Las amenazas no reconocen fronteras: seguridad y ambiente en la Amazonía y la Reserva de Biósfera Seaflower

Una mirada a dos ecosistemas estratégicos donde la criminalidad ambiental, la seguridad climática y la justicia territorial exigen respuestas regionales.

Autora: Juliana Hurtado Rassi*

Los temas de seguridad y ambiente no pueden seguir caminando por carriles separados. Durante años, la seguridad fue entendida como un asunto de fuerza pública, control territorial, defensa nacional o persecución del delito. Por su parte, el ambiente, quedó asociado a la conservación, licenciamiento, restauración ecológica y el manejo de recursos naturales. Esa separación, que tal vez fue cómoda para ordenar competencias institucionales, ya no permite explicar lo que está ocurriendo en Colombia y en la región.

Hoy en día, buena parte de las amenazas contra la democracia, la justicia y la vida cotidiana de las comunidades se expresa en territorios donde confluyen tres factores críticos: ecosistemas estratégicos, fronteras porosas y economías ilegales.

En estos contextos, la degradación ambiental no puede seguir siendo leída como un daño colateral o una consecuencia secundaria de la criminalidad. Por el contrario, constituye una dimensión central del problema de seguridad: debilita la gobernanza territorial, financia y facilita economías ilícitas, afecta la soberanía del Estado, profundiza la vulnerabilidad de las comunidades y compromete las condiciones ecológicas que sostienen la vida. Por ello, una política de seguridad eficaz, legítima y territorialmente pertinente no puede diseñarse de espaldas al ambiente, sino reconocerlo como un eje estratégico para proteger la democracia, los derechos y la estabilidad de los territorios.

La Amazonía y la Reserva de Biosfera Seaflower muestran esa realidad con especial claridad. A pesar de ser ecosistemas muy diferentes, uno selvático, continental y fluvial; otro marino, insular y caribeño, comparten una misma condición: ser ecosistemas estratégicos para la seguridad climática, la biodiversidad, la soberanía, la cultura y los medios de vida de las comunidades que los habitan.  Sin embargo, estas áreas a su vez comparten una lamentable realidad: las amenazas que los afectan no reconocen fronteras, y la solución a estas dependen de políticas publicas integrales que nunca llegan a materializarse ni resolver la situación. 

El concepto de seguridad climática ayuda a leer esta realidad. No porque el cambio climático explique por sí solo la violencia, ni porque todos los conflictos ambientales deban convertirse en asuntos de seguridad. Su importancia está en mostrar cómo la crisis climática puede agravar la inseguridad alimentaria, generar disputas por los recursos, propiciar desplazamientos, incrementar la pérdida de medios de vida, aumentar las tensiones sociales y atenuar la fragilidad institucional, especialmente en contextos ya afectados por conflictividad o ausencia estatal (PNUD, 2023).

Esa mirada resulta especialmente útil para ecosistemas transfronterizos. En trabajos previos sobre Seaflower he insistido en una idea que sigue siendo central: “la naturaleza no conoce fronteras políticas” (Hurtado Rassi, 2020). Hoy habría que agregar algo más: las redes criminales tampoco. Por eso, si la política ambiental no conversa con la política de seguridad, y si ambas no se articulan con la justicia ambiental, la cooperación regional y los derechos de las comunidades, la respuesta siempre llegará tarde.

La Amazonía: cuando la criminalidad ambiental se vuelve gobernanza territorial

La discusión sobre seguridad y ambiente en la Amazonía ha ganado una fuerza especial. El trabajo que vienen impulsando organizaciones de la sociedad civil como la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) ha sido determinante para conjugar ambos asuntos y demostrar la importancia de integrar la seguridad a las políticas públicas ambientales.

Por ejemplo, en el informe Amazonía en disputa: Seguridad climática y conflictos socioambientales en la Amazonía noroccidental se plantea una idea de fondo: la Amazonía noroccidental es una región estratégica, pero profundamente vulnerable, atravesada por disputas entre actores legales e ilegales que amenazan la vida, el equilibrio ambiental, la democracia, la seguridad climática y la estabilidad regional (FCDS & Instituto Igarapé, 2025a; FCDS, 2025a), por eso se ha puesto sobre la mesa la necesidad de una discusión mas seria en torno a esta premisa:

La Amazonía no puede entenderse únicamente como una reserva natural. Es un eje decisivo para la seguridad nacional, económica, humana y climática del país, porque allí se concentran agua, carbono, biodiversidad, minerales estratégicos, conectividad territorial y diversidad cultural (Botero, 2026). Esta lectura no desplaza la agenda ambiental; la fortalece, porque reconoce que conservar el bosque también implica enfrentar las rentas que lo están destruyendo.

A su vez, informes más puntuales sobre dinámicas de frontera como el del circuito Caquetá–Japurá y Puré–Puruê lleva esta discusión a una escala concreta. En esa frontera entre Colombia y Brasil, los ríos funcionan como corredores ecológicos, pero también como corredores de movilidad para economías ilícitas. La minería ilegal y el tráfico de drogas avanzan por zonas selváticas y fluviales, con impactos asociados a contaminación por mercurio, deforestación, violencia y afectaciones a pueblos indígenas (FCDS & Instituto Igarapé, 2025b). El informe propone leer los ríos no como límites, sino como espacios de interacción.

Esa idea resulta clave: donde la criminalidad opera de forma regional, la respuesta pública no puede quedarse encerrada en el mapa administrativo de cada Estado. Y es por eso que resulta fundamental dar esta discusión en diferentes niveles y escenarios, entre esos el propiciado por FCDS, el Foro de Seguridad Brasilero e Ilaps, en el que se insistió en la necesidad de reunir expertos, instituciones y organizaciones e insistir en que la región necesita un entendimiento común sobre amenazas que combinan presión ambiental, presión económica, debilidad institucional y control criminal (FCDS, 2026). En esa línea, por ejemplo, la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica ha avanzado también en una agenda regional de seguridad pública para enfrentar delitos ambientales, minería ilegal, tala ilegal y tráfico de fauna como amenazas que degradan ecosistemas y alimentan redes transnacionales (OTCA, 2026), este tipo de instancias resultan ser estratégicas para que estas discusiones trasciendan del plano nacional al regional, tal y como lo demanda esta problemática.

Asimismo, es necesario abrir una reflexión sobre la efectividad de seguir declarando áreas protegidas, formulando planes de manejo, fijando metas de restauración y diseñando incentivos a la conservación, si estas herramientas no están acompañadas de justicia, presencia institucional legítima, protección efectiva de las comunidades y cooperación transfronteriza. Sin estas condiciones habilitantes, los esfuerzos técnicos, normativos y financieros destinados a la conservación corren el riesgo de no cumplir sus objetivos reales de protección.

La advertencia es sencilla, pero profunda: las amenazas no reconocen fronteras y las respuestas nacionales aisladas son insuficientes. La Amazonía necesita cooperación judicial, inteligencia financiera, trazabilidad de cadenas de valor, intercambio de información, presencia estatal diferenciada, participación indígena y alternativas económicas legales. No basta con capturar personas en territorio. Hay que perseguir las estructuras, los flujos de dinero, los mercados que compran lo ilegal y las formas de poder que sustituyen al Estado.

Seaflower: seguridad marítima, justicia raizal y gobernanza transfronteriza

El caso de Seaflower permite mirar la misma discusión desde otro lugar: el Caribe insular. La Reserva de Biosfera Seaflower fue designada por la UNESCO en el año 2000 y alberga algunos de los arrecifes coralinos oceánicos más extensos y productivos del Caribe (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2020; UNESCO, s. f.). Su área marina protegida fue declarada en 2005, cubre cerca de 65.000 km² y hace parte de un sistema de ecosistemas costeros y marinos que incluye arrecifes, manglares, pastos marinos, playas, cayos y aguas profundas (UNESCO, s. f.).

Pero esta reserva de Biosfera no es solo biodiversidad. Es también territorio ancestral del pueblo raizal, espacio de soberanía, frontera marítima, corredor de pesca, zona de tránsito y escenario de tensiones geopolíticas. Después del fallo de la Corte Internacional de Justicia de 2012, parte de este ecosistema quedó bajo una nueva realidad jurisdiccional entre Colombia y Nicaragua. Por eso he sostenido que la conservación de Seaflower requiere estrategias de manejo conjunto, cooperación entre Estados y acciones articuladas que garanticen la conectividad ecosistémica y eviten su degradación (Hurtado Rassi, 2020).

Esa lectura sigue vigente, pero hoy debe ampliarse. La gestión conjunta de Seaflower no puede limitarse a la conservación clásica. También debe incorporar seguridad marítima, control de pesca ilegal, prevención del narcotráfico, protección de comunidades raizales, cooperación judicial y mecanismos de gobernanza que no desconozcan la vida cotidiana de quienes habitan el archipiélago.

Las noticias recientes muestran la dimensión del problema. En enero de 2026, la Armada interceptó a 12 ciudadanos hondureños por pesca ilegal en San Andrés y Providencia; durante el procedimiento se encontraron caracol pala, cangrejo, cola de langosta y langostas ovadas, además de equipos de buceo (Caracol Radio, 2026a). No es un episodio aislado. Desde hace años, la pesca ilegal ha sido señalada como una amenaza para la Reserva Seaflower, especialmente por la presión de embarcaciones extranjeras sobre recursos pesqueros de alto valor y por la dificultad de controlar un espacio marítimo tan amplio (Radio Nacional de Colombia, 2019).

A esa presión se suma el valor estratégico del archipiélago en las rutas del narcotráfico. En junio de 2026, una operación conjunta de la Armada y la Fuerza Aeroespacial permitió incautar 1,3 toneladas de clorhidrato de cocaína transportadas en una embarcación tipo go fast en aguas del Caribe colombiano, operación en la que participaron unidades de la Fuerza Naval del Caribe y del Comando Específico de San Andrés y Providencia (Caracol Radio, 2026b). El dato importa no solo por la cantidad incautada, sino por lo que revela: el mar Caribe también es un escenario donde seguridad, ambiente y soberanía se encuentran.

En Seaflower, la seguridad no puede reducirse a interceptar embarcaciones. Sin duda alguna el control marítimo es indispensable, asimismo lo son la información pesquera, la vigilancia ambiental, la cooperación con Nicaragua y otros países del Caribe, la protección de los derechos del pueblo raizal, la prevención de la criminalización injusta de pescadores artesanales y la garantía de medios de vida sostenibles. Un enfoque puramente reactivo puede mostrar resultados operativos, pero no necesariamente protege el ecosistema ni fortalece la justicia ambiental.

La evidencia científica también recuerda que Seaflower es un espacio de enorme valor ecológico y social. Diferentes estudios resaltan que la reserva alberga algunos de los arrecifes más desarrollados del Caribe y que su gestión ha estado vinculada a procesos participativos impulsados por la comunidad raizal y la autoridad ambiental local. Esa dimensión es fundamental: la seguridad de un ecosistema no se mide solo por la presencia de buques o patrullajes, sino por la capacidad de proteger las relaciones ecológicas, culturales y económicas que lo sostienen.

Una agenda pública que junte lo que en el territorio ya está unido

La situación descrita en ambos ecosistemas estratégicos —uno asociado a la selva, los ríos, las fronteras continentales y los territorios indígenas; y el otro al mar, los arrecifes, las islas, los cayos y la cultura raizal— deja una lección poderosa para la política pública colombiana y regional: estos ecosistemas transfronterizos considerados estratégicos  por las múltiples características que ostentan, son territorios de los que depende la estabilidad climática, la soberanía, la democracia local, la seguridad alimentaria así como las condiciones de vida de las comunidades que los habitan.

Es claro entonces que las agendas ambientales y de seguridad especialmente para este tipo de regiones deben articularse, construirse integralmente e implementarse de manera conjunta, asimismo deben abordar lineamientos de seguridad ambiental y climática, diagnósticos claros de vulnerabilidades territoriales e información práctica y operable, así como datos útiles y conocimiento aplicable.

Por esto resulta fundamental analizar el territorio completo y las complejidades de este en su totalidad, es decir las economías que financian la degradación, las instituciones que no llegan o llegan tarde, las comunidades que resisten, los mercados que compran lo ilegal y las fronteras que son usadas como ventaja por redes criminales.

Ahora bien, la gestión conjunta de ecosistemas transfronterizos, que ha sido una preocupación central en mis investigaciones sobre Seaflower, se concentraba en analizar asuntos relacionados con la conectividad ecológica, la cooperación entre Estados y la prevención del daño ambiental, debe imperativamente, incluir de manera expresa los asuntos de seguridad: seguridad para las comunidades, para los defensores ambientales, para los medios de vida legales, para la biodiversidad y para la democracia ambiental.

Proteger la Amazonía y la Reserva de Biosfera Seaflower no es solo una tarea ambiental. Es una condición para construir democracia, garantizar justicia y sostener la paz. La seguridad que necesita Colombia no puede limitarse a perseguir delitos después de que ocurren. Debe prevenir las condiciones que los hacen posibles. Y eso empieza por reconocer que, en los territorios estratégicos, cuidar la naturaleza también es cuidar el Estado de derecho.

Tal vez por eso sigue teniendo sentido una frase que he usado en otros espacios y que hoy cobra una vigencia especial: para tener un mundo justo y en paz es preciso empezar por garantizar la justicia ambiental (Universidad Externado de Colombia, 2021). La seguridad, entendida así, no es lo contrario de la justicia ambiental. Puede ser una de sus condiciones. Pero solo si se construye con las comunidades, con información, con cooperación regional y con una idea clara: ningún Estado protege realmente su soberanía si permite que sus ecosistemas estratégicos sean gobernados por la ilegalidad.

Referencias

Botero, R. (2026, 5 de junio). Agenda estratégica para la Amazonía colombiana. Cambio. https://cambiocolombia.com/contenido-especial/articulo/2026/6/agenda-estrategica-para-la-amazonia-colombiana

Caracol Radio. (2026a, 17 de enero). Armada intercepta a 12 hondureños por pesca ilegal en San Andrés y Providencia. https://caracol.com.co/2026/01/17/armada-intercepta-a-12-hondurenos-por-pesca-ilegal-en-san-andres-y-providencia/

Caracol Radio. (2026b, 12 de junio). Armada y Fuerza Aeroespacial incautan 1,3 toneladas de cocaína tras operación en el Caribe. https://caracol.com.co/2026/06/12/armada-y-fuerza-aeroespacial-incautan-13-toneladas-de-cocaina-tras-operacion-en-el-caribe/

Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible. (2025a, 19 de agosto). La Amazonía noroccidental es la región con más conflictos socioambientales del mundo: hallazgos del informe “Amazonía en disputa”. https://fcds.org.co/publicaciones/amazonia-en-disputa/

Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible & Instituto Igarapé. (2025a). Amazonía en disputa: Seguridad climática y conflictos socioambientales en la Amazonía noroccidental. https://fcds.org.co/publicaciones/amazonia-en-disputa/

Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible & Instituto Igarapé. (2025b). Seguridad climática de la Amazonía: Desafíos ante la expansión de economías ilícitas y debilidad estatal en el circuito Caquetá–Japurá y Puré–Puruê. https://fcds.org.co/publicaciones/seguridad-climatica-de-la-amazonia-desafios-ante-la-expansion-de-economias-ilicitas-y-debilidad-estatal-en-el-circuito-caqueta-japura-y-pure-purue/

Hurtado Rassi, J. (2020). Gestión conjunta de ecosistemas transfronterizos: la importancia del trabajo articulado entre los Estados para la conservación de los recursos naturales. Análisis del caso particular de la Reserva de Biosfera Seaflower. Universidad Externado de Colombia. https://ideas.repec.org/b/ext/derech/1241.html

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2020, 10 de noviembre). Reserva de Biosfera Seaflower: 20 años de relación entre el hombre y la biodiversidad marina. https://www.minambiente.gov.co/reserva-de-biosfera-seaflower-20-anos-de-relacion-entre-el-hombre-y-la-biodiversidad-marina/

Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. (2026, 30 de marzo). Amazonian countries strengthen public security cooperation and set an agenda to protect the biome and its populations. https://otca.org/en/amazon-public-security-environmental-crimes-cespit/

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2023, 1 de septiembre). What is climate security and why is it important? https://climatepromise.undp.org/news-and-stories/what-climate-security-and-why-it-important

Radio Nacional de Colombia. (2019, 31 de mayo). Pesca ilegal en San Andrés, amenaza para la Reserva Seaflower. https://www.radionacional.co/cultura/pesca-ilegal-en-san-andres-amenaza-para-la-reserva-seaflower

UNESCO World Heritage Centre. (s. f.). Seaflower Marine Protected Area (MPA). https://whc.unesco.org/en/tentativelists/5166/

Universidad Externado de Colombia. (2021, 23 de septiembre). “La protección de los recursos naturales debe estar por encima de cualquier problema o desacuerdo social”: Juliana Hurtado Rassi. https://www.uexternado.edu.co/derecho/la-proteccion-de-los-recursos-naturales-debe-estar-por-encima-de-cualquier-problema-o-desacuerdo-social-juliana-hurtado-rassi/

*Bióloga, abogada y doctora en Derecho, con más de 14 años de experiencia en temas ambientales, cooperación internacional, políticas públicas y gestión de ecosistemas transfronterizos. Investigadora del Departamento de Derecho del Medio Ambiente y Consultora Independiente.

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