25 de julio de 2024

La protección penal del medio ambiente: análisis del régimen jurídico de la deforestación y las figuras penales en Colombia

Este tema es desarrollado por Ángela María Amaya Arias y Carmen Eloísa Ruiz López, en el capítulo de investigación “Delito de deforestación: análisis desde el derecho ambiental y el derecho penal” en el libro: “Derecho penal ambiental y reparación de daños a la naturaleza” (2022).

Por: Victoria Eugenia De la Cruz Torres

El derecho penal se ha legitimado para proteger el medio ambiente, reflejando la creciente preocupación por la crisis climática y ambiental. Lo anterior, ha llevado a un aumento de herramientas jurídicas para dicha protección. A nivel global, los delitos ambientales han incrementado, impulsando a los países a expandir su respuesta penal, incluyendo a Colombia.

Incluso, la Fiscalía General de la Nación reportó 422 capturas por delitos ambientales en 2021, destacando la minería ilegal, deforestación y daños a recursos naturales como los principales tipos presentados. En respuesta a esto, se expidió la Ley 2111 de 2021, creando los delitos de deforestación y su financiación y promoción. De lo anterior parte la creación de este artículo, que analiza el régimen jurídico de protección de los bosques, la problemática de la deforestación y las nuevas figuras penales desde perspectivas nacional e internacional.

El artículo considera que la deforestación y el daño ambiental son amenazas graves para la humanidad y la economía de los Estados. En Colombia, se ha considerado necesario proteger el medio ambiente mediante el derecho penal, adoptando una postura ecocéntrica que protege el medio ambiente y los recursos naturales de manera autónoma. Asimismo, a nivel regional, otros países de la Amazonía también han criminalizado la deforestación. En Brasil, la “Lei de crimes ambientais” sanciona penalmente la deforestación y la degradación de bosques y, en Bolivia, la Ley Marco de la Madre Tierra establece sanciones penales severas para delitos ambientales.

En el país, la protección administrativa de los bosques naturales ha sido insuficiente, por lo que se ha recurrido a la creación de la Ley 2111 de 2021. Anteriormente, el Código Penal no sancionaba directamente la deforestación, pero la nueva normativa tipificó la deforestación en el artículo 330, sancionando la tala, quema o destrucción de bosques sin permiso, con penas aumentadas para agravantes específicos.

En conclusión, los bosques naturales colombianos son cruciales por su biodiversidad, servicios ecosistémicos, y apoyo a comunidades tradicionales, especialmente en la Amazonía. A pesar de las normativas expedidas desde los años 50, la protección ambiental ha sido insuficiente. Aunque el Código Penal protege el medio ambiente de manera autónoma, algunos critican la creación de nuevas figuras criminales por posibles problemas dogmáticos. Por ende, se necesitarán algunos años para evaluar el impacto de los nuevos tipos penales y la discusión sobre el “ecocidio”.

Cita: Amaya Arias, Á y Ruiz López, C.  (2022). Delito de deforestación: análisis desde el derecho ambiental y el derecho penal. Universidad Externado de Colombia.