La Justicia Ambiental en la jurisprudencia de la Corte Constitucional

Este tema es analizado por Luis Felipe Guzmán Jiménez en el capítulo de investigación “La justicia ambiental en la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia. Especial referencia a la Sentencia T-704 de 2016" publicado en el libro La Corte Ambiental. Expresiones ciudadanas sobre los avances constitucionales (2018).

Por: Luis Felipe Guzmán Jiménez

La Justicia Ambiental parece remontarse a la década de los ochenta. Específicamente al verano de 1978, donde más de 114.000 litros de aceite contaminado con ploricloruros de bifenilo (PCB) se derramaron en 322 kilómetros en el este y en el centro del Estado de Carolina del Norte, en los Estados Unidos. La empresa Ward Transformers Company con sede en Raleigh era la poseedora de dichos residuos pactó con la transportadora Robert Burns el transporte de los residuos líquidos mencionados. Este negocio jurídico se surtió entre las partes, haciendo una aclaración y es que para la época de los hechos está prohibido el vertido incontrolado de este contaminante por la Toxic Substances Control Act de 1976.

Como resultado de ello, se ordenó la construcción de un lugar para hacer la disposición de estos residuos en el Estado de Carolina del Norte, en la ciudad de Warren, que es un lugar habitado por afroamericanos y con problemas asociados a la pobreza. Esta orden administrativa fue objeto de protestas pacíficas y cerca de 500 arrestos en la ciudad, pues habían escogido este lugar para realizar la disposición final de estos debido a la composición racial de los pobladores. Es decir, la justicia ambiental nace como movimiento en los Estados Unidos, producto de acciones gubernamentales de racismo ambiental, lo cual ha generado un impacto en la aldea global, es decir, un proceso de recepción por parte de los países de sistema romano-germánico y common law.

Este fenómeno no ha sido ajeno a la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia, por ello en este artículo analizaremos uno de los fallos que la incorporan al orden constitucional, el cual es usado por el juez constitucional para resolver los diversos conflictos ambientales que afronta el país, como el analizado de la Comunidad Indígena Media Luna Dos en el proyecto Comunidad Indígena Media Luna Dos. Recientemente el investigador, LUIS FELIPE GUZMÁN JIMENEZ publicó un artículo de investigación relacionado con la Justicia ambiental en la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia (especial referencia a la Sentencia T-704 de 2016). «La justicia ambiental en la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia. Especial referencia a la Sentencia T-704 de 2016» en una obra colectiva «La Corte Ambiental» proyecto coordinado por la  Heinrich-Böll-Stiftung.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia ha ejercido un papel central en materia de preservación ambiental, pues además de garantizar el derecho a gozar de un ambiente sano ha generado insumos necesarios para el diseño de políticas públicas ambientales; en el caso analizado, este precedente es muy relevante, pues por primera vez se incorpora en una fuente del derecho el concepto de justicia ambiental y a partir de este se van a ir analizando cada una de las manifestaciones de las mismas, como es el caso de la participación ciudadana, justicia climática, ordenamiento territorial, desarrollo rural, entre otros.

Sostiene Guzmán Jiménez que: «la justicia ambiental está llamada a articular la actuación de las distintas ramas del poder público: judicial, legislativa y ejecutiva; todas las actuaciones del Estado en su conjunto deberán hacerse con el tamiz de los derechos ambientales y en garantizar el estado de derecho ambiental, la democracia sustentable y la solidaridad intergeneracional. Estas tres categorías jurídicas son el mayor reto del estado posmoderno para afrontar los conflictos ambientales, pues estas problemáticas se han convertido en el riesgo más alto en los grandes proyectos extractivos y de inversión en el mundo; por ende también es un asunto del sector privado, y por lo tanto debe dársele juridicidad al riesgo social para mitigar sus efectos y garantizar la sustentabilidad del planeta».

La referencia completa del mencionado artículo es: «La justicia ambiental en la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia. Especial referencia a la Sentencia T-704 de 2016» La Corte Ambiental. Expresiones ciudadanas sobre los avances constitucionales. En: Colombia. ISBN: 978-958-741-883-5  ed: Fundación Heinrich Böll (pp .177- 198),2018.

Consulte la obra en el siguiente link: https://co.boell.org/sites/default/files/la_corte_ambiental_version_web.pdf