30 de noviembre de 2018

Los factores políticos e institucionales como causa subyacente de la deforestación

Lina María Betancourth*

Tal y como lo indica el artículo de la revista Semana denominado “No hay cómo parar la deforestación”, fechado el pasado veintinueve (29) de septiembre del año en curso, la deforestación en Colombia ha incrementado tanto en las últimas tres décadas que se han perdido el equivalente a todo el departamento de Antioquia en bosques: 6 millones de hectáreas (semana, 2018); este fenómeno ha avanzado de manera exponencial y se ha concentrado particularmente en la zona de la Amazonia.

Ahora bien, cabe entonces preguntarse ¿por qué ocurre este fenómeno y qué hay detrás del mismo? Si analizamos el referido artículo de la revista, puede denotarse como en él se señalan varios factores directos para esta deforestación tales como: la minería ilegal, la ganadería, extracción de la madera, entre otras; no obstante, a pesar de que todas estas causas se encuentran estrechamente relacionadas con actividades humanas que impactan de forma directa a los bosques, todas ellas se encuentran altamente reforzadas por causas subyacentes que agravan esta problemática (IDEAM, 2018).

Por lo tanto, una de las causas subyacentes a destacar son los factores políticos e institucionales, por cuanto ellos se encuentran directamente relacionados con la toma de decisiones para la creación de políticas territoriales, ambientales y/o sectoriales sobre el uso de los suelos del país; en consecuencia, cuando esta relación no es armónica y se presentan contradicciones entre sus objetivos y resultados, la problemática de la deforestación se acentúa y agrava (IDEAM, 2018). Así, por ejemplo, tal y como lo manifiesta Ernesto Guhl, investigador ambiental en el artículo de la revisa Semana, las agencias y ministerios del Estado se contraponen en el tema. “Hay un plan maestro de transporte de la región amazónica liderado por la Vicepresidencia, que implica cosas como la hidrovía del Caquetá o el dragado del río Putumayo aguas abajo de Puerto Asís. Esas acciones van en contravía de una política de conservación (semana, 2018)”.  Por lo tanto, de la misma forma en que lo señala el investigador, el Estado presenta grandes inconsistencias al momento de tomar decisiones sobre políticas sectoriales que incentivan el problema de la deforestación.

Ahora bien, tampoco se debería desconocer los límites que el mismo Estado ha intentado establecer mediante diversas políticas ambientales y territoriales, especialmente a partir de la Constitución Política de 1991, así como la demás normatividad proferida sobre el particular desde antes de la constitución y fortalecida a partir de ella; todas las cuales han buscado robustecer el sistema de áreas protegidas y participación de los actores territoriales (IDEAM, 2018).

No obstante, muchas de estas políticas, normas y entidades encargadas de asuntos vitales para la gestión de los temas ambientales no han logrado ser lo suficientemente fuertes y ello se debe particularmente al efecto directo que han tenido los problemas sociales de algunas regiones tales como: el conflicto armado.

Tanto es así, que en el referido artículo se afirma como sin importar la declaratoria o rango del territorio, bien sea Parque Nacional, Reserva de la Nación o Patrimonio de la Humanidad, las talas avanzan particularmente en la zona de la Amazonía; en este sentido, así como se afirma en el texto de la revista, existe inclusive una mafia completa acerca del tema donde hay un fuerte mercado de ‘commodities’ (semana, 2018).

En consecuencia, la falta de mecanismos políticos contundentes permite la proliferación de este fenómeno, lo cual está directamente asociado a prácticas ineficientes de uso del suelo, modelos de desarrollo inadecuados y que no corresponden con las características ambientales y/o potencialidades ambientales del territorio colombiano que ofrecen este tipo de áreas, así como la relación que se ha venido mencionado a lo largo de este escrito,  que existe entre las políticas dirigidas a combatir las actividades ilegales y los procesos de deforestación, haciendo énfasis en las políticas relacionadas con los cultivos de uso ilícito y las drogas (IDEAM, 2018).

De esta forma, el mismo artículo de la revista plantea estrategias de refuerzo que solo buscan la implementación de una legislación severa que busca remediar esta situación. Sin embargo, tal y como lo ha afirmado el IDEAM, una política más enfocada hacia la realización de acuerdos con los actores del conflicto tiene mayores posibilidades de éxito (IDEAM, 2018).

Además de lo anterior, también resulta claro que el mismo Estado colombiano ha permitido que la mayor parte de su territorio, sobre todo aquel que se encuentra en la zona más boscosa, haya sido abandonado y a merced de clase de problemas sociales a lo largo de su historia. No obstante, esto sucede dado la incapacidad institucional reflejada tanto en aspectos fiscales como en temas de seguridad, así como el monopolio de la violencia (IDEAM, 2018).

Pese a lo anterior, el Ministerio de Ambiente anunció que presentará ante el Congreso un proyecto de ley para crear un consejo nacional de lucha contra la deforestación para atacar este flagelo desde los poderes Ejecutivo y Judicial. Esto, con el fin de que sea una instancia alta para enfrentar un problema ambiental de la mayor gravedad (semana, 2018).

Así mismo, el viceministro de Ambiente, Roberto Esmeral, explicó que este consejo adelantará acciones ejemplarizantes, tanto administrativas como penales, de diferentes instituciones y estará integrado por los ministerios de Ambiente, Defensa, Justicia, Minas, la Procuraduría, la Policía Nacional, la Fiscalía y el Comando General de las Fuerzas Militares (semana, 2018).

No obstante, mientras esta operación entra en funcionamiento, varias entidades estatales desplegaron estrategias, por ejemplo, la Fiscalía anunció un nuevo equipo de ocho fiscales especializados en lo ambiental para investigar las estructuras criminales responsables de la pérdida de bosque en las zonas más afectadas por esta problemática (semana, 2018). Así mismo, la Policía Antinarcóticos, dio a conocer su plan ‘Resembrando país’, en alianza con Parques Nacionales Naturales, con miras a adelantar acciones de erradicación de cultivos ilícitos  (semana, 2018). En todo caso, todas estas nuestras estrategias que se han desplegado por parte de las diferentes entidades del Estado buscan mitigar el fenómeno de la deforestación.

Finalmente, son estas políticas gubernamentales las que juegan un papel preponderante en el cambio y/o transformación de coberturas y uso de la tierra. Sin embargo, vale la pena destacar que esta es solo una de las multíplices causas subyacentes y, por consiguiente, ella debe relacionarse con otras causas, actores y factores que acentúan la deforestación.

Bibliografía

IDEAM, M. Y.-R. (2018). Caracterización de las principales Causas y Agentes de la deforestación a Nivel Nacional: Período 2005-2015. Obtenido de file:///C:/OneDrive%20-%20Colombina%20S.A/Downloads/Caracterizacion%20Causas_FINAL.pdf

Semana, R. (2018). No hay cómo parar la deforestación. Revista Semana.


*Estudiante Especialización en Derecho del Medio Ambiente