Estar o no estar, esa es la cuestión. Colombia, crónica de un compromiso inconcluso con el Derecho del Mar

Después de más de 40 años de haber firmado y más de 30 de haber entrado en vigor la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar, Colombia aún sigue discutiendo los pros y contras de ratificar el convenio base para la gobernanza de los espacios oceánicos por excelencia.

Por: Roberto Lastra Mier[1]

En el contexto de la agenda oceánica internacional, se ha intensificado en Colombia el interés por la eventual ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), particularmente tras su participación en la COP16. Pese a haber firmado la convención, Colombia no ha procedido a su ratificación. Esta omisión contrasta con su activa participación en la elaboración de dicho tratado desde las conferencias ginebrinas de la década de 1950, tanto desde el plano jurídico como técnico, según documentan estudios de juristas nacionales como García (1987) y Arévalo y Abello (2017).

Las razones históricas, estratégicas y doctrinales que justificaron tal omisión han perdido sustento. Entre ellas se encuentran el temor a afectar la posición colombiana en litigios territoriales (notoriamente con Nicaragua), la reticencia frente a los mecanismos de solución obligatoria de controversias previstos por la Convención, y preocupaciones sobre la soberanía cultural, como en el caso del Galeón San José. Adicionalmente, persisten obstáculos internos como una limitada institucionalidad marítima, la ausencia de una doctrina jurídica nacional consolidada, y un enfoque territorial centrado predominantemente en lo terrestre, en detrimento de la proyección oceánica del país (Lastra Mier & Vergara Castaño, 2018).

Paradójicamente, Colombia ha incorporado figuras jurídicas derivadas de la CONVEMAR, como el mar territorial, la zona contigua y la zona económica exclusiva, mediante la Ley 10 de 1978. Así, aun sin ser Estado parte, aplica muchas disposiciones del tratado como normas consuetudinarias, generando una posición jurídicamente contradictoria que limita su incidencia en foros internacionales y su capacidad de cooperación multilateral. Por tanto, se plantea que la ratificación debe ser vista no como una amenaza a la soberanía, sino como una estrategia de actualización jurídica y política.

Esta reflexión propone dos ejes centrales: (i) identificar las razones históricas y estructurales que han frenado la ratificación, y (ii) evaluar las implicaciones jurídicas, políticas y técnicas de una eventual adhesión, enfocándolas como oportunidades para fortalecer la gobernanza oceánica, la normativa ambiental y la articulación regional frente a desafíos como la pesca ilegal, el cambio climático y la conservación de la biodiversidad marina.

La CONVEMAR, en vigor desde 1994, es considerada la “constitución de los océanos” por su alcance integral en la regulación de navegación, delimitación marítima, aprovechamiento de recursos y conservación. Colombia ha pospuesto su adhesión formal en razón de tres factores principales: (1) la preocupación por su impacto en litigios como el sostenido con Nicaragua, (2) la desconfianza hacia los mecanismos obligatorios de solución de controversias, y (3) el temor a perder el control sobre bienes como el patrimonio cultural subacuático.

No obstante, estos argumentos han perdido validez. Las decisiones de la Corte Internacional de Justicia sobre el litigio con Nicaragua ya se han ejecutado, y las normas de la CONVEMAR han adquirido fuerza consuetudinaria, lo que impone obligaciones internacionales a Colombia, aunque sin otorgarle los derechos que tendrían los Estados parte. La estrategia de “territorialización diferenciada” (Cadena & Devia, 2012), sustentada en negociaciones bilaterales, ha resultado pragmática pero limitada, debilitando la seguridad jurídica de los espacios oceánicos.

Otros factores, como el artículo 121 sobre la naturaleza jurídica de las islas, han generado reservas frente al posible menoscabo de los efectos territoriales de formaciones como “Los Monjes”. Igualmente, casos como el del Galeón San José han generado temores infundados sobre la pérdida de soberanía en el manejo de patrimonio cultural. Estos argumentos han carecido de evaluación técnica rigurosa y han sido más bien el producto de coyunturas puntuales que de análisis estructurados.

El texto subraya que el rezago en la ratificación no se debe solo a consideraciones geopolíticas, sino también a carencias internas: escasa producción doctrinal sobre derecho del mar, limitado debate público, y políticas estatales marcadas por el hermetismo y la falta de transparencia. Esta combinación ha generado una parálisis en la formación de criterios jurídicos sólidos.

A nivel institucional, se ha privilegiado una respuesta casuística a eventos concretos (como el conflicto con Nicaragua o el hallazgo del Galeón San José) sin construir una política marítima de largo plazo, a pesar de la existencia de instrumentos como el PNAOCI, el PNOEC o el CONPES 3990. Además, se destaca la limitada capacidad técnica y operativa del país para ejercer los derechos que le conferiría la CONVEMAR, reflejando una desarticulación entre aspiraciones geopolíticas y capacidades reales.

Colombia se encuentra vinculada de facto por muchas disposiciones de la Convención, al ser estas normas de derecho internacional consuetudinario. Sin embargo, su falta de ratificación impide su participación en órganos clave como la Comisión de Límites de la Plataforma Continental o la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, limitando su incidencia en la gobernanza de los bienes comunes marinos.

Además, la estrategia alternativa de acuerdos bilaterales no ha solucionado los conflictos con Nicaragua y Venezuela, generando un marco de ambigüedad normativa (Cadena & Devia, 2012) y perpetuando escenarios de tensión jurídica. Como señala Uquillas Prieto (2022), esta situación configura una paradoja jurídica en la cual Colombia se somete a obligaciones sin gozar de prerrogativas asociadas a su cumplimiento.

La ratificación de la CONVEMAR exigiría la armonización normativa en temas como delimitación marítima, conservación marina, pesca y patrimonio cultural. Implicaría actualizar leyes, fortalecer entidades estatales, y asumir compromisos internacionales. Igualmente, Colombia debería definir su postura frente a la jurisdicción de los mecanismos de solución de controversias: si los acepta plenamente o si formula reservas específicas. Además, podría convertirse en una oportunidad para fortalecer la cooperación con países del Caribe y del Pacífico en materia de gobernanza oceánica, lucha contra la pesca ilegal, protección de la biodiversidad y adaptación al cambio climático.

La decisión de no ratificar CONVEMAR se ha sustentado en argumentos que hoy resultan obsoletos desde una perspectiva jurídica y estratégica. La ratificación permitiría a Colombia actuar de manera más coherente en los escenarios internacionales, consolidar su presencia oceánica, y alinear su legislación con estándares internacionales. No se trataría de una cesión de soberanía, sino de una herramienta de fortalecimiento institucional y proyección geopolítica. No obstante, dicho paso debe ser precedido por un proceso amplio, participativo más allá del meramente institucional (cosa que por el momento no parece factible, ya que se sigue discutiendo a puerta cerrada y con la una limitada participación por parte de la academia) así como con un componente técnico que asegure una implementación responsable y beneficiosa, pero sobre todo que ponga en evidencia la necesidad de que Colombia se incorpore en la carrera por estar presente en la legislación internacional del mar en momentos en que el mismo derecho internacional parece ocupar un lugar más que secundario, razones más que suficientes para analizar una eventual ratificación de CONVEMAR cuando este tipo de instrumentos se perfila como una necesidad impostergable para una política oceánica moderna y coherente.

Bibliografía:

Lastra Mier, R. y Vergara Castaño, A. (2018). Territorios líquidos de Colombia. Espacios marítimos e insulares ante la legislación nacional e internacional. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Abello, R. & Arévalo, W. (2017). “The Influence of Latin-American Doctrine on International Law: The Rise of Latin American Doctrines at the Hague Academy during the Early Twentieth Century”, en Sorel, J.M. & Ojciklewicz, P. (Eds.), Latin America and the International Court of Justice: Contributions to International Law. Reino Unido: Routledge.

García, A. J. (1987). La Delimitación de Espacios Oceánicos: El caso Colombo-Venezolano. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Cadena, R. & Devia, A. (2012). Delimitación marítima y soberanía oceánica de Colombia.

Uquillas Prieto, A. (2022). El Derecho del Mar y su recepción en América Latina.

Vega-Barbosa, M., Serebrenik, E., & Aponte, A. (2018). Colombia y la CONVEMAR: Un análisis jurídico estratégico.

---

[1] Docente investigador. Facultad de Ciencias Jurídicas. Universidad del Atlántico. E-mail: robertolastra@uniatlantico.edu.co. UNESCO/IOC Ocean Expert Profile https://www.oceanexpert.net/expert/34168. ORCID https://orcid.org/0000-0001-6076-6452

Imagen: Pixabay (2019). Imagen de Mar báltico, Playa y Naturaleza. Extraído de: https://pixabay.com/es/photos/mar-b%C3%A1ltico-playa-alemania-costa-4136488/