La transición justa en los mercados de carbono: del precio al valor socioambiental en América Latina

En el escrito se analizan los mercados de carbono en América Latina desde la perspectiva de la transición justa, se cuestiona su capacidad de promover la justicia ambiental más allá de la eficiencia económica y se expone la necesidad de un enfoque jurídico que garantice participación, transparencia y distribución justa de beneficios en la acción climática. 

Por: Daniel Meléndez Chapetta*

Los mercados de carbono se han consolidado como las herramientas mas promocionadas para lograr las metas globales de mitigación del cambio climático. En América Latina, países como Brasil, Colombia, Chile y México han implementado impuestos, cupos transables o programas de compensación voluntaria con la finalidad de fijar precio a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).  Estos esfuerzos han generado un optimismo económico sobre el mercado, donde en algunas ocasiones se ha dejado de responder una pregunta fundamental: ¿pueden los mercados de carbono promover una verdadera justicia ambiental, o simplemente trasladan la lógica financiera a los ecosistemas?

Una de las principales razones por las cuales estos mercados se han consolidado es la creciente necesidad de destinar recursos para la restauración y conservación de ecosistemas estratégicos, pero esto también ha permitido visibilizar tensiones sociales, principalmente en territorios colectivos e indígenas, donde la comercialización de créditos de carbono sin mecanismos como la consulta previa ni el control estatal han generado controversias sobre la propiedad, la autonomía y los beneficios de estos ecosistemas. Es por esto que el debate sobre los mercados de carbono ya no es solo técnico o económico, sino político y jurídico: los mercados de carbono se están jugando también el sentido de la justicia climática en la región.

El mercado de carbono: un instrumento en disputa.

En términos generales, existen dos enfoques principales. En el primero, de cumplimiento, los gobiernos establecen límites de emisión que permiten la compra o venta de derechos de emisión entre los actores regulados; en el segundo, mercado voluntario, las empresas o personas compensan sus huellas de carbono obteniendo créditos certificados procedentes de iniciativas de reducción o de captura. Ambos modelos están centrados en la eficiencia económica: que reducir emisiones cueste menos que contaminar.

En ambos enfoques su efectividad dependerá de la transparencia en la medición, reporte y verificación (MRV) y de la integridad ambiental. Según el IPCC (2023), cerca del 40 % de las emisiones cubiertas por mercados globales provienen de sectores difíciles de fiscalizar, y una parte significativa de los créditos, no reflejan reducciones reales. En América Latina, estudios del Carbon Pricing Leadership Coalition y del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (CPLC, 2023; UNEP, 2024) advierten que la débil capacidad institucional y la falta de regulación nacional generan riesgos de “greenwashing”, especialmente en los mercados voluntarios. Promoviendo que un mecanismo pensado para financiar la restauración y la conservación se torne en un espacio de asimetrías jurídicas y económicas.

La transición justa: más allá del precio del carbono

Retomando el concepto de transición justa mencionado por la CEPAL (2024), donde se define que la descarbonización de la economía debe garantizar equidad social, respeto por los derechos humanos y sostenibilidad territorial. En los mercados de carbono se debería redefinir el precio como la simple valoración económica de una tonelada de CO₂, a un valor socioambiental: un reconocimiento del territorio, sus habitantes y sus servicios ecosistémicos.

Trabajar para una transición justa necesita redefinir cuales son los indicadores del éxito climático, estableciendo que no es suficiente con la reducción de emisiones globales, sino que también se debe incluir que las comunidades que habitan y custodian los bosques sean las primeras y principales beneficiarias de la acción climática. Como señala la ONU (2023), los mecanismos de mercado deben alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Desafíos jurídicos para una transición justa

Retomando las premisas que se describieron anteriormente, podemos decir que el principal reto de la región no es técnico, sino normativo. No existen marcos claros para inversionistas ni para las comunidades, lo que genera inseguridad jurídica. En Colombia, el Programa Nacional de Cupos Transables de Emisión (PNCTE) creado por la Ley 1931 de 2018, hasta el momento no cuenta con una reglamentación definitiva, lo que le ha permitido al mercado voluntario desarrollarse sin una entidad que supervise los contratos, la distribución de beneficios o el cumplimiento de los estándares de verificación y certificación.

La Corte Constitucional de Colombia ha venido generando un camino hacia un enfoque de derechos en materia ambiental, sentencias como la T-622 de 2016 (Corte Constitucional, M. P. Palacio Jaramillo) y la T-282 de 2022 (Corte Constitucional, M. P. Lizarazo Ocampo), han consolidado a la naturaleza y las comunidades que la habitan como titulares de protección reforzada. En el ámbito internacional, el Acuerdo de Escazú (2021) y el Artículo 6 del Acuerdo de París (2015) establecen parámetros de transparencia, participación y cooperación que deberían orientar la regulación regional de los mercados de carbono.

Concluyendo podemos decir que el desafío jurídico se centra en poder armonizar las reglas del mercado con los principios de prevención, precaución, equidad intergeneracional y participación ciudadana. Una regulación efectiva debería garantizar la trazabilidad de los créditos, la obligación de consulta previa para proyectos en territorios étnicos, la incorporación de mecanismos de reparto justo de beneficios y el rol del estado como autoridad reguladora.

Hacia un mercado con justicia climática

América Latina posee una de las mayores reservas de carbono forestal, como también áreas para desarrollar proyectos de restauración y, al mismo tiempo, una de las brechas sociales mas profundas. Ambas características promueven a la región como un escenario en donde se pueda demostrar que los mercados de carbono pueden promover la justicia climática.

Pensar en una transición justa no como el incremento de precios del carbono, sino como reglas que aseguren la legitimidad social, dejando claro que el mercado por si solo, no garantiza justicia; la justicia, en cambio, puede hacer que el mercado funcione mejor. Puede llegar a lograr que, en la región, exista un modelo, donde la acción climática reconozca el valor del bosque, respete a sus pueblos y fortalezca la gobernanza ambiental. En el fondo, el éxito del mercado de carbono no se medirá por cuántas toneladas de CO₂ se transan, sino por cuántos derechos se respetan en el proceso.

Bibliografía:

Acuerdo de Escazú. (2021). Tratado regional sobre acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. CEPAL. https://www.cepal.org/es/escazu

Acuerdo de París. (2015). Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Naciones Unidas.

Carbon Pricing Leadership Coalition (CPLC). (2023). State and trends of carbon pricing 2023. Banco Mundial.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2024). Transición justa y justicia climática en América Latina. CEPAL.

Corte Constitucional de Colombia. (2016). Sentencia T-622 de 2016. Magistrado ponente: Jorge Iván Palacio Jaramillo. Bogotá, Colombia. https://www.corteconstitucional.gov.co

Corte Constitucional de Colombia. (2022). Sentencia T-282 de 2022. Magistrado ponente: Antonio José Lizarazo Ocampo. Bogotá, Colombia. https://www.corteconstitucional.gov.co

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2023). AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023. Naciones Unidas.

Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2023). Guía para una transición justa hacia economías sostenibles y bajas en carbono. OIT.

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP). (2024). Integrity matters: Strengthening carbon market governance in Latin America. Naciones Unidas.

Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2023). Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. ONU.

Imagen: Pixabay (2021). Imagen de Agua, Flujo y Naturaleza. Extraído de: https://pixabay.com/es/photos/agua-flujo-naturaleza-verde-r%c3%ado-5985727/

*Ingeniero Forestal, especialista en Gestión de Proyectos y estudiante de la Especialización en Derecho del Medio Ambiente, con experiencia en la implementación y seguimiento de mecanismos financieros para la conservación de la biodiversidad. Correo institucional: juan.melendez@est.uexternado.edu.co