El necesario balance que hay que hacer después de tres décadas de políticas conservacionistas y de centralismo en el archipiélago de San Andrés y Providencia

Hace 30 años, el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina fue declarado reserva de biosfera, así como la reserva de biosfera Sea Flower por la UNESCO. A lo largo del tiempo, se han tomado diversas acciones para la conservación ambiental en la región, pero se ha restringido el desarrollo en el departamento y este enfrenta una crisis debido a problemas como la sobrepoblación, la contaminación y falta oportunidades para desarrollar actividades económicas. En ese sentido, se necesita un cambio en el modelo de gestión para lograr un desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Por: Gloria Lucía Álvarez

La totalidad del departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina fue declarado hace 30 años, a través de la Ley 99/93, como reserva de biosfera y una parte muy importante de ese territorio fue reconocida en el año 2000 como reserva de biosfera Sea Flower por la UNESCO. (Hurtado Rassi, 2020).

En 1996, se designó al departamento íntegramente por el Ministerio de Ambiente como área de manejo especial (AME) y en 2004, ese mismo ministerio declaró a la reserva Sea Flower como área marina protegida (AMP).

Luego en 2014, la Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia homologó el AMP a Distrito Nacional de Manejo Integrado (DNMI), excluyendo de tal declaratoria las áreas protegidas y el territorio emergido de las islas.

Como si fuera poco, dentro de la reserva Sea Flower, se han declarado 5 áreas protegidas más, así:  un parque nacional PNN (Mcbean Lagoon – 1995); tres parques regionales PNR (Jhonny Cay – 2001, The Peak – 2007 y Old Point Regional Mangrove Park – 2001); así como hace aproximadamente un mes, una reserva natural de la sociedad civil (RNSC) denominada Fauna de Colombia San Andrés – 2023 (Parques Nacionales Naturales de Colombia, s.f.). Todas estas han sido acciones decididas en pro de la conservación ambiental y de renuncia a las demás alternativas de desarrollo con las que cuenta el departamento.

Muy juiciosamente, las autoridades ambientales han asumido las funciones de ordenación del territorio que debían corresponder al departamento, han hecho zonificaciones y determinado el régimen de usos de suelo, fijando estrictas reglas para la conservación y han establecido un régimen tarifario, como mecanismo de autofinanciación institucional, que cobra a los visitantes por ingresar a las áreas protegidas.

El departamento hoy prácticamente está en manos del Ministerio de Ambiente, la Unidad de Parques Nacionales Naturales, La DIMAR, INVEMAR y CORALINA, que son quienes deciden qué se puede o no hacer en el archipiélago.

A pesar de eso, la sobrepoblación de las islas, el comercio informal, la invasión de las playas, los altos niveles de pobreza, el deterioro de la infraestructura y de las obras públicas, los problemas de alcantarillado, la proliferación de embarcaciones, la pesca ilegal, el daño a los recursos naturales y la contaminación por basuras, aguas residuales y  olores nauseabundos, entre otros, no se detienen y el archipiélago se encuentra hoy sumido en una profunda y lamentable situación de crisis, incrementada por el desastre causado en Providencia por el huracán Iota hace 2 años y medio, y por las consecuencias que estamos sufriendo todos derivadas, entre otros asuntos, de la pandemia del Covid 19, la inestabilidad económica, el reciente quiebre de las aerolíneas de bajo costo, los elevados precios y la baja calidad de los servicios, lo que ha generado el consecuente ahuyentamiento del turismo, su principal fuente de ingresos.

A esto hay que agregarle la inseguridad que han generado las demandas y los fallos proferidos por la Corte Internacional de Justicia de la Haya, en el diferendo con Nicaragua, el primero de los cuales fraccionó, de una manera absurda, el mar territorial y la conectividad de las islas, cayos y bancos que conforman el archipiélago, generando la pérdida de soberanía sobre el mar y sus riquezas naturales (Hurtado Rassi, 2020).

Ante tal situación de desolación y caos, después de tres décadas de haber destinado todo su territorio insular y marítimo a la conservación, ya es tiempo de que los isleños, en especial los raizales y todos los demás colombianos que sentimos interés y afecto por San Andrés, evaluemos, de cara al Gobierno Nacional, qué ventajas o desventajas le ha traído al departamento y a las comunidades que habitan en él haber renunciado a las posibilidades de desarrollo, mediante este cúmulo de categorías de protección ambiental que rigen sobre el archipiélago. Además, cabe preguntarse si la centralización de la planificación territorial y de la gestión pública que se ha generado a consecuencia de tales declaratorias les está resultando o no beneficiosa a los lugareños.

Hoy carece de sentido actualizar el POT o expedir el POMICUAC, porque ambos instrumentos no tienen ningún ámbito de acción ni de decisión autónoma para el departamento, ya que por ser todo el territorio y el mar territorial un espacio de conservación ambiental, lo único que podría hacerse en ellos es reconocer las determinantes ambientales impuestas por las autoridades ambientales por ser consideradas como normas de rango superior y de obligatorio cumplimiento.

Si se quiere encontrar alguna solución a la crisis, el gobierno departamental y las comunidades deben dejar de esperar que las decisiones sobre su territorio y sus vidas se tomen desde Bogotá y al vaivén de los intereses políticos; ojalá que las comunidades sean conscientes de lo que les está ocurriendo, se organicen y sean capaces de exigirle al Gobierno Nacional un cambio en ese modelo de gestión que no funciona, de promover y sacar adelante los ajustes normativos y funcionales necesarios para retomar el control sobre su territorio, de forma tal que con autonomía puedan definir el nuevo rumbo que hay que tomar para atender efectivamente las problemáticas que hoy tienen, mejorar los servicios y elevar la calidad de vida de sus habitantes, con miras a generar recuperación y progreso hasta convertir el archipiélago en un lugar que de verdad sea ambiental, social y económicamente sostenible, y que logre algún día volver sorprender y enamorar a todo aquel que lo visite.

Referencias

Hurtado Rassi, J. (2020). Gestión Conjunta de Ecosistémas Fronterizos (Primera edición ed.). Bogotá, D.C., Colombia: Universidad Externado de Colombia.

Parques Nacionales Naturales de Colombia. (s.f.). RUNAP. Obtenido de https://runap.parquesnacionales.gov.co/