Litigio climático en Colombia

Este tema es abordado en el capítulo de investigación titulado “Climate Change Litigation in Colombia”, realizado por la Doctora María del Pilar García, junto con Adriana Viloria y María Daniela de la Rosa Calderón, el cual está publicado en el libro “Comparative Climate Change Litigation: Beyond the Usual Suspects”.

Por: Santiago Rodríguez Sanmiguel

Este texto realiza un análisis sobre el litigio climático en Colombia a través del estudio de la jurisprudencia en diversas situaciones contenciosas. En la primera parte del artículo, se destaca la gran riqueza medioambiental y la extraordinaria biodiversidad que tiene Colombia, las cuales se ven amenazadas por el cambio climático, considerando que el país genera el 0.46% de las emisiones de gases efecto invernadero a nivel mundial y que la posición geográfica y las condiciones ecológicas y socioeconómicas hacen que el territorio sea altamente vulnerable frente a los efectos de este fenómeno.

Teniendo en cuenta la importancia del asunto, las autoras analizan en la segunda parte del texto el papel de la ley, el poder judicial y la política pública en la protección contra las repercusiones negativas del cambio climático. Por un lado, en el ordenamiento jurídico colombiano pueden encontrarse diferentes instrumentos ligados a la protección contra el cambio climático, desde la ley 164 de 1994 –que aprueba la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático– , hasta la ley 1931 de 2018 – que establece las directrices para la gestión del cambio climático–. Por otra parte, en el texto se afirma también que Colombia cuenta con instrumentos de carácter político y económico para enfrentar esta problemática, como la Política Nacional del Cambio Climático, planes sectoriales y territoriales para la gestión del cambio climático, el Programa Nacional de Cupos Transables, entre otros.

A pesar de esta pluralidad de herramientas, aún existes múltiples retos por afrontar en el marco de la lucha contra el cambio climático, considerando factores como el conflicto armado, la pérdida de biodiversidad, las necesidades económicas, etc. En ese sentido, la tercera parte del capítulo estudia la implementación de los mecanismos de resolución de controversias que ofrece el marco jurídico colombiano en materia de cambio climático en seis escenarios diferentes:

• Acciones por incumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de cambio climático por parte del Gobierno.
• Acciones por incumplimiento de las obligaciones nacionales o internacionales en materia de cambio climático por parte de particulares o del Gobierno, con fundamento en los derechos humanos.
• Acciones por incumplimiento de las obligaciones nacionales ligadas a la emisión de gases efecto invernadero por parte de entidades públicas.
• Acciones por incumplimiento de las obligaciones nacionales de adaptación en materia de cambio climático por parte de entidades públicas (se destacan el caso de la Amazonía, del Río Atrato, entre otros).
• Acciones contra actores privados por emisión desmedida de gases efecto invernadero.
• Acciones contra fondos de pensiones (o entidades similares) por contribuir al aumento global de las emisiones de gases efecto invernadero o a la dificultad.

Por último, el capítulo concluye afirmando que cada vez más individuos están interponiendo acciones ligadas al cambio climático con base en los derechos humanos y el daño ambiental. No obstante, aún hay un largo camino para Colombia en el ámbito del litigio climático, considerando que los reclamos no se enfocan en la indemnización por los daños causados por el cambio climático, sino en la falta de políticas públicas y de protección ambiental que en algunos casos pueden derivar en indemnizaciones.

Ahora bien, el texto destaca que el litigio climático ha sido una práctica que le ha dado visibilidad a la problemática, siendo un medio de presión para que el Estado cumpla con sus compromisos respecto del calentamiento global, de acuerdo con el Acuerdo de Paris y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, las autoras afirman que deben resaltarse las medidas jurídicas, políticas y económicas que ha adoptado el Estado colombiano para gestionar el cambio climático, especialmente, medidas tangibles como los incentivos tributarios para el fomento de energías renovables, las cuales permiten la creación de un desarrollo autosostenible que tenga en cuenta este fenómeno.

Cita: Pachón, M. D. P. G., Viloria, A., & de la Rosa Calderón, M. D. (2021). Climate Change Litigation in Colombia. In Comparative Climate Change Litigation: Beyond the Usual Suspects (pp. 53-74). Springer, Cham.

Foto: Centro de Derecho Ambiental Universidad de Chile.

Nota: Para acceder a todo este capítulo de investigación visite