Responsabilidad del Estado por la falta de adaptación al cambio climático en la tendencia del litigio climático

Diana Quevedo Niño*

En los últimos años ha incrementado la tendencia mundial a buscar la efectividad de las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático a través de pronunciamientos judiciales que ordenen al Estado el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en la lucha contra este fenómeno y/o que lo declaren responsable por los efectos del cambio climático en su país.

Esta tendencia también ha llegado a Colombia al punto que de cara a la temporada de lluvias en el país se cuestiona la responsabilidad del Estado por los daños ocasionados debido a la falta de adaptación a los efectos del cambio climático que ya han sido identificados por algunas entidades estatales (IDEAM y UNGRD).

Efectos y adaptación al cambio climático en Colombia

Actualmente en Colombia existe una gran preocupación por los impactos que ocasionarán las temporadas de lluvias de 2018 – la primera inició en marzo y culminó en junio (El Espectador, 2018)-, pues uno de los efectos del cambio climático es el aumento de la intensidad de las precipitaciones en algunas regiones del país, lo que conlleva el incremento del riesgo de elevación de los cauces y de avalanchas que ocasionan daños en las viviendas y en los terrenos en los que se desarrollan actividades que proveen el sustento a varias comunidades rurales.

Aunado a lo anterior, de acuerdo con la Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático publicada en el año 2017, 119 municipios del país representan riesgo muy alto frente a los efectos del cambio climático y todo el país tiene una tasa alta de vulnerabilidad debido a la baja capacidad adaptativa (lo que se verifica en la falta de inclusión del cambio climático en los POT).

La preocupación alrededor de la temporada de lluvias también parte de los casos que se han presentado en los últimos años y que han generado grandes pérdidas económicas y efectos adversos a nivel social y ambiental -pérdida de biodiversidad, destrucción de viviendas, inseguridad alimentaria, entre otros-.

El caso más reciente es el de Mocoa, municipio que ya se encontraba bajo alerta en marzo de 2017, cuando ocurrió una avalancha que cobró la vida de más de 300 personas (Semana Sostenible, 2018a), y frente a la cual aún existe la duda si era realmente previsible este acontecimiento y en qué medida las autoridades hubieran podido actuar para evitar las graves consecuencias del aumento de las precipitaciones.

Pronunciamientos judiciales

A partir de lo anterior surge la pregunta de hasta qué punto se puede atribuir responsabilidad al Estado por los daños ocasionados como consecuencia de los efectos del cambio climático cuya materialización se debe, entre otros factores, a la falta de actuación de las entidades para adaptar los territorios a este fenómeno, incluyendo la adecuación y actualización de los POT.

Hasta el momento, los jueces no ha teniendo en cuenta la variable del cambio climático en sus decisiones relativas a la gestión del riesgo y en ocasiones han considerado que las avalanchas o deslizamientos producidos por el aumento de las precipitaciones constituyen situaciones imprevisibles para las entidades y que por lo tanto no se configura su responsabilidad. Aunque también debemos mencionar la sentencia del 14 de julio de 2017 de la sección primera del Consejo de Estado en la que determinó que frente a situaciones tan impredecibles generadas por el cambio climático como el caso del fenómeno de El Niño, se debía aplicar el principio de precaución para gestionar la incertidumbre asociada a sus efectos.

Perspectivas de la responsabilidad del Estado por la falta de adaptación al cambio climático

Ahora bien, la nueva tendencia de los litigios climáticos busca que la falta de adopción de medidas para hacer frente al cambio climático sea razón suficiente para declarar a un Estado responsable por los efectos adversos que este fenómeno genere (Semana Sostenible, 2018b), tendencia que ya empezó a ser acogida en Colombia con la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia el 5 de abril de 2018[1] en la que considera que las medidas impulsadas por las entidades estatales han sido ineficaces para hacer frente a la deforestación en la Amazonía y que, por lo tanto, están incumpliendo sus obligaciones en la materia; y al final ordena a los municipios implementar POT dirigidos a la adaptación al cambio climático.

Así las cosas, los jueces colombianos pueden seguir los pasos de los tribunales extranjeros[2] y ampliar el marco de los litigios climáticos en el país al declarar la responsabilidad del Estado por los daños causados por los efectos del cambio climático (en especial por el aumento de la intensidad de las precipitaciones), los cuales no pueden considerarse imprevisibles puesto que han sido evidenciados por el IDEAM en sus Comunicaciones Nacionales sobre Cambio Climático, situación que llevaría a establecer el nexo causal entre los daños causados por el aumento de las lluvias y la falta de adopción de medidas por parte de las entidades estatales frente a los riesgos y vulnerabilidad al cambio climático de los distintos municipios.

Conclusiones

La nueva tendencia del litigio climático abre una nueva posibilidad en el país de buscar la responsabilidad del Estado y la consecuente indemnización de los daños causados por los efectos del cambio climático debido a la falta de medidas para adaptar el territorio al cambio climático a pesar de las advertencias que ha realizado el IDEAM, lo que permite afirmar que no se trata de situaciones imprevisibles sino de falta de acción de las entidades a pesar del conocimiento previo del riesgo.

Bibliografía

El Espectador. (23 de marzo de 2018). Arranca la temporada de lluvias en Colombia. Recuperado en abril de 2018, de El Estador: https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/arranca-la-temporada-de-lluvias-en-colombia-articulo-746157

Semana Sostenible. (20 de abril de 2018a). Mocoa, una ciudad que debe vivir con las alarmas encendidas. Recuperado en abril de 2018, de Semana Sostenible: http://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/mocoa-una-ciudad-que-debe-vivir-con-las-alarmas–encendidas/40864

Semana Sostenible. (26 de abril de 2018b). Los jueces del fin del mundo. Recuperado en abril de 2018, de Semana Sostenible: http://sostenibilidad.semana.com/opinion/articulo/carolina-garcia-opinion-semana-sostenible-los-jueces-del-fin-del-mundo/40885

* Asistente de investigación del Departamento en Derecho del Medio Ambiente y estudiante de la Maestría en Derecho del Estado con énfasis en Derecho de los Recursos Naturales. 


[1] Sentencia del Consejo de Estado. Sección Primera. M.P. María Elizabeth García González. Rad. 00122-01.

[2] El caso más representativo es Urgenda vs. Países Bajos, en el cual la justicia declaró la responsabilidad del Estado por los efectos del cambio climático en el país debido a la falta de medidas de mitigación para reducir las emisiones de gases efecto invernadero. Otro caso es Asghar Leghari vs. Paquistán, en el que la Corte declaró al Estado responsable por no impulsar medidas para la adaptación al cambio climático y les ordenó implementar medidas de adaptación y crear una Comisión de Cambio Climático. Para consultar más casos, ver Oliver Milman (2017). More people heading to court to spur action on climate change, study finds. Recuperado en julio de 2018, de The Guardian: https://www.theguardian.com/environment/2017/may/23/climate-change-government-court-cases-study