Derecho del Medio Ambiente y Tierras
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La Corte Constitucional prohíbe la tracción animal con fines turísticos: Cartagena marcó el camino

La recién anunciada Sentencia C-310 de 2026 de la Corte Constitucional marca un importante derrotero en materia de protección y bienestar animal, al declarar inexequible la excepción que permitía el uso de vehículos de tracción animal para actividades turísticas. La acción pública de inconstitucionalidad fue presentada en 2025. La decisión otorgó un plazo diferido de seis meses para que las entidades territoriales implementen programas de sustitución tecnológica y reconversión laboral, con el fin de garantizar tanto el bienestar animal como el mínimo vital de los conductores.

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Alcance interpretativo de la Sentencia SU-288 de 2022

Autora: Lorena Garnica de la Espriella* La Sentencia SU-288 de 2022 de la Corte Constitucional[1] ordena a la Agencia Nacional de Tierras (en adelante, ANT) recuperar los bienes baldíos adjudicados mediante sentencias de pertenencia que carecen de antecedentes registrales o que, al momento de proferirse, no acreditaron el estándar probatorio de propiedad privada exigido por el artículo 48 de la Ley 160 de 1994 —esto es, título originario del Estado o «fórmula transaccional» (título inscrito con tradición de dominio por un lapso no inferior al de la prescripción extraordinaria)[2]. La duda que se plantea es si ese mandato de recuperación alcanza también a las sentencias de pertenencia proferidas y ejecutoriadas antes del 5 de agosto de 1994, fecha de entrada en vigencia de la Ley 160 de 1994. Con fundamento en el texto de la propia SU-288 de 2022, en el instructivo interno de la ANT sobre la materia y […]

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Hacia una Gestión Coordinada de los Territorios Líquidos de Colombia. La Planificación Espacial Marina frente al Cambio Climático

Por: Roberto Lastra Mier (*) Fenómenos como el cambio climático, el ascenso del nivel del mar, la erosión costera y la presión urbana creciente sobre playas, terrenos de bajamar y otros espacios marino costeros plantean a Colombia un problema que no puede examinarse única y exclusivamente desde la gestión ambiental sectorial: también compromete la ordenación del territorio, la administración de los bienes de uso público, la prevención del riesgo y la coordinación entre autoridades cuyas decisiones coinciden sobre un espacio físico que cambia con el tiempo. La Planificación Espacial Marina (PEM) ofrece una metodología que permite integrar usos, ecosistemas, amenazas, actividades económicas y competencias institucionales en una lectura espacial y temporal común (Comisión Colombiana del Océano, 2017). Aunque en Colombia todavía no constituye un instrumento autónomo con efectos vinculantes con base en esta metodología, su presencia en ejercicios institucionales recientes y en la propuesta de actualización de la Política Nacional […]

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El Decreto 973 de 2026 y la consolidación de un marco regulatorio para los mercados de carbono en Colombia

Los Gases de Efecto Invernadero (GEI) han provocado una serie de afectaciones medioambientales y sociales como cambios en el clima, en la naturaleza y en la salud de las poblaciones. Estas emisiones al cubrir la tierra y atrapar el calor del sol, se convierten en la causa directa del calentamiento global y el cambio climático; y por ende, una situación que debe estar en la agenda regulatoria de los Estados. En virtud de ello y para materializar compromisos internacionales, las políticas nacionales de cambio climático establecen el desarrollo de instrumentos económicos y financieros como medio para avanzar hacia un desarrollo bajo en carbono.

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Sobre los lineamientos del cierre de minas: Una mirada en detalle sobre el Decreto 0742 de 2026

El cierre de los proyectos mineros es una fase importante que se encuentra reglamentada en la Ley 685 de 2001 (Código de Minas). Esta fase debe incorporarse dentro del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto; y además, se trata de una obligación para el beneficiario de la concesión en poner en práctica todas las medidas ambientales necesarias para implementar esta fase. Sin embargo, el Decreto 0742 de 2026 complementa de manera importante la regulación respecto del cierre de minas con un mayor enfoque social, territorial y ambiental.

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Territorios por Decreto: la Línea Negra y el riesgo de gobernar desde el escritorio

Autor: Johnny Alexander Uribe Ochoa[1] Extracto Luego de que el Consejo de Estado declarara la nulidad del Decreto 1500 de 2018, mediante el cual se redefinía el territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta a partir del sistema de espacios sagrados conocido como la Línea Negra, el Gobierno nacional expidió el Decreto 0514 de 2026 con el propósito de reconstruir el andamiaje jurídico de esa protección. La nueva norma no constituye únicamente un relevo normativo, es un nuevo intento por responder a una pregunta que Colombia ha evitado resolver durante más de tres décadas: ¿cómo garantizar jurídicamente la autonomía territorial indígena cuando el mandato constitucional de regular las entidades territoriales indígenas continúa incumplido? La nulidad del Decreto 1500 de 2018 dejó al descubierto un problema que va mucho más allá de la suerte de un acto administrativo. En realidad, puso […]

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La motivación del acto administrativo como control ambiental: el Consejo de Estado y las cuotas de pesca de tiburón (Resolución 350 de 2019)

Autora: Angela María Amaya Arias, Docente Investigadora A finales de 2019, las redes sociales en Colombia se llenaron de imágenes de tiburones y de un mensaje alarmante: el Gobierno, se decía, había autorizado “cazar tiburones” y comercializar sus aletas. La indignación fue inmediata. Colectivos ambientalistas y animalistas, ciudadanos y hasta universidades reaccionaron pidiendo por escrito retirar la norma, y la Procuraduría solicitó modificarla o revocarla por falta de información científica suficiente. En el centro de la tormenta estaba la Resolución 350 de 2019 del Ministerio de Agricultura, que fijó las cuotas globales de pesca para 2020. Casi siete años después, el Consejo de Estado tuvo la última palabra[1]. Y vale la pena contarla bien, porque —como en 2019— es muy fácil malinterpretarla. ¿Qué decía realmente la resolución? La Resolución 350 no “abrió” la caza de tiburones. Las cuotas de pesca de esta especie venían fijándose desde hacía años (125 toneladas […]

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Ecosistema de políticas públicas marino-costeras y oceánicas para Colombia. Una tarea pendiente.

Autor: Roberto Enrique Lastra Mier[1] Colombia ha construido durante las últimas décadas una arquitectura de políticas, planes, instancias e instrumentos destinados a ordenar la relación del Estado con sus mares, costas e islas. La Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y de las Zonas Costeras e Insulares (PNAOCI), la Política Nacional del Océano y los Espacios Costeros (PNOEC), el CONPES 3990 de 2020 junto con el marco de los Intereses Marítimos de Colombia integran un entramado que reconoce el carácter bioceánico del país y la necesidad de coordinar la protección ambiental, el desarrollo productivo, la seguridad marítima y la planificación territorial. No obstante, la multiplicación de instrumentos el tiempo ha demostrado que estos no garantizan por sí mismos una gobernanza eficaz, evidenciando que el problema central radica en la distancia entre la formulación programática y la capacidad real de producir decisiones obligatorias, coordinadas y verificables. […]