Nuestro planeta está enfermo y deteriorado y no es ninguna casualidad que al mismo tiempo la humanidad haya sufrido en el trascurso de los últimos meses los devastadores embates de la pandemia del Covid-19. Equilibrio ambiental y salud humana son al fin y al cabo dos asuntos directamente relacionados.
Como lo vienen admitiendo numerosos comentaristas en todas las áreas del conocimiento, la aparición intempestiva del COVID-19 llegó para afectar la salud humana, para impactar la actividad del Estado, los negocios, la economía, el rumbo de las políticas públicas, inclusive para dejar huella en las relaciones sociales y en las familiares. Nada más perturbador que ese virus para el diario vivir de los habitantes del planeta, pero también nada más retador que aprovechar el momento para reinventar la gestión del mismo Estado y de los particulares en muchos frentes de trabajo. En la medida en que muchas actividades no volverán a ser lo mismo, debemos intentar convertir una gran dificultad en una oportunidad.
Se tratan estas reflexiones sobre la maniobrabilidad de la participación ciudadana relacionada con la gestión ambiental en el marco de la virtualidad como forma de comunicación impuesta a raíz del Covid 19. El debate gira en torno a si esta nueva manera de relacionamiento es garantista del alcance dado a la intervención comunitaria por la estructura constitucional, o si, por el contrario, no está puesta a punto la tecnología y sus coberturas en los territorios para hacerlo viable con lo cual podría vulnerarse el acceso a una participación eficaz, amplia y suficiente.
Las disposiciones ambientales emitidas por el gobierno nacional debido a la situación de emergencia sanitaria con ocasión del COVID19, constituyen un reto para las autoridades ambientales del país y el sector empresarial, debido a los diferentes actos administrativos que han sido expedidos y que generan incertidumbre en el devenir de la gestión ambiental y el cumplimiento legal en las empresas. Nuevos aspectos de índole jurídico, como la fuerza mayor y el caso fortuito, salen a la luz para justificar actuaciones u omisiones que pueden afectar el medio ambiente, y por ende los riesgos legales para las compañías.
En los últimos años, altas cortes de países de nuestra región, han emitido sentencias ambientales de gran relevancia que modifican el paradigma jurídico que rige la relación humano-naturaleza. Sin embargo, algunas de ellas, han encontrado serias dificultades a la hora de su ejecución. Tomando como base instrumentos internacionales propios del Estado de derecho ambiental, es posible recopilar las principales causas y circunstancias que favorecen y dificultan el cumplimiento efectivo de las decisiones judiciales ambientales.
La nueva realidad que afecta al país representa retos importantes para la gestión y el Derecho Ambiental. Dos cuestiones recientes – licencias exprés y consultas previas virtuales – prenden las alarmas sobre posibles regresiones al nivel de protección ambiental alcanzado. El Principio de No Regresión se configura como una herramienta útil y necesaria para abordar estas posible regresiones, de cara a lograr el mejor equilibro entre la protección del medio ambiente y la superación de la crisis actual.
A raíz de algunos episodios de brote de malestares respiratorios presentados en Wuhan, China, se ha identificado una nueva enfermedad denominada COVID-19. Con ocasión de la rápida propagación del virus, se han implementado medidas sanitarias como la de evitar la aglomeración de ciudadanos en algunos países. Un aspecto interesante de la situación actual se refleja en el impacto positivo ambiental que se produce en materia de contaminación del aire con ocasión del estado de “cuarentena” de varias ciudades. Imágenes compartidas por la NASA, relevan datos relacionados con los niveles de dióxido de nitrógeno presentes en la atmósfera, en el territorio chino.
El calentamiento global de tres grados es el mínimo realista y la perspectiva de un aumento de cinco grados ha llevado a varios de los principales científicos del mundo a advertir el fin de la civilización humana. Sin embargo, los progresos realizados en la reciente Cumbre Global de Acción Climática (GCAS2018) constituyen una esperanza.
Tras los Acuerdos de Paz, y en particular después de la entrega de armas de las FARC, diversos espacios naturales principalmente ubicados en áreas declaradas de protección ambiental, que anteriormente era impensable visitar debido al conflicto armado que en ellas imperaba, ahora quedan al “descubierto”. Algunos son objeto del denominado turismo ecológico y otras están expuestas a la explotación de recursos naturales que en ellos existen.
Diana Quevedo Niño* En los últimos años ha incrementado la tendencia mundial a buscar la efectividad de las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático a través de pronunciamientos judiciales que ordenen al Estado el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en la lucha contra este fenómeno y/o que lo declaren responsable por los efectos del cambio climático en su país. Esta tendencia también ha llegado a Colombia al punto que de cara a la temporada de lluvias en el país se cuestiona la responsabilidad del Estado por los daños ocasionados debido a la falta de adaptación a los efectos del cambio climático que ya han sido identificados por algunas entidades estatales (IDEAM y UNGRD).