Manejo Integrado de Zonas Costeras en Colombia. Avances y desafíos para la gobernanza de los litorales frente al cambio climático

Durante los últimos 30 años, Colombia ha venido avanzando desde lo teórico, jurídico y técnico en la adopción de diferentes metodologías con el fin de lograr mejores y más eficientes índices de gobernanza sobre los litorales y zonas costeras, marinas e insulares. Sin embargo, los desafíos son crecientes, manifestados en mayores niveles de población y urbanización en zonas costeras, mayores índices de aprovechamiento de recursos naturales, incrementos significativos en materia de contaminación ambiental y problemas derivados de los efectos del cambio climático.

Por: Roberto E. Lastra Mier* y Alba Ruth Vergara Castaño**

Ante esta perspectiva, ¿cuáles han sido los principales avances en la gobernanza de esta importante franja de territorio y cuáles son los principales desafíos para las próximas décadas?[1] A partir de los años setenta del siglo XX los efectos antrópicos sobre los litorales del planeta fueron cada vez más evidentes, en la mayoría de los casos como consecuencia de fenómenos globales relacionados con el cambio climático y muy particularmente por un incremento considerable en los procesos de urbanización en zonas litorales y las implicaciones para el medio que ello acarrea, que en el caso colombiano no fueron una excepción. Colombia, país privilegiado al contar con costas sobre el Mar Caribe y el Océano Pacífico, así como importantes enclaves insulares, a tal punto de constituir más del 40% de su territorio, ha venido experimentando una transformación muy importante tanto por el crecimiento poblacional en zonas costeras como por los incrementos en el turismo, lo que pone en evidencia un cambio cultural en la relación de la sociedad colombiana con sus litorales. No en vano algunos autores establecen que entre 50 y 60 % de la población mundial vive en las zonas costeras y se espera que para el año 2025 dicho valor ascienda hasta un 75 % (Hinrichsen, 1998: 7; Lindeboom, 2002: 49).

En Colombia, desde la década de 1960, se dio inicio a un tímido proceso de investigación científica que se ha ido afianzando con el pasar de los años, buscando ampliar el conocimiento sobre la diversidad y los mecanismos de interactuación entre ecosistemas marinos y costeros. Con la creación del Instituto de Investigaciones Tropicales de la Universidad de Giessen (Alemania) en 1963 (Colciencias, 1983), y a partir de esa semilla, surgieron las primeras publicaciones científicas y consecuentemente iniciativas de reglamentación encaminada no solo a la protección de los recursos naturales (Decreto Ley 2811 de 1974), sino, sobre todo, a los primeros pasos en la organización y planificación de las zonas costeras e insulares del país desde el orden de lo territorial. A la fecha, Colombia cuenta con una abundante literatura científica sobre los ecosistemas y los servicios de ecosistemas que representan esta diversidad natural, acompañada por una nutrida batería de reglamentaciones y directrices de tipo político y jurídico para la protección y mejor manejo de los mismos (gobernanza). Sin embargo, los problemas que se presentan en esta especial zona parecen ir a una velocidad de crecimiento inversamente proporcional a la capacidad del Estado y la sociedad para hacer frente a ellos.  Esta nota pretende exponer algunos de los principales avances en materia de creación, implementación, y puesta en marcha de metodologías encaminadas a la gobernanza de nuestras zonas litorales, y, muy particularmente, a la adopción de metodologías específicas de abordaje como el Manejo Integrado de Zonas Costeras (MIZC).

La metodología MIZC surge a partir de los años noventa del siglo XX, más específicamente podría afirmarse que se presenta formalmente en la Conferencia de Desarrollo y Medio Ambiente en Río 1992, y nace como una iniciativa que busca ante todo poner en evidencia que los problemas asociados con los temas marino costeros no pueden ser abordados como compartimentos estancos. Debido a su compleja interrelación deben ser considerados como un todo, integrando entre sus diversos aspectos no solo los problemas ambientales, sino adicionalmente los sociales y económicos derivados de un incremento significativo de las actividades humanas sobre el medio costero y marino (ver Estudios de Caso sobre Manejo Integrado de Zonas Costeras en Iberoamérica, Milanés Batista, Lastra Mier, y Sierra Correa (2019)). A la fecha, en este mismo texto, se determina que, a pesar de los esfuerzos emprendidos por diferentes países en la región, los avances han sido significativos desde la perspectiva teórica, pero que en la práctica factores asociados con la des-coordinación interinstitucional, la presión antrópica, altos niveles de corrupción y escasos fondos financieros entre otros, dificultan la consecución de los objetivos propuestos.

No obstante, en Colombia, desde el punto de vista de políticas públicas, los avances en esta materia han sido significativos y su evolución ha venido experimentando cambios que, al menos teóricamente, han sentado las bases para un mejor y más eficiente proceso de gobernanza de las zonas costeras e insulares del país. No en vano, en la actualidad Colombia cuenta con 3 políticas públicas en este sentido, la “Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares de Colombia” (PNAOCI) del 2000; la Política Nacional del Océano y los Espacios Costeros PNOEC de 2007; y el CONPES 3990 de 2020 Colombia potencia Bioceánica[2]. Estos documentos de política constituyen la columna vertebral sobre la que se asientan las decisiones que desde las administraciones serán necesarias ir adoptando a medida que las condiciones ambientales varíen en razón a los efectos producidos por el cambio climático, la presión antrópica sobre los litorales y los problemas de contaminación asociados. De tal manera que adicionalmente deberán responder no solo a efectos evidentes de tipo ambiental, sino a su vez sociales y económicos, recordando que este es un problema de orden global y por ello se encuentra incluido en las políticas del orden internacional, tales como los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS), la Década de los Océanos y el Decenio para las Ciencias Oceánicas entre otras.

Entre los avances aportados como resultado de las políticas públicas que se vienen implementando, la expedición del Decreto 1120 de 2013, a través del cual se crean las denominadas Unidades Ambientales Costeras UAC y las aportaciones para la definición de conceptos como suelo costero, han tenido una enorme repercusión dentro del acervo jurídico en la materia. Estas UAC buscan materializar conceptos de unificación territorial desde el punto de vista ecosistémico. Consecuentemente, pretenden ser la base de propuestas de ordenamiento territorial marino costero desde la perspectiva de homogeneidad ambiental, pero con claros objetivos de planificación territorial a través instrumentos de planificación como los Planes de Ordenamiento de Manejo Integrado de Unidades Ambientales Costeras (POMIUAC), los cuales vienen a constituir normas de jerarquía superior y, por ende, de obligatoria adopción dentro de los Planes de Ordenamiento Territorial, en tanto se convierten en determinantes de ordenamiento territorial ambiental (art 10. Ley 388 de 1997, actualmente modificado por el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023: Ley del Plan Nacional de Desarrollo” Colombia Potencia Mundial de Vida”).  A la fecha, la implementación de los POMIUAC ha tenido un desarrollo más bien lento. Si bien es cierto que desde el punto de vista documental los planes de las 10 unidades establecidas se encuentran listos, la inclusión de requisitos como las consultas previas han dificultado su aprobación, de tal manera que tan solo uno de ellos ha surgido como tal a la vida jurídica. El POMIUAC Bahía Málaga, adoptado en julio de 2022, requirió poner de acuerdo 38 consejos comunitarios de comunidades afrodescendientes y 12 comunidades indígenas, lo cual pone en evidencia las dificultades de implementación ante tan elevado número de actores[3].

En el caso colombiano, las consecuencias del cambio climático acrecientan la aparición de conflictos sociales en zonas costeras, especialmente derivados de las dificultades de compaginar las actividades económicas desarrolladas en este medio y la conservación de la biodiversidad marino costera. Ello se evidencia a través de una mayor presión sobre los ecosistemas que generan pérdida de biodiversidad, bien sea por los drásticos cambios en el entorno, por el crecimiento desmedido de asentamientos, tráfico ilegal de especies, corrupción urbanística, incremento del turismo de masa enfocado a sol y playa, contaminación ambiental por residuos orgánicos provenientes de las poblaciones, entre otros.

Los desafíos no son pocos, para preservar nuestros recursos y ecosistemas costeros y marinos no basta solamente con la expedición de normas. De hecho, su sola expedición no alcanza para resolver los problemas, se necesitan mecanismos de implementación, control, seguimiento, verificación y sobre todo educación ambiental y participación ciudadana. Se deben incrementar los fondos financieros para continuar con la investigación científica, se hace necesario la realización de procesos de evaluación de las políticas y efectividad de las normas, mayores niveles de coordinación institucional y mejoramiento de los canales de participación ciudadana para hacer frente a los cambios que se avecinan y prevén cada vez más acuciantes debido a la actividad antrópica.

*Docente investigador. Facultad de Ciencias Jurídicas. Universidad del Atlántico. Correo: robertolastra@mail.uniatlantico.edu.co

** Docente Investigadora. Facultad de Ciencias Básicas. Universidad del Atlántico. Correo: albavergara@mail.uniatlantico.edu.co

Imagen: El drama de los turistas que vacacionan en playas de Palomino, La Guajira y mueren ahogados. (La Rotta, s.f.) [Imagen] El País. Dibulla / Guajira.  https://www.elpais.com.co/colombia/el-drama-de-los-turistas-que-vacacionan-en-playas-de-palomino-la-guajira-y-mueren-ahogados-que-pasa-en-este-sector-2246.html

Referencias Bibliográficas

Colciencias. 1983. INVEMAR, 20 años de actividades. Revista Ciencia y Tecnología Vol. l. No. 3. Julio de 1983. Colciencias

Hinrichsen, D., 1998, Coastal waters of the world. Trends, threats, and strategies. Island Press, Washington, D.C.

Lindeboom, H., 2002, “The Coastal zone: an ecosystem under pressure”, cap. 3 en FIELD et al. (eds.). Oceans 2020. Science, trends, and the challenge of sustainability, Island Press, Washington, D. C. 

Milanés Batista, C, Lastra Mier, R y Sierra Correa, P. (2019). Estudios de caso sobre manejo integrado de zonas costeras en Iberoamérica: gestión, riesgo y buenas prácticas. Corporación Universidad de la Costa.

---

[1] Estos resultados han sido presentados en el Congreso Iberoamericano de Gestión costera celebrado en Mar del Plata (Argentina) en el marco de la reunión de la Red Iberoamericana de Manejo Costero IBERMAR en abril de 2023.

[2] Este tema ha sido abordado ampliamente por Lastra Mier, R. y Vergara, A. (2019). Aguas Marinas en Colombia, historia, desarrollo y perspectivas de las políticas públicas para mares y océanos. En Derecho de Aguas, t. VIII. Bogotá D.C: Universidad Externado de Colombia

[3] Ver: https://www.proclamadelcauca.com/la-cvc-logro-plan-de-ordenamiento-para-la-costa-pacifica/