Corrupción y Medio Ambiente

Por: Luis Felipe Guzmán Jiménez[1]

[1] El objetivo de este corto artículo es plasmar algunas ideas en torno al binomio Corrupción y Medio Ambiente, en ningún caso busca analizar casos puntuales, sino la construcción de algunas propuestas para reformar la actuación administrativa del Sistema Nacional Ambiental (SINA) y su integración con la sociedad civil.

Luego de algunos foros académicos celebrados recientemente en Colombia dentro de los cuales se destacan, corrupción en Colombia: la peor forma de violencia[1], el diálogo como herramienta contra la corrupción y el clientelismo[2], foro sobre corrupción en el sistema judicial[3], entre otros, ponen en evidencia la necesidad de discernir en torno a esta problemática propia de los asuntos del Estado y el relacionamiento de los agentes de este y los privados específicamente en el Sector Ambiental[4], el cual es estratégico para el país.

Dentro de los antecedentes de esta preocupación se destacan a nivel internacional dos instrumentos internacionales relevantes en particular, por un lado, la Convención Interamericana contra la Corrupción suscrita por los miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), adoptada en 1996 por los Estados miembros y en el año 2002 puso en marcha el mecanismo que evalúa su cumplimiento, el cual se constituye para dicha época en el principal instrumento de cooperación para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en las Américas.

Por otro lado, está la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción del año 2004, siendo el instrumento internacional más importante para los temas asociados con la corrupción debido a su amplio consenso y ratificación del mismo, pues a la fecha cuenta con más de 140 miembros y obliga a que los Estados Parte adopten medidas locales para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción, así como promover, facilitar y regular la cooperación entre Estados. Y afirma tajantemente en el prefacio que: la corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana.

Estos dos instrumentos evidencian obligaciones sustanciales y procedimentales para el Estado Colombiano a fin de asumir responsabilidades en la lucha contra la corrupción; sin duda, el país ha sufrido problemáticas asociadas con la corrupción desde tiempos de la conquista; es decir, no es una situación nueva, al contrario, hace muchos años la padece, lo grave es que se ha convertido en permanente y transversal, tanto en el ámbito público como privado, y el sector ambiental no ha quedado atrás, por ello, es que hoy se cuestiona la legitimidad de las decisiones administrativas de las entidades que conforman el SINA y los criterios utilizados a la hora de construir los planes de inversión de los recursos destinados a las problemáticas ambientales en el nivel nacional como regional[5]

Lo anterior ha contribuido al deterioro ambiental de muchas regiones del país, donde se agravan las problemáticas ambientales asociadas con el recurso hídrico, minería, suelo, aire, hidrocarburos, fauna y flora, bosques, donde se destacan muchos casos, los cuales no serán objeto de análisis en este post[6].

Existen muchas soluciones para afrontar la corrupción en el sector ambiental,  pero dos en particular son esenciales para ello.  Uno de estos asuntos centrales para poder eliminar la corrupción es materializar lo que López (2006) llama el sueño weberiano, el cual consiste en comprender la estructura administrativa del Estado Colombiano como una administración pública meritocrática, experta, racional y apolítica para contribuir al desarrollo económico del país; resulta necesario repensar el derecho orgánico o estructural del Estado.

Y  por otro lado, un fortalecimiento institucional y apropiación de los mecanismos de participación ciudadana tales como las audiencias públicas ambientales, cabildos abiertos, consultas populares, derechos de petición, veedurías ambientales, por sus enormes potencialidades; por ello, es necesario consolidar el concepto de ciudadanía ambiental y gobernanza ambiental, pues la participación ciudadana es un elemento esencial y fundante del Estado Social de Derecho[7].

Referencias:

Araújo Oñate, R. (2011). Delimitación conceptual de la participación ciudadana administrativa. En A. VV, Retos de la democracia y de la participación ciudadana (págs. 85-115). Bogotá: Universidad del Rosario.

Boaventura de Sousa, S. (2004). Democratizar la democracia: los caminos de la democracia participativa. Fondo de Cultura Económica.

Monroy Cabra, M. (2011). La democracia representativa y participativa . En A. VV, Retos de la Democracia y de la Participación Ciudadana (págs. 3-29). Bogotá: Universidad del Rosario.

López, D. (2006). El sueño weberiano: claves para una comprensión constitucional de la estructura administrativa del Estado Colombiano. Revista de Derecho Público (1), 2-42.

Prats, J. (2007). Administración pública y desarrollo en América Latina. Un enfoque neoinstitucionalista. En A. VV, Lecturas sobre el estado y las politicas publicas: retomando el debate de ayer para fortalecer el actual. Buenos Aires: Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.

Rodríguez, M. (1996). La corrupción y la impunidad: dos grandes protagonistas del deterioro ambiental. Revista Ozono , 4-5.

[1] Convocado por un grupo de organizaciones privadas y la Presidencia de la República en el que participaron expertos sobre el tema, como el Presidente de Transparencia, José Ugaz, el delegado de la OCDE, Patrick Moullete, Pamela San Martín Ríos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral de México, entre otros.

[2] El cual fue organizado por el Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales-CIPE  de la Universidad Externado de Colombia, Transparencia Colombia y el Observatorio Político de América Latina y Caribe en el cual se discutió sobre el particular con panelistas como el Rector del Externado de Colombia, Juan Carlos Henao, el Embajador de Francia en Colombia, Jean-Marc Laforêt, funcionarios públicos, académicos, representantes de organizaciones sociales, empresarios y artistas, tanto de Colombia como de Francia.

[3] Organizado por la Universidad Externado de Colombia, contando con la intervención del Señor Rector Juan Carlos Henao, la Vicefiscal General de la Nación, María Paulina Riveros, Presidente del Tribunal Federal Tributario Alemán, Rudolf Mellinghoff, entre otros expertos.

[4] Entendiendo por este todas las entidades que conforman el SINA  y todos los actores privados que interactúan con este; a la cabeza de este sector se encuentra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS, rector de la gestión del ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de orientar y regular el ordenamiento ambiental del territorio y de definir las políticas y regulaciones las cuales están sujetas a la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente de la Nación, buscando asegurar el desarrollo sostenible. El MADS formula, junto con el Presidente de la República la Política Nacional Ambiental y de recursos naturales renovables, de manera que se garantice el derecho de todas las personas a gozar de un medio ambiente sano y se proteja el patrimonio natural y la soberanía de la Nación.

[5] Este panorama es reiterado en los países de América Latina, por ello Vid. (Prats, 2007).

[6] Vid.  (Rodríguez, 1996).

[7] Vid. (Araújo, 2011), (Boaventura, 2004), (Monroy, 2011).

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*Imagen tomada de http://sostenibilidad.semana.com/opinion/articulo/desafios-de-la-gestion-ambiental-en-colombia/37408