La sed del algoritmo: cuando la inteligencia artificial deshidrata el futuro

La expansión algorítmica de la Inteligencia Artificial (IA) ha revelado una "sed oculta", disparando la demanda de agua y energía para sus centros de datos (UNESCO / El País, 2025). Este consumo desproporcionado exacerba la escasez hídrica en lugares como América Latina, donde el 83% de los niños en Chile ya están expuestos al estrés hídrico (UNICEF / El Mostrador, 2025), y plantea un dilema de racismo ambiental (EFEverde, 2025) que el derecho debe atajar con un enfoque agroecológico y comunitario

Por: Javier Camilo Guevara Rodríguez*

La sed oculta del capital algorítmico

El desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA), motor de la cuarta revolución industrial, presenta una paradoja legal y ecológica urgente: sus centros de datos, los verdaderos cerebros de la IA demandan volúmenes crecientes de agua para enfriar los servidores. La IA «viene por el agua» extrayéndola de acuíferos y fuentes superficiales, lo que implica un desplazamiento en el uso de consumo hídrico (El Financiero, 2025). Esta demanda no es trivial; la UNESCO, en conjunto con El País (2025), alertó que el auge de la IA está disparando la demanda de agua, energía y minerales críticos.

La construcción desenfrenada de estas infraestructuras por parte de las principales empresas tecnológicas (AJ+ Español, 2025), muchas veces ubicadas estratégicamente para optimizar el cómputo y no la sostenibilidad, ha generado un «costo hídrico del mundo digital» que se traduce en una sed oculta con potencial de conflictos por el agua (Conflictos, 2025). Este impacto hídrico es una preocupación global que se suma a la masiva emisión de CO2 generada por el entrenamiento y funcionamiento de los modelos de IA (Climaterra, 2025; The Guardian, 2024), revelando la inmensa huella ecológica detrás de la promesa digital.

El problema es particularmente palpable en regiones vulnerables. Mientras que el poder corporativo sigue adelante con sus planes de expansión (OHCHR, 2025), como la construcción de nuevos data centers, países como Brasil enfrentan sequías severas, desatando una polémica hídrica que pone en jaque la pobre narrativa de “sostenibilidad” de los gigantes tecnológicos (FayerWayer, 2025). Por ello, organismos internacionales, como la ONU, han solicitado frenar la expansión de estos centros de datos que alimentan la IA (ONU / Wired, 2025), un llamado que exige una respuesta legal contundente para replantear la ética de este desarrollo tecnológico (Virtua Barcelona, 2025).

La deuda hídrica y el espejo de América Latina

El consumo desmedido de agua y energía por la IA es un asunto de justicia territorial y ambiental, una verdad cruda que se refleja en la inestabilidad del suministro energético regional (BBC Mundo, 2025) y en la crisis hídrica que azota a nuestros pueblos. Mientras las grandes tecnológicas promueven una narrativa de innovación, la vida cotidiana en América Latina (incluidos México, Brasil y Chile) cuenta otra historia: escuelas que cierran por desabasto, comunidades con enfermedades por falta de agua limpia y servicios básicos intermitentes. América Latina se vuelve atractiva por su tierra más barata, normativas flexibles y reservas de agua aún disponibles, pero esa disponibilidad tiene límites.

Las cifras son un espejo de la inequidad y el riesgo sistémico. El futuro digital necesita agua para existir; no siempre la deja para quienes la necesitan hoy. El 83% de los niños en Chile está expuesto a altos niveles de escasez hídrica (UNICEF / El Mostrador, 2025). En zonas del centro de México, comunidades cercanas a nuevos centros de datos reportan cortes de agua que duran días o incluso semanas, junto con riesgos para la salud asociados a la falta de suministro constante. Lo que para la industria es enfriamiento, para muchas ciudades es desabasto, ya que cada servidor necesita miles de litros para mantenerse en operación. Este escenario de despojo, donde el agua se destina al cómputo en lugar de asegurar la alimentación o la salud, configura un dilema de racismo ambiental, concepto abordado en la por Colombia (La Silla Vacía, 2025) en la Declaración de Belém frente al fracaso de la COP30 (EFEverde, 2025; GDA, 2025).

Desde la perspectiva del derecho, la prioridad debe ser la gestión integrada del recurso hídrico, donde el enfoque se centre en el bienestar de la cuenca y la participación comunitaria, buscando cambiar la aproximación dominante sobre el agua (El Espectador, 2025). La paradoja es evidente: la región que sostiene parte del futuro digital vive con servicios básicos intermitentes. Esto requiere que la ley reconozca el «impacto hídrico» de la IA (Virtua Barcelona, 2025) no solo como un balance de litros, sino como un conflicto ético y legal por la soberanía sobre el territorio. La escala real del impacto ambiental sigue siendo opaca, contrastando directamente con el modus operandi del poder corporativo en los sistemas alimentarios (OHCHR, 2025), revelando que el progreso puede ser global, pero los sacrificios siguen siendo locales.

Hacia una jurisprudencia agroecológica y propositiva

Para enfrentar esta crisis, es indispensable una respuesta legal que promueva una transición energética y hídrica justa, basada en la agroecología y el principio de no daño. El derecho debe propiciar el desarrollo de modelos que minimicen el impacto ambiental de la tecnología, tomando como referencia ejemplos globales que demuestran la viabilidad de la energía limpia.

Uruguay, por ejemplo, ha logrado que su matriz energética sea renovable en un 98% a 99% (DW, 2025; Noticias Ambientales, 2025), demostrando que el cambio es posible. Este tipo de avances es crucial, ya que la demanda energética de los data centers es masiva (RTVC Noticias, 2025). En Colombia, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA, 2025) ha reportado avances en la aprobación de proyectos solares, una señal de que el camino hacia energías menos contaminantes se está trazando.

No obstante, la solución no es meramente técnica, es legal y sistémica. Debemos fomentar innovaciones que no solo usen energía limpia, sino que reduzcan la necesidad de recursos primarios. La inauguración del primer centro de datos submarino de China, alimentado por energía eólica y que logra un ahorro energético del 228% (Ecoinventos, 2025), muestra que existen alternativas para reducir la «sed oculta» de la IA.

Finalmente, una jurisprudencia con enfoque agroecológico debe reconocer que la implementación de infraestructuras tech y de energías renovables no debe minar la soberanía alimentaria ni los derechos humanos en los sistemas alimentarios, tal como lo señala la OHCHR (2025). El futuro del derecho ambiental debe enfocarse en cómo la infraestructura digital se integra, y no se impone, sobre los ecosistemas locales y los derechos de las comunidades al agua.

Conclusión

El dilema del agua que impone la IA es un mandato a la reingeniería legal: no se trata de prohibir la tecnología, sino de obligarla a ser biocompatible y comunitaria. Si la ley no pone límites al consumo desproporcionado de la IA en zonas de estrés hídrico, avala la deuda ecológica con el Sur Global y con las generaciones futuras. Lo que nos lleva a preguntanos: ¿cómo podemos, desde el derecho ambiental, establecer la primacía del ciclo hidrológico y la soberanía alimentaria sobre la expansión de los data centers, garantizando que la inteligencia artificial sirva a la vida y no a su agotamiento?

Bibliografía

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*Abogado Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Especialista en Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Externado de Colombia. Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia. Tecnólogo en Sistemas Agroforestales de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Correo: jacguevararo@unal.edu.do

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