Reforma agraria con la participación del campesinado

Cuando un municipio queda rodeado de latifundios improductivos, su comunidad debe comprar los alimentos en otros municipios; el valor de los fletes y las variaciones climáticas que bloquean las vías la dejan en una inseguridad alimentaria. Este artículo muestra la estrategia del gobierno nacional para devolver a las comunidades la soberanía alimentaria.

Por: Sergio Roldán*

Este texto quiere mostrar la implementación de la reforma agraria en el gobierno Petro y sus propósitos de devolver agencia a las organizaciones campesinas, procurar un diálogo social, comprar tierra a ganaderos, recuperar soberanía alimentaria, entre otras estrategias.

¿Cuál ha sido la dinámica del campesinado en tantos años de conflicto armado? Muchas tierras fueron invadidas porque su “propietario” no las trabajaba, en contra de la función social como obligación que tiene todo propietario de producir riqueza para sí y para la comunidad; y, la omisión de la obligación de sancionarlo por parte del Estado. Ni hablar que Colombia está en los primeros lugares en el mundo en la desigualdad en la distribución de la tierra.[1] (1)

Muchos investigadores sociales han estudiado las causas del conflicto armado colombiano. Las soluciones se diseñaron en el Acuerdo de Paz: Formalización, construcción de un catastro multipropósito, consolidación de un Fondo de Tierras, creación de la jurisdicción agraria, delimitación ambiental, fortalecimiento de las agencias del sector rural, todas medidas que apuntan a resolver las causas del problema agrario.

El Plan de Desarrollo (Ley 2294 de 2023) incorporó la Reforma Rural Integral.

Entre sus principales objetivos se señala la búsqueda de una transformación productiva (art. 1°). Sus ejes disponen el ordenamiento del territorio alrededor del agua (art. 3°, num. 1°); lograr la soberanía alimentaria (art. 3°, num. 3°); estrategias de manejo de zonas expuestas a amenazas y riesgos naturales; áreas de protección para la producción de alimentos y sistemas de administración del territorio (art. 32, num. 1, lit. d; num. 2°; num. 6°, par. 1) con enfoque de adaptabilidad al cambio climático (art. 34); y seguridad jurídica de la propiedad (art. 79).

Es importante destacar las acciones del gobierno en el marco del Sistema Nacional de Reforma Agraria.

En primer lugar, adquisición, adjudicación de tierras y procesos agrarios; delimitación de zonas de reserva campesina; ordenamiento territorial y solución de conflictos socio ambientales; infraestructura física, adecuación de tierras; diversificación de cultivos; estímulo a la economía campesina; participación, concertación y diálogo social (art. 52, PND). En segundo lugar, la promoción de la reforma constitucional (art. 64, C.P.) que declara al campesinado sujeto de protección especial (A.L. 01 de 2023). En tercer lugar, la creación de la Jurisdicción Agraria para llevar una justicia especializada integral al campo, que considere la atención de problemáticas sociales, económicas, ambientales y culturales.

Para Bloomberg Línea, América Latina figura “como uno de los mejores candidatos a convertirse en una despensa mundial de alimentos, dado que representa la sexta parte de la producción mundial, esto significa un 14% de los 9.800 millones de toneladas de alimentos que se produjeron en la cosecha de 2020-2021, según Naciones Unidas.”[2]

El Programa Especial de Acceso a Tierras para la Producción de Alimentos creado mediante Decreto 1623 de 2023 es la estrategia principal del gobierno de Gustavo Petro.[3] En lugar de centrarse en la expropiación y/o la extinción del dominio de tierras incultas (que en todo caso lo debe hacer en virtud de las órdenes dictadas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-288 de 2022), asignó para 2024 un presupuesto de 5 billones de pesos a la Agencia Nacional de Tierras para comprar tierra a los ganaderos.

La acción estatal se sustenta en el Decreto-Ley 902 de 2017, que creó un procedimiento único para atender a los aspirantes a tierra en el Registro de Sujetos de Ordenamiento Territorial, RESO. Para adjudicar tierra se priorizaron 82 municipios ubicados en los núcleos territoriales para la reforma agraria, desde el Caribe hasta Puerto Boyacá.

Con la modernización tecnológica que avanza en la ANT, se diseñó una coordinación temprana entre los procesos de compra, administración y adjudicación y se incorporaron métodos indirectos para la medición de predios con drones. La Agencia se descentralizó y volvió a abrir una sede en cada departamento para recomponer diálogos con las organizaciones campesinas; se volvieron a activar los Comités de Reforma Agraria para seleccionar a los beneficiarios, entre los que se priorizan a jóvenes y mujeres rurales.

Una experiencia ilustra lo hasta ahora andado. Chimichagua en el Cesar, es un municipio donde más de dos mil familias son aspirantes de tierra en el RESO. El municipio está rodeado de grandes latifundios y muchos de los alimentos que consume provienen de Ocaña, Norte de Santander.

Tras la compra de 2.200 hectáreas a un ganadero que ofreció su tierra, la finca fue invadida por dos organizaciones campesinas que rivalizaban y se acusaban mutuamente de pertenecer a un actor armado. La ausencia de Estado y la presencia de grupos armados ha puesto al campesinado en la mitad de la confrontación; acusados por todos los actores –incluyendo la fuerza pública-, como colaborador de uno u otro bando, ha tenido que adaptarse a la disputa territorial y el control social.  Dos lógicas lo han dominado: su adscripción electoral y su adhesión militar; la cohesión del campesinado fue fracturada por las lógicas del conflicto armado y su estigmatización promovida desde el mismo Estado, hizo víctimas a sus líderes, quedando el campesinado sin agencia para defender sus derechos. Todo esto, en un escenario que abrió las fronteras a la importación de alimentos, desestimuló la reforma agraria y persiguió sus liderazgos.

En el predio comprado por la ANT, las organizaciones, después de acordar sus linderos, se pusieron a producir alimentos; los alimentos que se traían desde Ocaña -a dos horas y media de camión-, bajaron el precio a la tercera parte de su valor. Por la distribución de la tierra a campesinos, la comunidad de Chimichagua comenzó a conocer el significado de soberanía alimentaria.

Es cierto, los desafíos son enormes; está por verse el dinamismo que se imprima en lo que resta del mandato del gobierno. Pero comparado con lo hecho en materia de redistribución de la tierra en los últimos cien años, lo que se ha logrado hasta ahora marca un hito en la historia de las reformas agrarias en Colombia.

*Docente investigador de la Especialización en Derecho de Tierras del Departamento de Derecho del Medio Ambiente.

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Notas y Bibliografía

[1] OXFAM y DEBATE. Concentración de tierras en Colombia. Una radiografía rural. Díaz Cristina y López Ada. Bogotá, 11 de noviembre de 2022. Según Oxfam “ha aumentado la superficie de las UPA de mayor tamaño (de más de 500 hectáreas), pasando de menos de 960 hectáreas en promedio en 1960 a casi 5.000 hectáreas en 2014. P. 36. En https://www.oxfamcolombia.org/concentracion-de-tierras-en-colombia-una-radiografia-rural/

[2] El artículo 18, parte 2°, numeral 8° del Decreto 902/2017, acorde con el artículo 31, literal b) de la Ley 160 de 1994, crea unos programas especiales que lo complementan para víctimas, reincorporados, afectados por desastres, ocupantes de territorios colectivos, segundos ocupantes y cultivadores de coca.

[3] En el último año del gobierno del expresidente Iván Duque el presupuesto se acercó a los $300 mil millones de pesos. Entre 2016-2022 la ANT compró 35 fincas. En sólo el primer año del gobierno Petro se compraron más de 500 fincas.

Imagen: Fotografía tomada por el autor.