Después de 4 años de paso del Huracán Iota…

Se cumplen 4 años del paso del devastador huracán Iota por Providencia, y al día de hoy son innumerables las obras que no se han culminado, así como las promesas que se han incumplido. Los efectos del cambio climático día a día nos recuerdan la importancia de trabajar de una manera articulada en la ejecución de políticas de Estado que garanticen el bienestar de las comunidades más vulnerables, en este caso de quienes habitan en el departamento más sensible a los efectos del cambio climático: el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Por: Juliana Hurtado Rassi*

Se cumplen 4 años del paso del huracán Iota por el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, dos años del gobierno del presidente Duque en el que se llevó a cabo el proceso de reconstrucción de Providencia, y dos años del gobierno del presidente Petro, en el que desde sus inicios se plantearon una seria de compromisos con la población del Archipiélago que al día de hoy no se han cumplido.  

La realidad es que el proceso de reconstrucción durante estos últimos dos años no refleja los compromisos del gobierno actual. Las criticas (posiblemente justificadas) no recondujeron el rumbo de esta reconstrucción y mucho menos favorecieron el desarrollo e implementación de acciones que protejan los derechos de la población que habita estas islas.  Podría afirmar sin temor a equivocarme, que durante estos últimos dos años las entidades del gobierno nacional se han limitado al desarrollo de mesas de trabajo y escenarios de consulta previa ordenados por la Sentencia T333 de 2022 de la Corte Constitucional a la que tampoco se hace estricto seguimiento, y que sin duda alguna se está incumpliendo en su gran mayoría, por no decir totalmente.

Y es que, los únicos que hacen “control social” a las órdenes emitidas por este alto tribunal es la Autoridad Raizal, con un interés genuino, pues representan a la comunidad que vive en carne propia los efectos de obras sin culminar, basuras y escombros a lo largo de toda la isla, ausencia de albergues y refugios, contaminación por falta o daños en los pozos sépticos, ecosistemas que aun no se han restaurado, sumado a una constante preocupación de que una tormenta o huracán vuelva y acabe con lo que hay. Es importante mencionar que la Defensoría ha jugado un rol estratégico en el seguimiento a las órdenes, el acompañamiento de esta entidad en el proceso siempre fue prenda de garantía para las comunidades, sin embargo los informes enviados por la entidad que protege los derechos de todos los colombianos, especialmente de los más vulnerables no parecen haber sido revisados por el juez de primera instancia y la solicitud hecha a la Corte Constitucional para el desarrollo de una Audiencia de seguimiento a la fecha no ha surtido ningún efecto.  

En cuanto al proceso de reconstrucción se ha dicho mucho, hay críticas que parecían muy bien fundamentadas, y todo indicaba que se iba a corregir el rumbo de muchas acciones diseñadas y realizadas, sin ser consultadas previamente con las comunidades, por el afán de iniciar la reconstrucción.  Ahora, pensándolo bien, si el proceso de consulta ordenado por la Corte en el año 2022 se hubiera hecho como la normatividad de consulta previa lo exige, antes de haber llevado un solo bulto de concreto a Providencia, al día de hoy esta isla probablemente estaría igual a las imágenes estremecedoras del día siguiente al paso del huracán.

Ahora bien, definitivamente hay cosas que no quedaron bien hechas, y la idea es arreglarlas, mejorarlas, y si toca algunas de estas, en la medida de las posibilidades rehacerlas, pero desafortunadamente no se ha hecho nada nuevo, es decir actividades que quedaron pendientes para que el gobierno actual las culminara de la mejor manera no se han iniciado y tampoco se ha arreglado lo que no quedo hecho de la mejor manera.

RDC (Raizal Development Center Corporation) presentó un balance y alertas sobre el proceso de reconstrucción de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 2022-2024: urgencias y desafíos persistentes en el que plantea unas áreas críticas que demandan una acción inmediata: i) Finalización de construcción de albergues y refugios, a la fecha no hay ni un solo refugio construido, ii) Construcción de zonas seguras en las viviendas, iii) Recolección y remoción de escombros: un asunto prioritario por la contaminación que esto genera en la isla, son montañas de escombros que no se evacuaron durante el proceso de reconstrucción, a pesar de las advertencias, acciones judiciales y alertas del Ministerio Público (Procuraduría y Defensoría).

Nota: ojalá que para la construcción de las nuevas 100 viviendas y la adecuación de los albergues y refugios se tenga en cuenta presupuestalmente la evacuación de los escombros y residuos producidos durante esas obras. iv) Construcción de viviendas damnificadas fuera del EDAN, v) Nueva reparación por falencias en los materiales y en la construcción: para lo que se tiene presupuestado exigir las pólizas de garantía….

A todo lo anterior se suma que la entidad encargada de liderar el desarrollo de estas acciones es la UNGRD, entidad que actualmente está concentrada en atender las afectaciones de la ola invernal, y que se la pasa intentando apagar incendios en todo el país (en la mayoría de las ocasiones sin lograrlo). Por ejemplo, a la fecha no ha resuelto el tema de la Mojana, no hay un plan de acción para dar respuesta definitiva a la problemática de esta región.

Van 4 años del paso de un huracán categoría 5 que dejó destruida la joya de la corona del Archipiélago, dos años de la Sentencia T333 de 2022 que además de ordenar el desarrollo de la consulta previa para la ejecución de las actividades que no se habían culminado del PAE, también puso la lupa en otros asuntos relevantes a los que no se les ha hecho seguimiento, y más lamentable aún se siguen invirtiendo infinidad de recursos en la consulta previa que a la fecha no tiene acuerdos.

En conclusión, estamos viviendo una emergencia climática en la que los episodios de tormentas y huracanes cada vez serán más intensos y recurrentes, razón para que todas las entidades del Estado trabajen articuladamente en el diseño e implementación de estrategias de adaptación a los efectos del cambio climático, en el marco de políticas públicas que se estructuren pensando en su ejecución a corto, mediano y largo plazo, pues deben diseñarse como Políticas de Estado tenientes a garantizar el bienestar de todos los colombianos.  

Y en lo relacionado con la reconstrucción de Providencia, ojalá se avance en lo prometido, en lo consensuado con las comunidades, en sus verdaderas necesidades, en este caso excepcional el proceso de consulta previa post reconstrucción no puede ser la excusa para no dar continuidad a la ejecución de las obras que quedaron inconclusas o de aquellas que ya se tiene certeza de que deben ser realizadas. Este Archipiélago, resiliente en todo sentido, no soporta más huracanes y mucho menos más planes y promesas incumplidas, como las hechas por el gobierno Santos, que estructuró el famoso Plan San Andrés, después del duro golpe recibido por la decisión tomada por la Corte Internacional de Justicia de la Haya en el año 2012,  plan que tampoco se ejecutó y del que se han reciclado actividades para incluir en el plan de reconstrucción que saldrá como resultado de la Consulta Previa que al día de hoy sigue en veremos.

Y cierro con una frase del Secretario General de Naciones Unidas Antonio Guterres: “La financiación climática no es caridad, es inversión.
La acción climática no es opcional, es imperativa”, a lo que le agregaría, que la adaptación a los efectos del cambio climático en Colombia no se puede quedar en planes, proyectos y promesas, hay que pasar a la acción.

Referencias:

Raizal Development Center Corporation (2024). Balance y Alertas sobre el proceso de reconstrucción de San Andres, Providencia y Santa Catalina 2022-2024: urgencias y desafíos persistentes.

Sentencia T333 de 2022 de la Corte Constitucional. Derecho a la Vivienda Digna, Agua Potable, Saneamiento Básico y Ambiente Sano – Vulneración en el proceso de reconstrucción integral del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Defensoría del Pueblo (13 de marzo de 2024) Defensoría alerta acumulación de residuos sólidos, escombros y basuras que contaminan las islas de Providencia y Santa Catalina.

Imagen portada: Pixabay. (2013). Imagen de Key west, Florida y Naturaleza. Extraído de: https://pixabay.com/es/photos/key-west-florida-hurac%C3%A1n-dennis-81664/

Imágenes de texto: Juliana Hurtado Rassi.

*Docente del Departamento de Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Externado de Colombia.