Territorios Líquidos de Colombia en la COP 16. Retos y perspectivas desde el derecho para la protección de nuestra biodiversidad

Colombia, junto con otros países centroamericanos, constituye parte de los 21 Estados en el planeta con costas sobre dos océanos y alberga el 10% de la biodiversidad marina del planeta. El 71% de nuestro planeta está constituido por espacios marinos y oceánicos, y las aguas marinas corresponden al 97.41% de todas las que hay en nuestra esfera azul. La conservación de nuestros océanos se convierte por tanto en un imperativo para preservar nuestra supervivencia y bienestar presente y futuro. La conferencia de las partes número 16 (COP 16) sobre el Convenio sobre la Diversidad Biológica es por tanto una cita ineludible en pos de la supervivencia de los ecosistemas tanto marinos como terrestres, y un reto desde el derecho y la política pública por su supervivencia.

Por: Roberto Enrique Lastra Mier*

La humanidad se enfrenta a grandes retos por su supervivencia en el futuro inmediato. Los efectos del cambio climático son cada día más evidentes en todos los ecosistemas del planeta, pero muy particularmente en nuestros océanos, y con ello, estamos llevando a nuestro mundo a un punto de no retorno si no tomamos las medidas adecuadas para mitigar los efectos antrópicos sobre los ecosistemas.  Los océanos constituyen el 71% de la superficie del planeta, albergan el 97.4% de las aguas y es el hábitat de la mayor concentración de especies animales y vegetales del planeta. Tan solo conocemos menos del 8% de nuestra biodiversidad marina y aún no comprendemos completamente las interrelaciones entre estos ecosistemas y el mismo planeta. Sin embargo, esa gran masa de agua recibe buena parte de los desechos que producimos, contaminación por plásticos, aguas residuales, desechos tóxicos, entre otros. Nuestros océanos aportan el 35% de los recursos diarios que consumimos, y da empleo directo a más de 60 millones de personas alrededor del globo, lo que constituye el 5% del PIB (Imnersed, 2024).  

Colombia, junto con los países centroamericanos, es uno de los Estados con mayor biodiversidad a nivel mundial (10% de la biodiversidad), y como tal, asume la responsabilidad de preservar sus aguas marinas, donde buena parte de esa biodiversidad está en sus territorios líquidos, tanto del Caribe como en el océano Pacífico. Esas iniciativas de protección y conservación están amparadas en políticas públicas y normativa específica. Dichas políticas públicas nacionales responden, por tanto, a una adaptación y adopción de las políticas internacionales y los convenios multilaterales a los que se adhiere el país.

La adhesión de Colombia al Convenio de Diversidad Biológica CDB de 1992, y su posterior ratificación mediante la ley 165 de 1994 convierte este tratado en un instrumento de gran importancia y responsabilidad por parte del país frente a los retos a los que se enfrenta la humanidad, especialmente en materia de cambio climático, y muy particularmente, de las medidas de adaptación a los eventos relacionados. Colombia al contar con costas sobre dos océanos se convierte en garante de buena parte de la supervivencia de todos los organismos presentes en los ecosistemas marinos y costeros que forman parte de su territorio.

A lo largo de los últimos 30 años, el país ha venido asumiendo, incluso antes de la ratificación del convenio CDB, compromisos en pro de la preservación y conservación de los ecosistemas marinos y oceánicos. En efecto, el Decreto Ley 2811 de 1974 ya asumía, aunque tímidamente, la titánica tarea de proteger los ecosistemas marinos constituidos por sus aguas, suelo y subsuelo y demás elementos que conforman el territorio reconocido como tal por la Constitución Política de 1991. A pesar de que Colombia no forma parte de la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar (CONVEMAR, UNCLOS por sus siglas en ingles), en nuestra legislación están contemplados todos y cada uno de los elementos clave de dicha convención. La Ley 10 de 1978 subsume dichos conceptos incluso mucho antes de que la CONVEMAR entrara en vigor en 1994, estructurándose todo un andamiaje jurídico que ha venido colocando al país en el mapa latinoamericano en materia de protección de sus ecosistemas marinos.

A lo largo de este tiempo, el país ha continuado la senda no solo de la protección, sino que dicha protección está sustentada en la investigación científica como base fundamental para poder gestionar sus recursos y ecosistemas marinos, marino-costeros y oceánicos. Muchas de estas medidas han estado enfocadas a la creación de herramientas de planificación y ordenamiento territorial, y a la armonización de diferentes instrumentos en los que la parte social, económica y financiera juegan un papel importante. La COP 16 se constituye, por tanto, en un escenario de enorme importancia para mostrar al mundo el compromiso del país con esta porción del territorio. Al igual que en la mayoría de los casos, el deterioro de estos ecosistemas está centrados en tres ejes, cambio climático propiamente dicho, lo que conlleva pérdida de biodiversidad que en muchos casos es producto de la contaminación ambiental en fuente terrestre, que de alguna manera u otra impacta en los ecosistemas marinos. Aunado a esto, es cada vez más evidente el impacto de la acción antrópica sobre estos ecosistemas, en muchas ocasiones traducida en una presión urbanística sobre las zonas costeras con todo lo que ello implica, incluyendo una apropiación cada vez más evidente sobre lo que se considera bienes de uso público, tales como playas y terrenos de bajamar.

La forma y los mecanismos de actuación para mitigar estos efectos, desde la perspectiva política y jurídica, implican establecer mecanismos de interactuación coordinados entre la ciencia y la ley. Es por ello que, desde la academia, abogamos por ampliar los conocimientos y armonizar saberes en los que la ley, basada en el conocimiento científico fruto de la investigación, se conviertan en la base fundamental en la toma de decisiones más asertivas, tomando en consideración los múltiples factores que inciden en el fenómeno, tales como actores económicos (pescadores, agricultores, sector público, privado y estatal, entre otros), gobernanza y gobernabilidad, mecanismos financieros novedosos enfocados en los principios de la economía azul y estrategias de conservación basadas en áreas protegidas.

Los retos a los que nos enfrentamos incluyen también una posición clara y firme frente a las nuevas alternativas de minería oceánica, en el proceso de encontrar el anhelado equilibrio entre desarrollo de energías alternativas y conservación de los océanos. Las perspectivas de explotación de los recursos minerales marinos (nódulos polimetálicos) con base en una ordenación jurídica de carácter global aún están lejos, a pesar de que ya contamos con un instrumento jurídicamente vinculante para la protección de la biodiversidad en aguas más allá de las fronteras nacionales (BBNJ por sus siglas en ingles). Se necesitan 60 procesos de ratificación para que entre en vigor.

A nivel nacional, las iniciativas de establecimiento de mecanismos de aprovechamiento de recursos pesqueros, bajo criterios de sostenibilidad, con una sólida base en las organizaciones comunitarias, han planteado un reto y un gran logro. Tal es el caso de las Zonas Especiales de Pesca Artesanal (ZEPA) y las Zonas Especiales de Manejo Pesquero (ZEMP), Resolución 449 de 2019; en las que las mismas comunidades han planteado las medidas a tomar, y que permiten desarrollar una actividad económica derivada de la pesca artesanal preservando para las generaciones futuras, igualdad de condiciones en la explotación de los recursos marinos.

Desde la perspectiva del ordenamiento territorial, de acuerdo con Amador y Lastra (2021), Colombia continua en el proceso de implementación de los Planes de Ordenamiento de Manejo Integrado de Unidades Ambientales Costeras (POMIUAC) con base en lo establecido en el Decreto 1120 de 2013, lo que permite que se puedan zonificar amplios territorios marino costeros con criterios ecosistémicos, en los que están involucrados no solo los factores biológicos, sino también los humanos, culturales y político administrativos. Si bien es cierto, estas iniciativas han contado con grandes retrasos en razón a los requisitos impuestos tales como las consultas previas, no es menos cierto que al menos uno de ellos (son 10 en total) ya ha sido adoptado formalmente, constituyendo un instrumento de gran importancia en razón a que una vez adoptado se convierte en un determinante de ordenamiento ambiental territorial y, por ende, en una norma de jerarquía superior, lo que implica que debe ser incorporado en los planes de ordenamiento territorial POT.

En materia de áreas protegidas (Decreto 2372 de 2010), el país va a la vanguardia en creación de este tipo de estrategias. De acuerdo con las metas de Aichi (Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020), a las que se adhirió Colombia, y que planteaba que a 2020 al menos el 10% de las áreas marinas deberían contar con algún tipo de protección, alcanzamos el 13.4%. Esta meta fue actualizada mediante la Alianza Global 30×30, de tal manera que en el momento el país cuenta con al menos el 47% de sus áreas marinas con algún tipo de protección (Álvarez, 2024). Ello no está exento de críticas, ya que la gran pregunta es cómo gestionar tan vasta porción del territorio con un escaso presupuesto y capacidad logística.

Por otra parte, los adelantos en materia de valoración de recursos naturales son considerables. Un ejemplo de ello son los bonos de carbono azul, proyecto que se viene implementando con los bosques de manglar, ecosistema protegido mediante la Ley 2243 de 2022, y que implica un nuevo paradigma en materia de conservación de ecosistemas estratégicos con apoyo y en beneficio de las comunidades implicadas en el proyecto, en tanto son ecosistemas indispensables para prevenir los procesos de erosión costera, preservación de espacios de cría y levante de pequeñas especies y grandes captadores y retenedores de CO₂.

El país puede mostrar en la COP 16 resultados muy interesantes y estrategias de conservación novedosas y creativas. Los enunciados en este documento constituyen tan solo unos pocos ejemplos de las muchas iniciativas emprendidas por el país a lo largo de los últimos 30 años en pos de la preservación de los ecosistemas marinos y costeros. Algunos casos han sido exitosos, otros deberán ser reconducidos y mejorados, pero la labor conjunta entre el Estado y los particulares, tal como lo plantea la Constitución de 1991 es un reto al que nos enfrentamos como nación y del que depende el sustento económico y la mejora en las condiciones de vida de nuestras comunidades.

Recientemente, en la Conferencia de Alto Nivel realizada los pasados días 3 al 7 de junio en San José de Costa Rica, se llevaron a cabo toda una serie de eventos académicos y políticos en los que se verificó el interés de mejorar en los aspectos que puedan conducir a un mejor aprovechamiento de nuestros recursos naturales marinos y oceánicos. Colombia participó activamente en estos escenarios mostrando sus logros, pero también los grandes retos a los que nos enfrentamos. La próxima cita es la III Conferencia Mundial de los Océanos en Niza 2025, y en ella intentaremos mostrar al mundo que el país sigue comprometido en la salvaguarda de sus mares a partir de dos elementos, ciencia y derecho. En esta cita, se abordaron diversos temas tales como el uso sostenible de los recursos pesqueros, el océano y la biodiversidad marino-costera como medio de subsistencia, la lucha contra la pesca fantasma y la economía azul. Como fruto de esta reunión se planteó el reconocimiento del papel que juega la tecnología para acelerar la acción oceánica, las oportunidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías tales como la satelital para la conservación y uso sostenible el océano, la promoción al acceso global de nuevas estrategias para la limpieza del océano y el desarrollo científico para luchar contra la contaminación marina por plásticos. Estos ambiciosos objetivos solo serán posibles mediante la implementación de políticas novedosas, que estén acompañadas por acciones efectivas en los procesos de implementación de los acuerdos globales, así como la canalización de recursos y los mecanismos financieros novedosos que hagan posible el lograr una más efectiva salud y gobernanza del océano.

* Doctor en Historia. Docente investigador. Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Atlántico. E-mail robertolastra@uniatlantico.edu.co, UNESCO/IOC Ocean Expert Profile https://www.oceanexpert.net/expert/34168 ORCID https://orcid.org/0000-0001-6076-6452

Referencias

Álvarez Gloria (2024). Crear áreas de conservación amerita límites y mejor gestión. https://www.corrillos.com.co/crear-areas-de-conservacion-amerita-limites-y-mejor-gestion/

Amador K, Lastra R. (2021). Espacios marino-costeros en el ordenamiento territorial, el suelo costero como eje vertebrador. Lecturas sobre derecho del medio ambiente. Tomo XXI. Publicaciones Universidad Externado de Colombia.

Inmersed (2024). Evento de Alto Nivel sobre Acción Oceánica: Inmersos en el cambio. https://immersedinchange.gob.go.cr/wp-content/uploads/2023/10/ImmersedInChange-Nota-Conceptual.pdf

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