Un nuevo Fallo de la Haya que deja enseñanzas, pero ante todo retos para el manejo transfronterizo del Seaflower.

El Fallo de la Haya del 21 de abril de 2022 sobre las “Supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el Mar Caribe” nos demuestra, una vez más, la importancia de establecer alianzas y diálogos para la protección de los ecosistemas que compartimos con nuestros países vecinos. La efectiva conservación de la Reserva de Biosfera Seaflower demanda una estrategia conjunta de salvaguarda entre los países de El Gran Caribe.

Por: Juliana Hurtado Rassi.

El 19 de noviembre del año 2012 se conoció la sentencia en el diferendo marítimo y territorial entre Nicaragua y Colombia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en la que de acuerdo con este tribunal la Reserva de Biosfera Seaflower, ubicada en territorio colombiano hasta ese año, quedó en jurisdicción de estos dos países después de que el tribunal trazara la frontera marítima, que a su criterio no estaba definida.

Desde ese momento, el gobierno colombiano planteó una estrategia que puede dividirse en los siguientes frentes:

1) El Plan San Andrés: proyectos e inversiones sin precedentes y sin una total ejecución,

2) Diseño de una estrategia integral (Lineamiento n.º 1. “El fallo es inaplicable hasta tanto se celebre un tratado”, Lineamiento n.º 2. Consolidación del Archipiélago mediante la declaratoria de una zona contigua integral, Lineamiento n.º 3. Continuar protegiendo la Reserva de Biosfera Seaflower, Lineamiento n.º 4. Contener el expansionismo de Nicaragua.

Sin embargo, y a pesar de los innumerables esfuerzos realizados por el gobierno nacional y departamental del Archipiélago en ambos frentes, las consecuencias sociales, culturales y ambientales de la decisión tomada por La Haya son incalculables y con el paso de los años en aspectos como el ambiental resultan casi irreparables.

Dentro de las consecuencias ambientales que ha generado esta situación de incertidumbre se pueden mencionar afectaciones en la protección, la conectividad y la conservación de la biodiversidad que ostenta este ecosistema estratégico, dificultades para dar continuidad a las investigaciones que se acostumbraban a realizar en la totalidad de esa área marina protegida lo que redunda de una u otra manera en la imposibilidad de continuar implementando el modelo de desarrollo sostenible al que Colombia se había comprometido con la designación de esta área como Reserva de Biosfera Seaflower desde el año 2000.

Por su parte, dentro de los efectos sociales, económicos y culturales de esta decisión de la Corte Internacional de Justicia de La Haya puede hacerse referencia a las consecuencias directas sufridas por los pescadores artesanales del archipiélago, toda vez que uno de los sectores con mayor riqueza pesquera quedó bajo la jurisdicción de Nicaragua.

Así lo reflejó también el Plan de Desarrollo 2016-2019 del Archipiélago en el que se indicó que la pesca en las islas se considera una actividad económica clave generadora de empleos y divisas, y a su vez juega un papel relevante en la seguridad alimentaria y en las tradiciones locales, por ejemplo, la pesquería más relevante y a su vez mayormente afectada por el fallo de la Corte ha sido la langosta espinosa, que, como lo señala este texto, ha ocurrido por la falta de claridad en la aplicabilidad del fallo, que a su vez ha conllevado una disminución de la flota de pesca industrial afiliada (Gobernación Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; Universidad Nacional Sede Caribe, 2015), aunada a la alta presión ejercida por pescadores ilegales extranjeros sobre este recurso.

Pero así como Colombia diseñó estrategias para hacer frente a esta decisión, Nicaragua no se ha quedado atrás. En el año 2013 este país interpuso dos nuevas demandas en contra de Colombia: la primera del 16 de septiembre sobre “Cuestiones de delimitación de la plataforma continental entre Nicaragua y Colombia más allá de las 200 millas Náuticas desde la Costa nicaragüense”, y la segunda del 26 de noviembre por “Supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el Mar Caribe”.

Adicional a lo anterior, en el año 2021, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la creación de la “Reserva de Biosfera del Caribe Nicaragüense” de manera autónoma e incluyendo parte del área marina que la Corte de la Haya entregó a Nicaragua en el año 2012. Vale la pena precisar que la designación de Reserva de Biosfera las realiza únicamente la UNESCO, por solicitud de los Estados interesados y no son los mismos países quienes designan autónomamente estas áreas, toda vez que para estas designaciones se debe cumplir con requisitos avalados y analizados por el programa MAB sobre el Hombre y la Biosfera.

Ahora nos enfrentamos al Fallo emitido por las “Supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el Mar Caribe”, proceso de defensa en el cual participaron representantes de la comunidad de San Andres, Providencia y Santa Catalina, que desafortunadamente no tuvieron la posibilidad de hacerlo en la primera demanda, nunca sabremos si su participación hubiera sido decisiva para que en ese momento la Corte entendiera la estrecha relación que existe entre la protección de esa área marina, la cultura de quienes habitan el Archipiélago y la importancia de su conservación ambiental.

No es momento entonces de pensar en lo que hubiera sido y no fue, más bien la enseñanza que nos queda como país es solo una: el diálogo es fundamental para la resolución de conflictos y más si estos conflictos están afectando directamente la protección de los recursos naturales y las actividades ancestrales de las que depende cultural y económicamente una comunidad que siempre ha valorado la importancia de la conservación de un ecosistema que defienden solo por el hecho de ser su hogar.

Es hora de entender la necesidad de sobreponer la protección ambiental a todo conflicto social y político, pues la omisión de acciones de conservación y protección de los ecosistemas estratégicos que compartimos con nuestros países vecinos, se están reflejando en la degradación de ecosistemas estratégicos como lo es la Reserva de Biosfera Seaflower.