Las energías alternativas en el ordenamiento jurídico colombiano

Este tema es analizado por el docente Juan David Ubajoa Osso en el capítulo de investigación “El marco jurídico colombiano de las energías alternativas ante el cambio climático” de la obra “Retos y compromisos jurídicos de Colombia frente al cambio climático”.

Por: Santiago Rodríguez Sanmiguel

En este texto se analiza la relación entre el cambio climático y la industria energética y el papel de las fuentes de energía alternativa en esta conexión. Además, se aborda el marco jurídico colombiano referente a las energías renovables y se hace un balance sobre este con el fin de determinar si es adecuado para que Colombia pueda enfrentar el cambio climático.

En primer lugar, el autor identifica una relación directa entre el cambio climático y el sector energético. Principalmente, la relación se basa en que el sector energético es emisor de gases efecto invernadero, que contribuyen a la problemática global del cambio climático. Considerando este vínculo, las energías alternativas se perciben como una solución al problema, tanto por parte de la opinión pública como por tratados internacionales en materia del cambio climático. Se resalta que Colombia se ha comprometido a cumplir con estos compromisos ambientales internacionales y resulta pertinente estudiar la regulación interna colombiana en materia de energías alternativas.

Para describir el marco jurídico de las energías alternativas en Colombia, el autor identifica tres fases, cada una representando diferentes etapas de desarrollo de estas energías. La primera fase comenzó con la Ley 51 de 1989, que estableció los cimientos de la regulación de las energías renovables en el país, y se extendió hasta el Decreto 1682 de 1997. En esta etapa inicial, hubo menciones limitadas a las energías alternativas, lo que sugiere un desarrollo mínimo en términos de funciones y políticas públicas relacionadas. La segunda fase inició con la Ley 697 de 2001 y finalizó con la Resolución 180919 de 2010. Durante este periodo se observó un progreso significativo en la materia, aunque claramente insuficiente. La tercera fase surgió con la Ley 1715 de 2014 y aún se encuentra en desarrollo. A partir de esta ley se implementaron instrumentos que fomentan la integración de las energías alternativas en la matriz energética nacional, pero todavía se requiere más desarrollo para que sean efectivos.

Acto seguido, el autor analizó los cuatro incentivos a la inversión en proyectos de energía de la Ley 1715 de 2014, que son la deducción especial en la determinación del impuesto de renta y complementarios; la exclusión del IVA; la exención del gravamen arancelario; y la depreciación acelerada de activos. Se afirma en el texto que estos incentivos son un gran avance para la transición energética, sabiendo que antes de su creación no había prácticamente nada concreto en la normativa respecto a incentivos para las energías alternativas. Por último, el autor concluye que, si bien se ha avanzado en la materia, se necesita de una mayor maduración, dado que es menester regular los vacíos presentes en la legislación y estudiar la posibilidad de implementar otros mecanismos, como los propios del mercado.

Cita: Ubajoa Osso, J.D. (2017). El marco jurídico colombiano de las energías alternativas ante el cambio climático. En: García Pachón, M.P (ed), Retos y compromisos jurídicos de Colombia frente al cambio climático (pp. 331-366). Universidad Externado de Colombia.

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