Una alerta sin precedentes: Alerta Temprana 001 por Deforestación en el Bioma Amazónico Vulneración de Derechos Humanos, de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson – FIO

La Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO) lanzó una alerta histórica por la Deforestación en el Bioma Amazónico enfatizando en cómo la creciente degradación de esta región genera grandes riesgos de vulneración de los derechos al medio ambiente sano y el equilibrio ecológico. Esta alerta, que lanza un SOS a los Estados, organismos multilaterales y la sociedad civil en general, insiste en la importancia y necesidad de abordar este tipo de problemáticas de forma articulada y conjunta por los países que conforman la región amazónica, pero también por otros Estados que tienen la responsabilidad de cooperar y contribuir con esta causa.

Por: Juliana Hurtado Rassi

Las Defensorías del Pueblo de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, cuyos países actualmente integran la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO)[1] emitieron el pasado 17 de abril la Alerta Temprana, relacionada con los graves riesgos de vulneración de los derechos al medio ambiente sano y el equilibrio ecológico, asociados a la creciente deforestación en la región Amazónica.

Es importante mencionar que a los países emisores de esta Alerta los rige un mandato que se enfoca en promover y proteger los derechos humanos, el cual surge especialmente de los principios de París, instrumento según el cual las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, serán competentes en el ámbito de la promoción y protección de los derechos humanos, para lo cual tendrán la atribución de presentar recomendaciones e informes respecto de cuestiones específicas que deriven en la vulneración de los derechos humanos.

Esto es precisamente lo que esta Alerta representa para el Bioma Amazónico, pues como se indica en este mismo documento presentado por la FIO, la comunidad científica ha encendido las alarmas pues se está cerca de llegar a un “punto de no retorno” y por esta razón durante los últimos años se ha insistido en la necesidad de adoptar medidas urgentes que contribuyan con la implementación de soluciones determinantes que conlleven a que esta región pueda seguir cumpliendo el rol fundamental que tiene para alcanzar las metas de desarrollo sostenible y a su vez la preservación del planeta.

Con base en todo lo anterior, las Defensorías de los países en mención se unieron en torno al interés común de salvaguardar el Bioma Amazónico, identificando diversos riesgos de violación a los derechos humanos asociados a la deforestación, y bajo la metodología de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo de Colombia, se estudiaron las amenazas, vulnerabilidades y capacidades que rodean a esta problemática en los diferentes países y que a su vez se entrecruzan con el riesgo por el cambio climático.

Entre las diferentes amenazas generadas por la deforestación en el Bioma Amazónico esta Alerta destaca actividades como la minería ilegal, la expansión agrícola amenaza común para los cinco países entre otras como la minería ilegal, la Colonización y avance de la frontera agrícola, la ganadería extensiva en áreas de especial importancia ecológica, como sucede en Colombia en los Parques Nacionales Naturales, los cultivos de uso ilícito en países como Colombia, Bolivia y Perú, la apropiación de tierras, la infraestructura vial, la construcción de proyectos de represas hidroeléctricas, la presencia de actores armados en Colombia, entre otros aspectos.

Ahora bien, y en aras de identificar las vulnerabilidades, entendidas como aquellos factores y características que incrementan la susceptibilidad de sufrir daño en un territorio, grupo humano o comunidad debido a las amenazas mencionadas anteriormente, esta alerta identifico las siguientes: ausencia de Estado, necesidades básicas insatisfechas, la fractura del tejido organizativo, la falta de concordancia con la normativa vigente, y la estigmatización y hostigamiento de personas defensoras de derechos humanos y la naturaleza.

Este último aspecto se resaltó también en la Alerta 007 emitida por la Defensoría del Pueblo de Colombia en el mes de marzo de 2024, la cual toma aún más relevancia para el país, en este momento en el que se estudia por parte de la Corte Constitucional el Control de Constitucionalidad del Acuerdo de Escazú el cual propende por la protección de los derechos humanos de los defensores del ambiente en Colombia.

Por último, este documento identifica ocho escenarios de riesgo entre los que se pueden mencionar: No. 1: Riesgos de deforestación y contaminación en escenarios donde se desarrollan actividades de minería ilegal, No. 2: Riesgos de deforestación en escenarios donde se desarrollan proyectos de construcción de carreteras, proyectos de construcción de represas hidroeléctricas,  No. 3: Riesgos de deforestación por el incremento de zonas con presencia de cultivos de uso ilícito (Bolivia, Colombia y Perú),  No. 4: Riesgos de deforestación en escenarios de coexistencia y confluencia de actores en zonas de frontera, donde tiene lugar la explotación ilegal de oro, de tierras raras, explotación y tráfico de maderas y de fauna, No. 5: Riesgos de deforestación asociados al ejercicio de la autoridad y la gobernanza ambiental en áreas protegidas. No. 6: Riesgos de deforestación por el debilitamiento de las organizaciones sociales, especialmente de los grupos indígenas, quienes son amenazados, desplazados y sometidos por parte de grupos armados ilegales (Colombia) y organizaciones criminales, No. 7: Riesgos de deforestación asociados al cambio climático que trae consigo altos costos ambientales, sociales y económicos, con efectos que podrían ser irreversibles, y No. 8: Riesgos de deforestación asociados a la falta de concordancia de la normativa vigente.

Esta alerta recalca la estrecha relación que hay entre la supervivencia y el desarrollo humano y el ambiente, pues de la efectiva conservación de este último depende la existencia de los seres vivos, así como el efectivo ejercicio de los derechos fundamentales de las comunidades que habitan este territorio y de quienes dependemos de los servicios ecosistémicos que el Bioma Amazónico presta a toda la humanidad.

Además, insiste en la necesidad del trabajo conjunto entre los países para la efectiva conservación de este ecosistema que trasciende fronteras y que no solo clama por la articulación de acciones de los países que conforman el Bioma, sino también de los demás Estados, que entienden la importancia de la protección del Pulmón del Mundo y la estrecha relación que hay entre su protección y la vida de todos quienes habitamos la Tierra.

Así como he insistido en diferentes investigaciones académicas las diferencias políticas entre o dentro de los Estados no puede convertirse en una razón para la degradación ambiental, esto bajo el entendido de que la protección de los recursos naturales debe estar por encima de cualquier problema o desacuerdo social.

Este es un ejemplo más de que la naturaleza no conoce fronteras políticas y por eso la conservación y protección del ambiente y los ecosistemas debe pensarse de manera global.

Esta alerta, es sin duda alguna histórica, pues nunca se habían unido en una causa ambiental común tantas entidades de derechos humanos, lanzando un SOS a los Estados, organismos multilaterales y la sociedad civil en general en torno a la protección de un ecosistema del que depende la efectiva garantía de los derechos humanos de toda la humanidad.

¡Una vez más subrayo que para tener un mundo justo y en paz, debemos empezar por garantizar la efectiva conservación de nuestros ecosistemas y de esta forma garantizar una justicia ambiental!

Imagen: Tomada de https://www.defensoria.gov.co/aspirantes-sueltos/-/asset_publisher/ebtk/document/id/2772353

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[1] La Federación Iberoamericana del Ombudsman une a más de 100 representantes de Defensorías del Pueblo para promover la cooperación y el intercambio de experiencias en la protección de derechos humanos, guiados por su Estatuto y resoluciones de la Asamblea General y el Comité Directivo.