “sé un héroe, vuela CO2ZERO” y “CO2 neutral”, era engañosa y violaba la ley de protección del consumidor (UNEP, 2023). El tribunal concluyó que la campaña contenía afirmaciones ambientales engañosas, caracterizadas por ser vagas y generalizadas sobre los llamados beneficios ambientales, o que exageraban el impacto positivo de algunas medidas, lo que dio lugar a una impresión falsa sobre la sostenibilidad de volar con la aerolínea, lo cual constituye una violación de la publicidad leal, tal como lo sanciona la ley de protección al consumidor (Maanicus, 2024; ClientEarth, 2024).

En Colombia, en los casos de greenwashing es posible acudir a la acción popular por violación del derecho al medio ambiente sano considerando que el derecho de acceso a la información ambiental hace parte de la dimensión procedimental de este derecho (CorteIDH, OC-23/17; Corte Constitucional, Sentencia T-413 de 2021). También es posible acudir a las acciones jurisdiccionales o la acción de protección del consumidor establecidas en la Ley 1480 de 2011, teniendo en cuenta la prohibición de publicidad engañosa y el derecho del consumidor de obtener información completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto de los productos y de recibir protección contra la publicidad engañosa.

En segundo lugar, se han creado iniciativas y alianzas para promover el ‘climate disclosure’, como ‘Net Zero Asset Owners Alliance’, las cuales buscan tanto movilizar el compromiso con la carbono neutralidad como establecer estándares de integridad y calidad de la información; no obstante, no todas las iniciativas tienen estándares robustos y menos de la mitad han sido aprobadas en la campaña ‘Race to Zero’ de la ONU que evalúa los criterios y selecciona las iniciativas que tienen las mejores prácticas relacionadas con cero emisiones netas (Hale, 2021).

El sector financiero también cuenta con iniciativas privadas para abordar los riesgos asociados al cambio climático, sin embargo, no existen estándares globales que permitan contar con información climática consistente, detallada e informada para que las autoridades regulatorias puedan respaldar el monitoreo y análisis de riesgos climáticos e informar el desarrollo potencial de políticas regulatorias (Financial Stability Board , 2022).

A nivel regional, la Iniciativa de Divulgación de Activos de América Latina (LACADI, por sus siglas en inglés) busca “trabajar con el sector financiero para contribuir a que los flujos financieros sean coherentes con los objetivos del Acuerdo de París”. En el año 2023, participaron 48 empresas y los resultados revelan la vulnerabilidad del sector financiero ante el cambio climático y lo riesgoso que esto podría llegar a ser para la América Latina, así como la importancia de que la información sea “estandarizada, actualizada, clara y disponible para la toma de decisiones internacionales sobre la acción del sector financiero” (LACADI, 2023, p.7).

En el país, existe la Iniciativa de Divulgación de Activos y Cambio Climático de Colombia (CCADI, por sus siglas en inglés), que se basa en las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Divulgación Financiera Relacionada con el Clima (TCFD, por sus siglas en inglés) para determinar el avance de las empresas del sector financiero en la divulgación e identificación de riesgos y oportunidades relacionados al cambio climático que les permita tomar medidas para su adecuada gestión (CCADI, 2023).

En tercer lugar, debido a que las iniciativas voluntarias son insuficientes y las empresas continúan publicando información engañosa sobre sus compromisos frente al cambio climático, se evidencia la necesidad de que los gobiernos expidan una regulación robusta para combatir el greenwashing (Carbon Market Watch, 2023).

En los últimos años, varios países han regulado o iniciado el proceso de regulación de la divulgación de información climática ‘climate disclosure’, no obstante, la mayoría se limita a exigir reportes sobre riesgo climático, pero se espera que esto avance y que se exija la publicación de los planes de transición hacia la carbono neutralidad, como en el caso de España (Hale, s.f.). Por ejemplo, en el Reino Unido, la Autoridad de Mercados y Competencia publicó un código de declaraciones verde, en vigor a partir de septiembre de 2021, que busca garantizar que las declaraciones medioambientales estén debidamente fundamentadas y no induzcan a error a los consumidores (Setzer & Higham, 2023, p. 41). Por su parte, en marzo de 2024, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) adoptó las reglas para la mejora y estandarización de las divulgaciones relacionadas con el clima para inversores, mediante las cuales se requerirá a quienes estén registrados a que proporcionen ciertos datos relacionados con el cambio climático en sus informes anuales.

En Colombia, la Ley 2169 de 2021 creó el Reporte Obligatorio de Emisiones y estableció que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible definirá los criterios para determinar las personas jurídicas que “deberán reportar de forma obligatoria sus emisiones directas e indirectas de GEI y la información y documentación para la elaboración de inventarios de GEI” (artículo 16). Sin embargo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no ha expedido esta reglamentación.

De otro lado, en el Senado se encuentra radicado el Proyecto de Ley No. 101/23 “Mediante la cual se regula y sanciona el lavado verde de imagen o greenwashing y se agregan nuevas disposiciones a la Ley 1480 de 2011. [Ecoblanqueo]”. Las disposiciones de este proyecto están encaminadas a establecer restricciones a la publicidad sobre sostenibilidad y a imponer obligaciones de publicidad de información sobre prácticas ambientales, así como la imposición de sanciones por el incumplimiento de las restricciones y obligaciones establecidas en la ley.

Ahora bien, la regulación de la divulgación de información climática implica dificultades que giran en torno a definir hasta dónde regular, qué tipo de información se solicitará, cuáles estándares serán requeridos, si se solicitará un compromiso específico de reducción de emisiones o carbono neutralidad, qué debe cubrir el plan de carbono neutro, cada cuánto se deberán publicar informes de avances o reportes del cumplimiento de las metas, cuáles metodologías podrán ser utilizadas para medir las emisiones de GEI, qué sectores estarán regulados, entre otros aspectos (Quevedo et al., 2023).

Bibliografía

Carbon Market Watch (2023). Combating Corporate Greenwashing Through Regulation. Policy Implicacions of the 2023 Corporate Climate Responsibility Monitor (February 2023). Carbon Market Watch.

CCADI. (2023). Informe de la tercera edición del Ranking CCADI 2023 de divulgación de cambio climático en Colombia. Bogotá: Transforma.

ClientEarth (2024). Historic win against greenwashing as KLM’s advertising ruled illegal. En ClientEarth. Consultado el 28 de abril de 2024. Recuperado de: https://www.clientearth.org/latest/press-office/press/historic-win-against-greenwashing-as-klm-s-advertising-ruled-illegal/

Corte Constitucional (2021). Sentencia T-413 de 2021. Magistrada ponente: Cristina Pardo Schlesinger.

Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) (2017). Medio ambiente y derechos humanos (obligaciones estatales en relación con el medio ambiente en el marco de la protección y garantía de los derechos a la vida y a la integridad personal – interpretación y alcance de los artículos 4.1 y 5.1, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017. Serie A No. 23.

Financial Stability Board (2022). Supervisory and Regulatory Approaches to Climate-related Risks. Interim Report, Financial Stability Board. Recuperado de: https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P290422.pdf

Hale, T. (2021). Governing net zero: the conveyor belt, Policy Memo, University of Oxford, Oxford. Recuperado de: https://www.bsg.ox.ac.uk/sites/default/files/2021-11/2021-11%20Hale%20Net%20Zero%20Policy%20Memo.pdf

Hale, T. (s.f.). “Can a new task force bring more rigour and cohesion to regulating net zero?” En Financial Times. Consultado el 20 de marzo de 2023. Recuperado de: https://www.ft.com/partnercontent/the-progress-foundation/can-a-new-task-force-bring-more-rigour-and-cohesion-to-regulating-net-zero.html

Iniciativa de Divulgación de Activos Climáticos de América Latina -LACADI (2023). Ranking regional LACADI 2023. Bogotá D.C.: Transforma. https://lacadi.transforma. global/ranking-regional-divulgacion-climatica   

Maanicus, M. (2024). Breaking: Court judgment in first Dutch greenwashing class action – marketing claims KLM are considered to be misleading. En Loyens Loeff. Consultado el 28 de abril de 2024. Recuperado de: https://www.loyensloeff.com/insights/news–events/news/breaking-court-judgment-in-first-dutch-greenwashing-class-action—marketing-claims-klm-are-considered-to-be-misleading/.

Net Zero Tracker (2022). Recommendations and current realities. En Net Zero Tracker. Consultado el 28 de abril de 2024. Recuperado de: https://zerotracker.net/analysis/recommendations-and-current-realities

Quevedo Niño, D., Amaya Arias, A. & Gallo, W. (2023). El rol de Estado regulador ante los desafíos del cambio climático. En Balance y desafíos del estado regulador, supervisor, promotor y empresario. La acción de la Administración dentro de los mercados. Tomo III.  (pp. 535-580). Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Quevedo Niño, D., Guzmán, L. F. & Madrigal, M. (2020). Litigio estratégico y justicia climática. Una mirada a la realidad de los estrados y decisiones judiciales en el mundo. En Emergencia climática. Prospectiva 2030 (pp. 610-647). Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Setzer, J. & Higham, C. (2023) Global Trends in Climate Change Litigation: 2023 Snapshot. London: Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment and Centre for Climate Change Economics and Policy, London School of Economics and Political Science

United Nations Environment Programme (UNEP) (2023). Global Climate Litigation Report: 2023 Status Review. Nairobi: UNEP.

United Nations’ High‐Level Expert Group on the Net Zero Emissions Commitments of Non‐State Entities (s.f.). Integrity Matters: Net Zero Commitments by Businesses, Financial Institutions, Cities and Regions. Naciones Unidas. Consultado el 20 de marzo de 2023. Recuperado de https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/high-level_expert_group_n7b.pdf.