El futuro de la interculturalidad: Riesgos y beneficios del Decreto ATEA

El Decreto ATEA (Autoridad Territorial Económica y Ambiental) tiene el propósito de consolidar la autonomía de las comunidades indígenas en aspectos económicos y ambientales, reconociendo su derecho al autogobierno territorial. Sin embargo, si no se implementa un enfoque de interculturalidad efectivo, puede surgir una mayor fragmentación territorial que beneficiaría a sectores históricamente poderosos como los terratenientes, gremios agroindustriales y constructoras. Este análisis crítico examina las implicaciones de la falta de diálogo intercultural y el riesgo de que los grupos que se han beneficiado de las divisiones sociales continúen consolidando su control sobre la tierra y los recursos naturales.

Por: Juan Camilo Ortega Betancur*

El Decreto Ley 1094 de 2024, que establece la Autoridad Territorial Económica y Ambiental (ATEA), se enmarca dentro de los esfuerzos del Estado colombiano por reconocer el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas, específicamente en el departamento del Cauca. Esta normativa permite que las autoridades indígenas gestionen sus territorios ancestrales en términos económicos, ambientales y sociales, reconociendo su derecho al autogobierno y estableciendo mecanismos de coordinación con las entidades públicas. Este avance, sin duda, representa un paso trascendental hacia el respeto de los derechos territoriales de las comunidades indígenas, pero también plantea desafíos significativos en términos de gobernanza y relación con otros actores territoriales.

Un aspecto crítico que surge del decreto es la potencial profundización de la división entre las comunidades indígenas y campesinas, lo cual, históricamente, ha sido aprovechado por sectores externos para consolidar su control sobre los recursos. La implementación del ATEA, sin una estructura adecuada de diálogo intercultural, puede generar tensiones territoriales, especialmente en zonas donde la frontera agrícola y los territorios ancestrales coinciden. Este problema no es nuevo: el reconocimiento de los resguardos indígenas y su expansión ha generado, en ocasiones, disputas con campesinos que ven amenazadas sus fuentes de subsistencia.

En este sentido, es relevante el riesgo de que los terratenientes, gremios agroindustriales y constructoras, históricamente beneficiados por la fragmentación social y territorial, aprovechen las divisiones para reforzar su posición. El decreto, al centrarse exclusivamente en el fortalecimiento de la autoridad indígena, corre el riesgo de marginar a las comunidades campesinas que también habitan en estas áreas, creando un vacío en la gestión territorial que puede ser explotado por estos sectores. La experiencia histórica en Colombia muestra que la fragmentación entre pueblos rurales ha permitido la consolidación del poder económico de grandes propietarios y empresarios en el campo, quienes han utilizado las divisiones para debilitar la resistencia de las comunidades locales.

El enfoque de interculturalidad que debería guiar la implementación del Decreto ATEA no se encuentra claramente desarrollado en el texto de la norma. Si bien se promueve la coordinación con entidades públicas, el decreto no establece mecanismos específicos para integrar a los campesinos y otros actores que también tienen intereses legítimos en la tierra. Esto genera una preocupación sobre la forma en que se gestionarán los recursos en territorios compartidos, y sobre cómo las decisiones de las autoridades indígenas podrían impactar a las comunidades campesinas, que ya han sido históricamente marginadas en los procesos de planificación territorial.

Un ejemplo relevante es la expansión de los proyectos agroindustriales en zonas como el Cauca, donde las disputas por la tierra han facilitado la apropiación de grandes extensiones por parte de gremios agroindustriales. La falta de una estructura de diálogo intercultural y de una participación amplia puede resultar en una gestión territorial fragmentada, que termine beneficiando a los sectores más poderosos. Además, el control sobre los recursos naturales, especialmente el agua y la tierra cultivable, ha sido un tema de conflicto entre las comunidades rurales, y sin una integración adecuada, el decreto podría exacerbar estas tensiones.

En términos prácticos, la falta de mecanismos de gobernanza que promuevan la inclusión de las comunidades campesinas podría debilitar la legitimidad de la Autoridad Territorial Económica y Ambiental (ATEA). Sin una visión de conjunto que incluya a todos los actores que dependen del territorio, el riesgo es que se genere una mayor desconfianza entre las comunidades, lo cual, a largo plazo, podría debilitar el mismo objetivo del decreto: promover una gestión autónoma y sostenible de los territorios indígenas.

La crítica fundamental al Decreto ATEA, desde la perspectiva de la interculturalidad, es que no aborda de manera efectiva las complejas dinámicas sociales que existen en los territorios rurales de Colombia. El enfoque centrado únicamente en los derechos indígenas, aunque necesario y justo, debe ser complementado con un marco de participación que incluya a los campesinos y otros actores territoriales. Solo a través de un diálogo intercultural real, que promueva la colaboración entre pueblos, se podrá evitar que los sectores históricamente beneficiados por la división social, como los terratenientes y gremios agroindustriales, continúen explotando estas divisiones para sus propios intereses.

El Decreto ATEA representa un avance significativo en el reconocimiento de la autonomía indígena, pero su éxito dependerá en gran medida de la capacidad del Estado y las comunidades de implementar un verdadero enfoque intercultural. Si no se toman medidas para integrar a las comunidades campesinas y otros actores territoriales en la gestión de los recursos, el decreto corre el riesgo de perpetuar las divisiones sociales que han sido aprovechadas por sectores poderosos. El reto para las autoridades será construir un marco de gobernanza que promueva la inclusión, el diálogo y la cooperación, garantizando que todos los actores que habitan los territorios rurales tengan una voz en su gestión. Solo a través de la interculturalidad será posible transformar estas divisiones en oportunidades de desarrollo colectivo, evitando que los beneficios queden, como siempre, en manos de los mismos actores de poder.

Imagen: Pixabay. (2015). Imagen de Colombia, Rio y Naturaleza. Extraído de: https://pixabay.com/es/photos/colombia-rio-naturaleza-bosque-987967/

*Abogado especialista en Derecho de Tierras y académico

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