Responsabilidad climática de las empresas de combustibles fósiles y límites de la legislación estatal: el caso de la Climate Change Superfund Act de Nueva York

Los Estados Parte de las Naciones Unidas, con ocasión de la expedición de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, han asumido compromisos internacionales relacionados con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), así como con la mitigación y adaptación al cambio climático. En virtud de lo anterior, y respecto del ordenamiento jurídico estadounidense, ¿es posible que estas obligaciones estatales se trasladen a las empresas generadoras de gases de efecto invernadero? De ser así, ¿la Climate Change Superfund Act de Nueva York constituía una medida idónea para contribuir al cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por los Estados Unidos?

Por: Luisa Alejandra Muñoz Barrera. Monitora del Departamento de Derecho del Medio Ambiente y Tierras. Universidad Externado de Colombia.

El 31 de agosto de 2026, la jueza Brenda Sannes del Tribunal de Distrito Norte de Nueva York profirió sentencia en el caso West Virginia v. Letitia James (n.° 25-168) la cual ordena dejar sin efectos la Ley de Superfondos para el Cambio Climático del Estado de Nueva York que establece la creación de un programa para la recuperación de 75.000 millones de dólares de las empresas de combustibles fósiles cubiertas por la ley, para financiar proyectos de adaptación al cambio climático en Nueva York. Además, se exige a las entidades ambientales correspondientes del Estado de Nueva York determinar como responsables de más de un billón de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero.

Lo anterior debido a que el Clean Air Act^[1] no autoriza a Nueva York a establecer, mediante legislación estatal, un régimen de recuperación de costos por las emisiones de gases de efecto invernadero como el previsto en dicha ley. El Tribunal se apoyó en que las cuestiones relacionadas con las emisiones de gases de efecto invernadero había estado previamente gobernada por el derecho federal común y que, una vez este fue desplazado por el Clean Air Act, la regulación estatal solamente es posible en la medida en que la legislación federal lo autorice.

Por tanto, al considerar que la ley de Nueva York creaba un mecanismo de responsabilidad económica que no estaba autorizado por el Clean Air Act, concluyó que la Climate Act estaba precluida por la legislación federal. Además, también pretendía que productores extranjeros de combustibles fósiles pagarán la respectiva indemnización; sin embargo, también esta situación estaría prohibida en virtud de la exclusividad en la regulación por el derecho federal.

Sobre esto, hay que indicar que con relación a los compromisos internacionales respecto del cambio climático, estos instrumentos obligan a los Estados, pero eso no significa automáticamente que cada Estado federado pueda crear cualquier mecanismo de responsabilidad económica contra empresas privadas para cumplir esos compromisos.

La Climate Change Superfund Act de Nueva York intentó establecer precisamente un mecanismo de este tipo: exigir a determinadas empresas de combustibles fósiles contribuciones destinadas a financiar los costos asociados con los efectos del cambio climático. La ley pretendía recaudar aproximadamente US$75.000 millones durante 25 años.

Sin embargo, el tribunal federal, en State of West Virginia v. Letitia James, decidió que la cuestión no podía resolverse simplemente apelando a la necesidad de cumplir objetivos climáticos. El tribunal consideró que la legislación de Nueva York estaba precluida por el derecho federal, particularmente porque el Clean Air Act no autoriza el régimen estatal de recuperación de costos creado por la Climate Act.

En últimas, esta decisión abre el debate de si los compromisos internacionales respecto de la reducción de gases de efecto invernadero son un fundamento para trasladar jurídicamente los costos del cambio climático desde el Estado a las empresas privadas. Esto debe responderse en observancia de otros factores como el ordenamiento jurídico interno y las competencias para reglamentar, previamente establecidas.

Referencias:

• West Virginia v. James , n.° 25-168.

• Leopold, M. Z., Lafferty, S. G., Bunger, B. C., Sussman, M. S., Kriha, A., Noe, J., & Hill, J. A. (s. f.). Federal court blocks New York’s $75 billion climate Superfund Act | Insights | Holland & Knight.

• Levy, M. (2026, 1 septiembre). New York’s plan to charge fossil-fuel producers for climate change damages is struck down in court | AP News.

Chat GPT. (2026). Imagen sobre responsabilidad climática de las empresas de combustibles fósiles y límites de la legislación estatal [Imagen generada por inteligencia artificial].

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^[1] La Ley de Aire Limpio es la ley federal integral que regula las emisiones atmosféricas de fuentes fijas y móviles .