Derecho del Medio Ambiente y Tierras
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3 de julio de 2025

Cuando el agua se embotella y no se bebe: el conflicto hídrico en La Calera

El 15 de mayo de 2025, más de 500 personas participaron en una audiencia pública convocada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) en el municipio de La Calera (Cundinamarca, Colombia), solicitada por la comunidad y distintas organizaciones civiles, para decidir si se renueva la concesión de agua a la embotelladora INDEGA S.A.S., filial de Coca-Cola. Allí, la comunidad denunció desigualdades en el acceso al recurso, irregularidades técnicas y pidió que se priorice el derecho al acceso al agua potable a la comunidad frente al uso industrial. Esto, en medio de una crisis hídrica cada vez más severa que, no solo afecta a este municipio, sino al país entero y la cual se vio reflejada en un extenso racionamiento en Bogotá D.C. por más de un año.

Por: Javier Camilo Guevara Rodríguez[1]

Una audiencia histórica por el agua

En la Finca Los Trujillos de Santa Helena, vereda del municipio de La Calera, se celebró una audiencia pública inédita en la historia del país. Convocada por la CAR, el encuentro reunió a más de 500 personas —líderes sociales, comunidades indígenas, ambientalistas, expertos y trabajadores— para decidir si se renueva la concesión de 3,23 litros por segundo de agua subterránea que utiliza la planta embotelladora de INDEGA S.A.S., filial de Coca-Cola.

Es la primera ocasión en que se utiliza este mecanismo de participación para debatir la renovación de una concesión de este tipo. Una decisión que no es menor, pues se relaciona directamente con el acceso al agua en un municipio donde muchos hogares no tienen acceso al recurso en sus mínimos vitales (Cifuentes, 2025; Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), 2024; El Espectador, 2025; Hernández, 2024; Sánchez, 2025; W Radio, 2025; Zipa Exiliados, 2025).

¿Qué está en juego?

  • La concesión, otorgada desde 1984 por 40 años y renovada cada 10 años, venció en diciembre de 2024. INDEGA S.A.S. solicita renovarla hasta 2034.
  • La empresa extrae agua desde siete manantiales en la Vereda Santa Helena, justo donde comunidades vecinas han tenido que comprar agua en carros cisterna por la sequía.
  • En plena crisis hídrica causada por el fenómeno de El Niño, muchas familias solo pudieron abrir las válvulas de sus acueductos por cinco horas y media al día. Mientras tanto, la planta de Coca-Cola operó sin interrupción, produciendo hasta 420.000 botellas diarias.
  • El uso del agua para la producción comercial se contrapone al derecho humano al agua potable, tal como lo establece la Constitución y la jurisprudencia colombiana.

Las voces de la comunidad

En la audiencia se escucharon 324 intervenciones. Líderes indígenas Muiscas exigieron que cualquier decisión cuente con el consentimiento de sus autoridades ancestrales. Según ellos, los manantiales de la concesión están conectados con el sistema de páramo de Chingaza, lo cual debe implicar mayores niveles de protección y respeto por el territorio.

Expertos como la ingeniera Laura Barreto y el ingeniero Iván Santiago Guarín, desde un estudio de La Corporación Geoambiental Terrae, denunciaron graves fallos metodológicos en los estudios elaborados por la firma Hidrogeocol, afín a Coca-Cola. Los estudios no contemplan monitoreos suficientes en la quebrada San Lorenzo ni en sus zonas medias y altas. Desde la corporación, se señaló que los modelos usados carecen de trazabilidad, datos medidos y coherencia científica.

En contraste, el estudio de Hidrogeocol afirma que la extracción no afecta otras fuentes ni excede la capacidad natural de recarga del acuífero. La CAR, por su parte, aún no ha presentado un estudio técnico independiente (Cifuentes Quintero, 2025; Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca [CAR], 2024; El Espectador, 2025; Hernández Osorio, 2024; Sánchez, 2025; W Radio, 2025; Zipa Exiliados, 2025).

Desigualdad, tarifas y falta de compensaciones

Otro de los temas sensibles tratados durante la audiencia fue la baja tarifa que paga Coca-Cola por el agua: alrededor de 70 pesos colombianos por metro cúbico (0,017 dólares USA), según el Decreto 1155 de 2017. A modo de ejemplo, en 2022 la empresa pagó aproximadamente 4,7 millones de pesos por extraer más de 56,6 millones de litros, mientras reportaba ingresos por más de 226 mil millones de pesos.

También, los habitantes de las veredas Santa Helena, Buenos Aires Alto y Bajo reclamaron falta de compensaciones sociales reales. Aunque la empresa afirma haber sembrado árboles y apoyado actividades comunitarias, líderes comunales aseguran que no existe una relación directa ni beneficios visibles para la comunidad. “Nos regalan agua para el Día del Campesino, pero no pavimentan ni las vías por donde pasan sus camiones”, señalaron en las intervenciones (Cifuentes Quintero, 2025; Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca [CAR], 2024; El Espectador, 2025; Hernández Osorio, 2024; Sánchez, 2025; W Radio, 2025; Zipa Exiliados, 2025).

¿Qué puede decidir la CAR?

Tras el cierre de la audiencia, la CAR debe analizar los argumentos técnicos, sociales, jurídicos y ambientales. Hay tres posibles decisiones:

  1. Renovar la concesión completa por otros 10 años.
  2. Negar la prórroga, en función del principio de precaución y la crisis hídrica.
  3. Otorgar una prórroga parcial o condicionada, reduciendo el caudal autorizado o exigiendo nuevas obligaciones a la empresa.

Por ahora, la CAR ha manifestado que “los usos industriales no pueden estar por encima del derecho al agua potable”, una afirmación que podría marcar la pauta de la decisión final (Cifuentes Quintero, 2025; Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca [CAR], 2024; El Espectador, 2025; Hernández Osorio, 2024; Sánchez, 2025; W Radio, 2025; Zipa Exiliados, 2025).

Agua como bien común: una discusión nacional

El caso de La Calera refleja un problema estructural: el modelo de gestión y gobernanza del agua en Colombia favorece en muchos casos el uso industrial privado, incluso cuando afecta el suministro a comunidades vulnerables. La audiencia pública es un hito jurídico y político, porque evidencia la necesidad de revisar el sistema de concesiones, fortalecer el monitoreo ambiental, la participación ambiental y garantizar el derecho efectivo de las comunidades a los distintos recursos ambientales.

Bibliografía

[1] Abogado de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Especialista en Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Externado de Colombia. Tecnólogo en Sistemas Agroforestales de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD de Colombia. Con Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo por la Universidad Nacional de Colombia. Correo: jacguevararo@unal.edu.do

Imagen. Pixabay (2015). Imagen de Bebida, Coca cola y Playa. Extraído de: https://pixabay.com/es/photos/bebida-coca-cola-playa-refresco-935434/

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