El proyecto de gas costa afuera más ambicioso de Colombia enfrenta un desafío que trasciende la producción energética: garantizar que su desarrollo sea compatible con los derechos de las comunidades y con las exigencias ambientales aplicables a los grandes proyectos de infraestructura.
El artículo 32 de la Ley 2294 de 2023 (Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026) incorporó las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) dentro de la determinante de segundo nivel del ordenamiento territorial (soberanía y seguridad alimentaria). Con la Resolución 161 de 2024, modificada parcialmente por la Resolución 289 de 2025, ambas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), se declararon las primeras APPA del país en el departamento de La Guajira. El 5 de octubre de 2026, con la Resolución 349, el MADR ha derogado las resoluciones 161 de 2024 y 289 de 2025.
El Departamento de Derecho del Medio Ambiente y Tierras de la Universidad Externado de Colombia presenta el episodio 11 del podcast Derecho Sostenible: “Los retos más importantes del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella en materia medioambiental”.
Nuestra Casa de Estudios y el Departamento de Derecho del Medio Ambiente y Tierras celebran con orgullo la designación de Luisa Fernanda Gaspar Gómez como nueva Subdirectora de Instrumentos, Trámites y Permisos Ambientales de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
El 13 de mayo de 2026, un tribunal arbitral constituido bajo el Convenio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) dictó laudo en el caso Mainstream Renewable Power Ltd. y otros vs. República Federal de Alemania, una controversia que plantea una cuestión particularmente relevante para el derecho internacional de las inversiones y el derecho ambiental: ¿hasta dónde puede un Estado modificar su regulación energética y climática sin desconocer las garantías otorgadas a los inversionistas extranjeros?
La recién anunciada Sentencia C-310 de 2026 de la Corte Constitucional marca un importante derrotero en materia de protección y bienestar animal, al declarar inexequible la excepción que permitía el uso de vehículos de tracción animal para actividades turísticas. La acción pública de inconstitucionalidad fue presentada en 2025. La decisión otorgó un plazo diferido de seis meses para que las entidades territoriales implementen programas de sustitución tecnológica y reconversión laboral, con el fin de garantizar tanto el bienestar animal como el mínimo vital de los conductores.
Autora: Lorena Garnica de la Espriella* La Sentencia SU-288 de 2022 de la Corte Constitucional[1] ordena a la Agencia Nacional de Tierras (en adelante, ANT) recuperar los bienes baldíos adjudicados mediante sentencias de pertenencia que carecen de antecedentes registrales o que, al momento de proferirse, no acreditaron el estándar probatorio de propiedad privada exigido por el artículo 48 de la Ley 160 de 1994 —esto es, título originario del Estado o «fórmula transaccional» (título inscrito con tradición de dominio por un lapso no inferior al de la prescripción extraordinaria)[2]. La duda que se plantea es si ese mandato de recuperación alcanza también a las sentencias de pertenencia proferidas y ejecutoriadas antes del 5 de agosto de 1994, fecha de entrada en vigencia de la Ley 160 de 1994. Con fundamento en el texto de la propia SU-288 de 2022, en el instructivo interno de la ANT sobre la materia y […]
Por: Roberto Lastra Mier (*) Fenómenos como el cambio climático, el ascenso del nivel del mar, la erosión costera y la presión urbana creciente sobre playas, terrenos de bajamar y otros espacios marino costeros plantean a Colombia un problema que no puede examinarse única y exclusivamente desde la gestión ambiental sectorial: también compromete la ordenación del territorio, la administración de los bienes de uso público, la prevención del riesgo y la coordinación entre autoridades cuyas decisiones coinciden sobre un espacio físico que cambia con el tiempo. La Planificación Espacial Marina (PEM) ofrece una metodología que permite integrar usos, ecosistemas, amenazas, actividades económicas y competencias institucionales en una lectura espacial y temporal común (Comisión Colombiana del Océano, 2017). Aunque en Colombia todavía no constituye un instrumento autónomo con efectos vinculantes con base en esta metodología, su presencia en ejercicios institucionales recientes y en la propuesta de actualización de la Política Nacional […]
Los Gases de Efecto Invernadero (GEI) han provocado una serie de afectaciones medioambientales y sociales como cambios en el clima, en la naturaleza y en la salud de las poblaciones. Estas emisiones al cubrir la tierra y atrapar el calor del sol, se convierten en la causa directa del calentamiento global y el cambio climático; y por ende, una situación que debe estar en la agenda regulatoria de los Estados. En virtud de ello y para materializar compromisos internacionales, las políticas nacionales de cambio climático establecen el desarrollo de instrumentos económicos y financieros como medio para avanzar hacia un desarrollo bajo en carbono.
El cierre de los proyectos mineros es una fase importante que se encuentra reglamentada en la Ley 685 de 2001 (Código de Minas). Esta fase debe incorporarse dentro del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto; y además, se trata de una obligación para el beneficiario de la concesión en poner en práctica todas las medidas ambientales necesarias para implementar esta fase. Sin embargo, el Decreto 0742 de 2026 complementa de manera importante la regulación respecto del cierre de minas con un mayor enfoque social, territorial y ambiental.