Agroecología en Colombia: Análisis crítico del Proyecto de Ley sobre Agroecología (150/2024C), la Ley 2378 de 2024 sobre mercadeo agropecuario y el Decreto 780 de 2024 que regula los TECAM (Territorios Campesinos Agroalimentarios) 

Por: Javier Camilo Guevara Rodríguez* 

Introducción 

El marco normativo reciente en Colombia ha fortalecido las bases jurídicas para la promoción de la agroecología, el mercadeo agropecuario y la formalización de los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM). Ello, a través de cuerpos normativos que establecen políticas integrales para mejorar las condiciones de los campesinos, impulsar prácticas agroecológicas y garantizar la seguridad alimentaria en el país. Este análisis aborda tres normativas clave: el Proyecto de Ley sobre Agroecología (150/2024C), la Ley 2378 de 2024 sobre mercadeo agropecuario y el Decreto 780 de 2024 que regula los TECAM (Territorios Campesinos Agroalimentarios), destacando sus aportes y desafíos. 

Marco normativo y principales ejes 

El Proyecto de Ley sobre Agroecología (150/2024C) busca declarar de interés nacional la transición hacia sistemas agroecológicos, con énfasis en la protección de semillas nativas, el fomento de la educación ambiental e incentivos económicos. Además, propone la creación de la Dirección Nacional de Agroecología para liderar estas iniciativas. Su enfoque integral, combina prácticas ambientales con justicia social, reconociendo a la agricultura campesina, familiar y comunitaria como eje central del desarrollo rural. 

Por su parte, la Ley 2378 de 2024 establece lineamientos para la formulación de la Política Nacional de Mercadeo Agropecuario, estructurada en tres componentes: ordenamiento productivo, logística agropecuaria y comercialización. Esta normativa promueve circuitos cortos de comercialización, el uso agroecológico del suelo y la incorporación de tecnologías digitales para mejorar la eficiencia del sector. Además, enfatiza en enfoques diferenciales para garantizar la inclusión de poblaciones vulnerables, como mujeres rurales y comunidades étnicas. 

Por su parte, el Decreto 780 de 2024 reglamenta la creación y formalización de los TECAM, territorios destinados a la producción agroalimentaria y la conservación ambiental. Este Decreto destaca la importancia del Plan de Vida Digna como instrumento de planificación participativa y promueve la inclusión del campesinado en programas de reforma agraria, agroindustria y comercialización. También prioriza la protección de la biodiversidad y la gobernanza territorial, estableciendo procedimientos claros para garantizar derechos colectivos. 

Análisis crítico 

El conjunto de normativas analizadas muestra una intención clara del Estado colombiano de avanzar hacia un modelo agroalimentario más justo, sostenible y respetuoso con los derechos de las comunidades rurales. Sin embargo, varios aspectos requieren atención para garantizar su efectividad: 

• Implementación y recursos financieros: la implementación de estas leyes y decretos depende de la asignación de recursos económicos adecuados. Aunque las normativas prevén mecanismos de financiamiento, como en el caso de los Planes de Vida Digna de los TECAM, el cumplimiento efectivo dependerá de la voluntad política y la capacidad administrativa de entidades como la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR). Históricamente, la falta de recursos o su asignación insuficiente ha sido un obstáculo recurrente en la ejecución de políticas rurales en Colombia. 
• Coordinación interinstitucional: la interconexión entre diferentes entidades y programas plantea un desafío significativo. Por ejemplo, la Ley 2378 de 2024 y el Decreto 780 de 2024 abordan temas relacionados con la comercialización agropecuaria y la gobernanza territorial, pero podrían solaparse si no se establece una coordinación clara. La creación de mesas técnicas intersectoriales, aunque positiva, requiere mecanismos de seguimiento para garantizar la eficiencia. 
• Descentralización y participación comunitaria: la descentralización y la participación comunitaria son principios transversales en estas normativas. Sin embargo, la eficacia de estos enfoques dependerá de la capacidad organizativa de las comunidades campesinas y de la formación técnica que reciban. El Plan de Vida Digna del Decreto 780 de 2024 es un ejemplo destacable de planificación participativa, pero su éxito dependerá de que las comunidades tengan un papel activo y herramientas efectivas para intervenir en la toma de decisiones. 
• Enfoque diferencial y género: las normas incluyen enfoques diferenciales para reconocer las particularidades de las comunidades rurales, como las mujeres y las poblaciones étnicas. Este enfoque es relevante en un contexto donde la inequidad estructural ha limitado históricamente el acceso a tierras y recursos. Sin embargo, la implementación de estas medidas debe estar acompañada de indicadores claros de impacto para garantizar que no queden en el discurso.  
• Conservación ambiental y agroecología: la promoción de prácticas agroecológicas y la conservación de la biodiversidad son puntos centrales en las normativas. Sin embargo, el riesgo de conflictos entre objetivos productivos y de conservación persiste. Por ejemplo, las áreas traslapadas con reservas forestales pueden generar tensiones entre los derechos de las comunidades campesinas y las obligaciones ambientales del Estado. Esto subraya la necesidad de mecanismos de resolución de conflictos bien definidos. 
• Monitoreo y evaluación: aunque las normativas establecen mecanismos de seguimiento, como informes anuales o evaluaciones periódicas, no siempre se definen indicadores concretos para medir el progreso. La falta de datos confiables y accesibles podría dificultar la evaluación objetiva del impacto de estas políticas, especialmente en términos ambientales y de mejora en la calidad de vida de las comunidades rurales. 

Conclusión 

El marco normativo colombiano para la agroecología y el desarrollo rural plantea bases sólidas para transformar las dinámicas productivas y sociales del campo. Las leyes y decretos revisados reflejan un compromiso del Estado con la sostenibilidad, la equidad y el bienestar de las comunidades rurales. No obstante, su éxito dependerá de la implementación efectiva, la inclusión de actores locales y el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades en los territorios. 

Bibliografía: 

Agencia UNAL. (2024). Agroecología, práctica campesina de resistencia latinoamericana. Obtenido de agenciadenoticias.unal: https://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/agroecologia-practica-campesina-de-resistencia-latinoamericana

Congreso de la República de Colombia. (2024). Proyecto de ley para la promoción, desarrollo y transición a la agroecología en Colombia. Recuperado de: https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2024-09/PL.150-2024C%20%28AGROECOLOG%C3%8DA%29.docx 

Congreso de la República de Colombia. (2024, julio 15). Ley 2378 de 2024. Por medio de la cual se establecen los lineamientos para la formulación de la política nacional de mercadeo agropecuario y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. 

Presidencia de la República de Colombia. (2024, junio 24). Decreto 780 de 2024. Por el cual se adiciona el Título 26 a la Parte 14 del Libro 2 del Decreto 1071 de 2015 y se establecen los ajustes normativos para simplificar y agilizar los procedimientos de constitución, reconocimiento y formalización de Territorios Campesinos Agroalimentarios – TECAM. Diario Oficial 

*Abogado de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Especialista en Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Externado de Colombia y Tecnólogo en Sistemas Agroforestales de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD de Colombia. Asimismo, posee una Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo por la Universidad Nacional de Colombia. Correo: jacguevararo@unal.edu.do 

Imagen tomada de: Pixabay. (2016). Imagen de Café, Granos de café y Cesta. Extraído de: https://pixabay.com/es/photos/caf%C3%A9-granos-de-caf%C3%A9-cesta-1869343/