El genocidio ambiental de Israel en Palestina

La ofensiva israelí contra Palestina ha desatado un colapso ambiental sin precedentes para este territorio. Más del 70 % de la infraestructura de Gaza ha sido destruida, el 90 % de su población desplazada y más de 50 millones de toneladas de escombros contaminan el ambiente. Este artículo hace un acercamiento a cómo el genocidio del pueblo palestino constituye también un genocidio ecológico (ecocidio) sistemático como arma de guerra.

Por: Javier Camilo Guevara Rodríguez*

Extinción de ecosistemas y de derechos ambientales fundamentales

La Franja de Gaza se ha transformado en un escenario de devastación ambiental total. La guerra no solo ha cobrado más de 62.000 vidas hasta agosto de 2025 (Famine Review Committee, 2025), sino que ha aniquilado la base ecológica de la supervivencia palestina. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) (UNEP, 2024), los bombardeos israelíes a 2024 ya habían generado más de 39 millones de toneladas de escombros tóxicos, contaminados con amianto, combustibles, metales pesados y municiones sin detonar. La acumulación de estos residuos equivale a veinte veces el volumen de desechos generados por el terremoto de Haití en 2010.

La infraestructura ambiental ha colapsado. El 89 % de las redes de agua y saneamiento y el 81 % de las carreteras han sido destruidas (INFORME CAST, 2025). Antes del 7 de octubre de 2023, Palestina ya enfrentaba una crisis estructural: apenas el 6 % de su población tenía acceso a agua potable y el nivel del acuífero costero se encontraba diez metros por debajo del nivel del mar, con concentraciones de nitratos seis veces superiores al límite recomendado por la OMS (INFORME CAST, 2025; UNEP, 2024). Hoy, los pozos están inservibles y las plantas desalinizadoras paralizadas por falta de energía. Más del 97 % del agua disponible es no apta para consumo humano.

La magnitud de la destrucción equivale al desmantelamiento completo de un ecosistema urbano. En menos de dos años, se han registrado 54.084 personas asesinadas y 123.308 heridas, junto con el desplazamiento forzoso de 1,9 millones de habitantes, es decir, el 90 % de la población total (INFORME CAST, 2025). Gaza parece hoy una “zona inhabitable”: los servicios básicos de energía, residuos y saneamiento están colapsados y más de 3,9 millones de toneladas de residuos sólidos se acumulan en vertederos que operan por encima de su capacidad. Los incendios espontáneos en basureros han incrementado las concentraciones de dióxido de azufre y material particulado en el aire, afectando gravemente la salud respiratoria de miles de personas (UNEP, 2024).

El impacto ecológico alcanza una escala de extinción agrícola. Según el Integrated Food Security Phase Classification (IPC, 2025), el 98 % de las tierras cultivables están destruidas o inaccesibles. El 82 % de los pozos agrícolas y el 71 % de los invernaderos han sido arrasados. Antes de la ofensiva, la agricultura aportaba cerca del 10 % del PIB local y aseguraba empleo a decenas de miles de familias, hoy en día, esa fuente de sustento ha desaparecido. La producción alimentaria se ha reducido en más del 95 % y el ganado prácticamente ha desaparecido, lo que ha obligado a una dependencia total de la ayuda internacional, cuya entrada ha sido sistemáticamente bloqueada.

La situación alimentaria refleja el rostro más brutal del genocidio ambiental. A agosto de 2025, la hambruna (Fase 5 del IPC) fue confirmada oficialmente en el gobernadorato[1] de Gaza y proyectada para expandirse a Deir al-Balah y Khan Younis. Casi 641.000 personas viven en condiciones catastróficas y 1,14 millones adicionales están en emergencia alimentaria (IPC, 2025). Se estima que 132.000 niños menores de cinco años sufren desnutrición aguda, incluidos 41.000 en estado severo y que 55.500 mujeres embarazadas o lactantes requieren apoyo nutricional urgente. La mortalidad no traumática se ha triplicado desde mayo de 2025, principalmente por inanición y enfermedades hídricas (Famine Review Committee, 2025).

Así también, el PNUMA advierte que las aguas del Mediterráneo frente a Gaza presentan niveles de contaminación fecal cien veces superiores a los límites internacionales, con presencia de microplásticos y restos de hidrocarburos (UNEP, 2024). Este deterioro amenaza con extender la contaminación marina hacia Egipto y Líbano, generando un riesgo transfronterizo de salud pública y pérdida de biodiversidad costera. En términos comparativos, la densidad de desechos tóxicos por kilómetro cuadrado en Gaza supera ya la de ciudades industriales como Wuhan o Ciudad de México.

Desde la perspectiva jurídica, estos hechos encuadran en lo que organizaciones internacionales describen como un “ecocidio”: el daño grave, extenso y duradero al medio ambiente, causado con conocimiento de sus consecuencias. El principio 24 de la Declaración de Río (1992) y el artículo 8(2)(b)(iv) del Estatuto de Roma obligan a los Estados a evitar daños desproporcionados al entorno natural durante conflictos armados. La destrucción sistemática de infraestructura civil, el bloqueo de agua y energía y el uso de la hambruna como arma violan directamente estos principios, configurando una agresión ambiental deliberada (Greenpeace, 2025; Stop Ecocide Foundation, 2021).

El derecho humano al medio ambiente sano, reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2022, resulta aquí negado de manera absoluta. No se trata de daños colaterales sino de un diseño bélico que convierte el ambiente en víctima y arma de guerra. En palabras de Guevara (2025): “sembrar destrucción y cosechar muerte” no es una metáfora, sino una práctica política que busca la erradicación de un pueblo a través de la devastación de su ambiente.

El genocidio ecológico en Palestina revela, además, la fragilidad de los mecanismos internacionales de protección ambiental. Mientras la Corte Penal Internacional debate la tipificación del ecocidio, las instituciones ambientales globales operan con limitaciones de acceso y neutralidad impuestas por los agresores. La negación de visados al equipo técnico del PNUMA por parte de Israel, documentada en 2024, impidió una evaluación de campo completa para esa fecha (UNEP, 2024), reflejando cómo el control político obstaculiza la verificación de crímenes ambientales.

El desafío jurídico esta en reconocer la dimensión ambiental del genocidio palestino que, implica redefinir la justicia internacional desde una perspectiva ambiental y cultural más allá de una buena redacción de cuerpos normativos. Palestina nos recuerda que destruir el ambiente de los territorios es aniquilar a sus pueblos. Sin embargo, la resistencia del pueblo Palestino, basada en la defensa de su territorio, en el manejo agroecológico de su olivicultura y la solidaridad, puede ofrecer un marco de resiliencia frente a la muerte programada, donde la respuesta contracultural es la vida organizada para reconstruir ecosistemas, documentar la verdad y exigir justicia ambiental.

Bibliografía

Famine Review Committee. (2025). Famine Review Committee Report: Gaza Strip, August 2025. IPC Global Support Unit.

Guevara, J. (2025). Sembrar destrucción, cosechar muerte: el uso del colapso agrícola como instrumento de genocidio para el pueblo palestino en Gaza. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. En: https://medioambiente.uexternado.edu.co/sembrar-destruccion-cosechar-muerte-el-uso-del-colapso-agricola-como-instrumento-de-genocidio-para-el-pueblo-palestino-en-gaza/

Greenpeace. (2025). Gaza: por qué la justicia social empieza por la justicia ambiental. Greenpeace.

INFORME CAST. (2025). Destrucción sin precedentes: impactos medioambientales del conflicto en la Franja de Gaza. ONU–UNRWA.

IPC (Integrated Food Security Phase Classification). (2025). Gaza Strip: Acute Food Insecurity and Malnutrition Special Snapshot, July–September 2025. IPC Global Initiative.

UNEP, (2024). Environmental Impact of the Conflict in Gaza: Preliminary Assessment of Environmental Impacts. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Nairobi: UNEP.

Stop Ecocide Foundation. (2021). Definition of Ecocide. En: https://es.stopecocide.earth/legal-definition

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[1] Gobernadorato se refiere a las gobernaciones (o «muhafazat»), que son las unidades administrativas regionales en las que se divide el territorio bajo control de la Autoridad Nacional Palestina (ANP).

Imagen: Pixabay (2023). Imagen de Basura, Hombre y Naturaleza. Extraído de: https://pixabay.com/es/photos/basura-hombre-palestina-gaza-8232827/

*Abogado de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Especialista en Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Externado de Colombia. Tecnólogo en Sistemas Agroforestales de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD de Colombia. Con Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo por la Universidad Nacional de Colombia. Correo: jacguevararo@unal.edu.do