Áreas Protegidas en los Territorios Líquidos de Colombia. Estrategias de Protección ambiental en Espacios Marinos y Oceánicos

Las áreas marinas protegidas constituyen un mecanismo de preservación y conservación de espacios naturales vulnerables. Las políticas nacionales avanzan en este sentido con celeridad en cumplimiento de los compromisos internacionales. Sin embargo cabe preguntarse, ¿están resultado efectivas estas medidas?

Roberto Lastra Mier, Facultad de Ciencias Jurídicas,  [1]

Alba Vergara Castaño, Facultad de Ciencias Básicas[2]

Uniatlántico.

A partir de los años sesenta del siglo XX Colombia dio inicio a un proceso de delimitación y alinderamiento de espacios naturales que, en razón a su singularidad ecológica, consideró deberían ser preservados. Si bien es cierto, la gran mayoría de estos espacios correspondieron inicialmente a territorios continentales, no es menos cierto que de igual manera áreas costeras y posteriormente oceánicas, se han ido incorporando al catálogo del patrimonio natural jurídicamente tutelado. Las políticas nacionales en materia de mares y océanos han marcado un norte en este sentido, y actualmente acogidos a los principios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS en especial el 14 (Vida Submarina), se afianza y concretiza una política pública estructurada de protección de estos espacios. Adicionalmente, el país se embarcó desde inicios del siglo XXI en una serie de compromisos internacionales derivados en gran parte de los adquiridos a raíz de la Convención de la Biodiversidad (CDB) y que en el caso específico de las Áreas Marinas Protegidas (AMP) se inscriben dentro de la Metas de Aichi, en particular la Meta 11, que platea que los países deberán procurar que para la fecha límite de 2020 al menos el 10% de sus aguas nacionales deberán estar bajo el régimen de áreas marinas protegidas (WWF, 2017)[3].

Colombia ha cumplido con creces estos objetivos, de hecho, a la fecha ha superado el mismo con un total de 43 AMP creadas, lo que equivale al 13,8% de las aguas marinas nacionales. (RUNAP http://runap.parquesnacionales.gov.co/cifras, 14 de junio de 2019). De esta manera, de cara a la comunidad científica e institucional el país da por cumplidos sus compromisos. Sin embargo, vale la pena preguntarse si este vertiginoso incremento de las áreas marinas protegidas resulta del todo efectivo, partiendo de la base de que los recursos financieros, logísticos y las capacidades institucionales en los últimos tiempos se han visto afectadas por los recortes y/o estancamientos presupuestales y reestructuraciones administrativas. Desde el punto de vista normativo y con una sólida base científica, no cabe dudas de que el país ha dado pasos importantes hacia la consolidación de un sistema de áreas protegida en diversos aspectos, entre los cuales el jurídico es, sin duda, uno de los que ha alcanzado mayor desarrollo. Con todo, el país afronta diferentes retos como por ejemplo con respecto al sistema de categorías de manejo, ya que estos necesariamente deben fundamentarse en los objetivos de conservación, las características naturales de las áreas y su regulación de usos y actividades y permitir su homologación internacional con los más recientes sistemas propuestos por la Unión Internacional para Conservación de la Naturaleza UICN, por lo que resulta necesario continuar en la adopción y mejoramiento constante de políticas de Estado que consoliden un Sistema Nacional de Áreas Protegidas de manera integral, completa, ecológicamente representativo y eficazmente gestionado.

Precisamente en este orden de ideas, se hace evidente la necesidad de profundizar en el conocimiento sobre estos temas a fin de mejorar sustancialmente los mecanismos de articulación entre los sistemas de manejo de las áreas marinas protegidas, como por ejemplo a nivel de espacios costeros, un ejemplo de ellos es la diferencia en los avances entre los Sistemas Regionales de Áreas Protegidas SIRAP Caribe y el SIRAP Pacífico, que se materializa en la ausencia de una estrategia que coordine acciones y facilite la adecuada articulación y consolidación del Subsistema Marino de Áreas Protegidas- SAMP con otras estrategias de conservación del orden internacional, nacional, regional, local, comunitario y de la sociedad civil en el ámbito marino costero.

Adicionalmente, no se cuenta con herramientas eficientes que permitan hacer un Seguimiento, Control y Vigilancia (SCV) de la actividad pesquera y de otras actividades económicas en las áreas protegidas marinas y marino costeras e insulares del Sistema Nacional de áreas Protegidas SINAP y las entidades competentes nacionales y regionales en muchos casos están limitadas para realizar de manera efectiva y eficaz un control sobre las actividades ilegales en sitios objeto de conservación.

Por último, en lo que respecta al estado de los recursos marino-costeros, las diferentes presiones sobre los ecosistemas (dentro y fuera del SINAP) han disminuido su funcionalidad y puesto en riesgo la biodiversidad, la oferta de servicios ecosistémicos y ha contribuido a la pérdida de recursos hidrobiológicos. Con base en estos planteamientos, resulta evidente la necesidad de abordar desde la academia la investigación de tipo jurídico en estos temas de gran importancia para el futuro de la Nación, toda vez que los mares colombianos constituyen prácticamente el 50 % del territorio nacional.

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[1] Doctor en Historia de la Universidad de Vigo, España; Magister en Proyectos de Desarrollo Social de la Universidad del Norte y Abogado de la Universidad de la Costa. Docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas en Legislación ambiental, Universidad del Atlántico (Barranquilla, Colombia) y docente invitado en Derecho del Mar de la Universidad Externado de Colombia. Número ORCID:  https://orcid.org/0000-0001-6076-6452. Contacto: robertolastra@uniatlantico.edu.co.

[2] Doctor en Biología de la Universidad de Vigo, España; MSc. Biología Marina de la Universidad Nacional de Colombia y Bióloga Marina de la F. Jorge Tadeo Lozano. Docente de la facultad de Ciencias Básicas,la Universidad del Atlántico (Barranquilla, Colombia). Número ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9344-6575. Contacto: albavergara@uniatlantico.edu.co.

[3] Meta 11: Para 2020, al menos el 17% de las zonas terrestres y de aguas continentales y el 10% de las zonas marinas y costeras, especialmente aquellas de particular importancia para la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, se conservan por medio de sistemas de áreas protegidas administrados de manera eficaz y equitativa, ecológicamente representativos y bien conectados y otras medidas de conservación eficaces basadas en áreas, y están integradas en los paisajes terrestres y marinos más amplios.

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Imagen: Los morros de Jurubirá, uno de los sitios turístico más reconocidos del Nuquí, son también el área donde se reproduce el tiburón martillo./Foto:Angélica María Cuevas tomado de https://blogs.elespectador.com/actualidad/el-rio/pescadores-le-entregan-a-colombia-una-nueva-area-marina-protegida