El II Informe de la Procuraduría: pone sobre la mesa urgencias jurídicas ambientales frente al avance de la deforestación en Colombia (octubre 2024 – marzo 2025)

El II Informe de Seguimiento y Monitoreo a la Deforestación en Colombia (2025) revela la alarmante pérdida de 88.808 hectáreas de bosque y más de 1.100 kilómetros de vías ilegales en seis meses. Esta expansión, ligada a economías ilícitas, pone en riesgo ecosistemas estratégicos. El informe exhorta a tomar medidas jurídicas inmediatas, fundamentadas en tratados internacionales y normas nacionales para frenar la deforestación y garantizar los derechos ambientales.

Por: Javier Camilo Guevara Rodríguez[1]

¿Por qué se realizó este estudio?

El estudio responde al mandato constitucional y legal de la Procuraduría General de la Nación de ejercer vigilancia preventiva sobre los recursos naturales del país (Constitución Política de Colombia, arts. 8, 79, 80 y 277). El aumento sostenido de la deforestación en la región amazónica, especialmente en zonas de alta biodiversidad y territorios protegidos, motivó la intervención mediante herramientas tecnológicas como ARGUS 2.0, con imágenes satelitales y bases de datos provistas por aliados como la Sociedad Zoológica de Frankfurt y la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) (El Espectador, 2025; Procuraduría General de la Nación, 2025a).

¿Cómo se hizo el monitoreo?

El monitoreo se realizó entre octubre de 2024 y marzo de 2025 en siete zonas priorizadas: Río Naya, Meta-Mapiripán, Vistahermosa-Puerto Rico, Triple Frontera (Guaviare), Llanos del Yarí – norte del Chiribiquete, Caquetá y Putumayo. En este estudio, se utilizaron imágenes satelitales de alta resolución y algoritmos desarrollados por la Procuraduría para detectar pérdida de cobertura boscosa y expansión de vías ilegales. De igual manera, las cifras fueron cruzadas con información de cultivos ilícitos del sistema SIMC (Procuraduría General de la Nación, 2025a; Procuraduría General de la Nación, 2025b).

Principales resultados

• Deforestación: 88.808 hectáreas de bosque, con el mayor foco en Caquetá (29.706 ha), seguido por Meta-Mapiripán (13.781 ha) y Putumayo (11.622 ha) (Procuraduría General de la Nación, 2025a).
• Vías ilegales detectadas: 1.107 kilómetros, muchas dentro de parques nacionales como Chiribiquete, La Macarena, Nukak, Farallones de Cali y Barí (Procuraduría General de la Nación, 2025b).
• Vínculos claros: entre deforestación, expansión de vías no autorizadas, cultivos ilícitos, minería ilegal, extensión de la frontera agrícola y acaparamiento de tierras (El Espectador, 2025; Procuraduría General de la Nación, 2025a).

Causas principales

1. Cultivos de uso ilícito: Principal motor de deforestación en regiones como el río Naya, Putumayo y Vista Hermosa-Puerto Rico.
2. Construcción de vías ilegales: Las nuevas carreteras son utilizadas para transportar cocaína y recursos mineros ilegales, conectando zonas rurales con corredores estratégicos.
3. Colonización y acaparamiento de tierras: En zonas como Meta-Mapiripán, este fenómeno sigue promoviendo el cambio de uso del suelo.
4. Debilidad institucional: Falta de respuesta efectiva por parte de autoridades locales frente a la expansión ilegal de infraestructura.

Consecuencias

• Fragmentación de ecosistemas.
• Pérdida de conectividad biológica.
• Presión sobre áreas protegidas y territorios indígenas.
• Aceleración del cambio climático por liberación de carbono.
• Violación del derecho a un ambiente sano (Constitución Política, art. 79).

Recomendaciones jurídicas

El informe hace un llamado urgente a las entidades territoriales y ambientales para adoptar medidas correctivas, preventivas y sancionatorias. Entre las principales recomendaciones se destacan (Procuraduría General de la Nación, 2025a; Procuraduría General de la Nación, 2025b):

1. Aplicación del régimen sancionatorio ambiental (Ley 1333 de 2009, modificada por Ley 2387 de 2024): Esta norma permite imponer medidas como la demolición de vías ilegales, cierre preventivo de obras, multas y compensaciones ambientales.
2. Activación del Código Penal Ambiental (Ley 2111 de 2021): Se recomienda investigar y judicializar delitos como el ecocidio, financiación de la deforestación y afectación de áreas protegidas, incluyendo la posibilidad de responsabilidad penal de personas jurídicas.
3. Control a vías ilegales: Dar cumplimiento inmediato a la Circular 04 de 2023 de la Procuraduría, que ordena a las entidades locales reportar, cerrar e inhabilitar vías ilegales en los arcos de deforestación amazónica.
4. Restitución y recuperación de áreas: Las autoridades deben implementar procesos de restauración ecológica con enfoque participativo, priorizando zonas de importancia ecológica y cercanas a comunidades indígenas o campesinas.
5. Planificación territorial y articulación interinstitucional: Es imprescindible incorporar en los planes de desarrollo local y regional la protección de la Amazonía, conforme a lo dispuesto en la Sentencia STC – 4360 de 2018 que reconoce a la Amazonía como sujeto de derechos.
6. Fortalecer mecanismos internacionales: Colombia debe intensificar la implementación de la Declaración Conjunta de Intención (DCI) suscrita con Noruega, Alemania y Reino Unido para combatir la deforestación mediante REDD+ (Procuraduría General de la Nación, 2025a).

Conclusión

La deforestación en Colombia no es un fenómeno espontáneo ni aislado, es la expresión visible de estructuras ilegales y deficiencias estatales que requieren respuestas integrales, coordinadas y basadas en el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. El II Informe de Seguimiento y Monitoreo de la Procuraduría evidencia que la lucha contra este fenómeno debe reforzarse desde el derecho: con medidas preventivas, sanciones efectivas y justicia ambiental. La protección de la Amazonía es un deber constitucional, un compromiso internacional y una necesidad ecológica urgente.

Bibliografía

• El Espectador. (2025). En los últimos seis meses han deforestado 88.000 hectáreas de la Amazonía. https://www.elespectador.com/judicial/en-los-ultimos-seis-meses-han-deforestado-88000-hectareas-de-la-amazonia/
• Procuraduría General de la Nación. (2025a). Informe de deforestación – Primer semestre de 2025. https://fcds.org.co/wp-content/uploads/2025/05/informe-deforestacion-2.pdf
• Procuraduría General de la Nación. (2025b). Procuraduría reporta más de 88.000 hectáreas deforestadas y 1.107 kilómetros de vías ilegales en seis meses en la Amazonía. https://www.procuraduria.gov.co/Pages/procuraduria-reporta-mas-88000-hectareas-deforestadas-1107-kilometros-vias-ilegales-seis-meses-amazonia.aspx

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[1] Abogado de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Especialista en Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Externado de Colombia. Tecnólogo en Sistemas Agroforestales de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD de Colombia. Con Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo por la Universidad Nacional de Colombia. Correo: jacguevararo@unal.edu.do

Imagen: Pixabay (2022). Imagen de Madera, Troncos de árboles y Tronco. Extraído de: https://pixabay.com/es/photos/madera-troncos-de-%C3%A1rboles-tronco-7011677/