Algunas ideas para mejorar la financiación de las áreas protegidas en Colombia

Este tema es analizado por Juan David Ubajoa Osso y Luis Felipe Guzmán Jiménez en el capítulo de investigación “El marco jurídico colombiano de los instrumentos económicos y financieros para la gestión de las áreas protegidas" publicado en la obra colectiva “La conservación de la naturaleza. Su régimen jurídico en Colombia y España” (2018).

Por: Juan Diego Rodríguez Acuña

Con el paso del tiempo se ha consolidado la protección de las áreas protegidas colombianas a través de instrumentos económicos y financieros, sin embargo dichos instrumentos suponen ciertos inconvenientes que son analizados por los autores con el fin de identificar las principales falencias existentes en la materia y aportar algunas ideas aplicables en la esfera nacional e internacional.

Un tema de gran importancia según los autores es el relacionado con la escaza destinación de recursos asignados para las áreas protegidas. Al respecto, ponen de presente que, en América Latina y el Caribe existe por regla general un desempeño deficiente en la materia ya que en muchos países los recursos destinados a la protección de áreas protegidas no sobrepasa el 1% del presupuesto nacional.  Ahora bien, en el plano nacional la problemática del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) según explican, se debe a factores de distinta índole entre los cuales se resaltan dos: el institucional y el económico.

Los autores realizan también un recorrido por los instrumentos financieros derivados de la Constitución Política y de cuerpos normativos como la Ley 99 de 1993, los cuales  regulan el recaudo de recursos para sufragar actividades en el sector ambiental. En este punto, se pone de presente la necesidad de realizar una reforma estructurar y moderna al régimen jurídico de la áreas protegidas, habida cuenta de que existen actualmente muchos problemas asociados a falta de estandarización de categorías de protección ambiental.

A modo de conclusión, los autores plantean entre otras:

1. la necesidad de apreciar las áreas protegidas y su financiación como un asunto del Estado y no de los gobiernos de turno ya que ello conllevaría a una continuidad y una mejor planeación en los proyectos de inversión de áreas protegidas.
2. La necesidad de incrementar los ingresos en el plano nacional y regional con el fin de lograr una mejor protección de las áreas protegidas. Estos ingresos se pueden conseguir a través de fuentes de financiación diversas, estables y seguras entre las cuales ponen como ejemplo la cooperación internacional.

Cita: Guzmán Jiménez, L. F. & Ubajoa Osso, J. D. (2018). El marco jurídico colombiano de los instrumentos económicos y financieros para la gestión de las áreas protegidas. En La conservación de la naturaleza su régimen jurídico en Colombia y España (pp. 159-194). Bogotá: Universidad Externado de Colombia.