El riesgo ambiental en las operaciones financieras y bancarias

Actualmente, los proyectos de alto impacto ambiental son verdaderos conflictos socio-ambientales en Colombia. Esto se debe a, entre otras cosas, la falta de medición temprana y prioritaria del riesgo social y ambiental. Consideramos que la identificación anticipada en la financiación de dichos proyectos es esencial para determinar el riesgo y adoptar medidas de mitigación, que garanticen los derechos e intereses de todos los actores: empresa privada, financiadores y sociedad civil

Luis Felipe Guzmán Jiménez*

Los conflictos ambientales son un nuevo reto para la sociedad y el Derecho. Específicamente, el uso y explotación racional y sostenible de los recursos naturales, la construcción de infraestructura, la gestión del territorio, las actividades de alto impacto ambiental, entre otros. Su aparición está generando efectos considerables en la economía del país, así como en el goce pacífico de los derechos fundamentales y colectivos de los administrados y en la tranquilidad en muchas regiones de la Nación. La prevención de los conflictos ambientales debe ser la vertiente en la que todos los actores, tanto públicos como privados, deben trabajar. En esta faceta preventiva consideramos que uno de los llamados es el sector financiero[1], que tiene roles determinantes en la disminución de los conflictos ambientales mediante el diseño de procesos corporativos que han de medir el riesgo ambiental y social a la hora de realizar operaciones de crédito e inversión de determinados proyectos.

El desarrollo de proyectos de alto impacto ambiental -como es la construcción de hidroeléctricas, autopistas, puertos, represas, extracción de hidrocarburos, minería a cielo abierto- suponen procesos complejos en que hay diversas etapas de diseño, negociación con comunidades y propietarios, búsqueda de financiación con banca nacional o extranjera, construcción, operación y refinanciación, entre otros (Gonzalez Pérez, 2016). A lo largo de todo ello hay altos riesgos financieros, y es ahí donde la identificación, medición, análisis del riesgo ambiental y social son una cuestión relevante por los impactos adversos en el medio ambiente y en las comunidades[2]. En el 2003, fueron promulgados los Principios de Ecuador[3], que representan un buen ejercicio de autorregulación de las entidades financieras. Son la «debida diligencia empresarial» para medir los impactos sociales y ambientales que puedan generar determinados proyectos[4]. Hoy la banca y el conglomerado social necesitan tanto sostenibilidad ambiental como estabilidad social y jurídica en las inversiones que se realicen.

Consideramos que el sistema financiero puede ser un articulador de la sostenibilidad en la implementación de dichos proyectos de alto impacto social y ambiental, pues facilita a los privados el flujo de dinero necesario para el desarrollo de los proyectos. Pensemos en casos connotados como fue la construcción de la represa de las Tres Gargantas en el río Yangtsé, en China –considerada la planta hidroeléctrica más grande del mundo y uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos de la historia, en su momento– donde fueron desplazadas más de un millón de personas y las consecuencias ambientales son aún incalculables[5]. O en Colombia, cómo fue la financiación para la construcción de Hidroituango[6].  Este es el típico caso que nos permite evidenciar como un proyecto puede generar unos riesgos de toda índole y afectar la actividad financiera del país. A partir de este caso, el sector financiero en Colombia empezó a comprender la importancia de exigir evaluaciones de impacto ambiental (EIA) de ciertos proyectos y la llamada licencia social para operar (LSO). Dicha situación va a afectar a las entidades financieras que tengan la calidad de acreedoras pues está en «riesgo» el pago de la deuda por la demora en los flujos de caja del proyecto[7]. También va a tener un impacto en la actividad aseguradora, deberán responder por las pólizas suscritas, también los inversionistas de EPM, que ya ven sus activos amenazadas con una baja en la calificación de la empresa (Fitch Ratings , 2018). Sin duda este era un proyecto con riesgos ambientales y sociales muy alto, clasificable a simple vista en la categoría A (dentro de la clasificación realizada en los Principios del Ecuador). Muchos de los proyectos financiados por el sector financiero, seguramente pueden llegar a mutar a conflictos socio-ambientales y generar bloqueos institucionales tanto a la Administración como a la empresa privada. Dicha realidad impone ciertos retos para la medición de los riesgos ambientales y sociales en las operaciones de crédito[8].

Los dos casos mencionados son una evidencia del nuevo rol del sector financiero en la posmodernidad. No puede seguir siendo el de financiar grandes proyectos en diferentes sectores de la economía sin medir los riesgos ambientales y sociales. La actividad financiera está basada en la confianza en un entorno de información asimétrica, que tiene inmersos muchos riesgos y para cada uno de ellos se prevé un sistema de administración[9]. Cada tipología de riesgo tiene una especial forma de identificar, cuantificar, controlar, mitigar (establecimiento de límites de tolerancia al riesgo) y evaluación de medidas (modificación o cambio de riesgos para determinada cobertura), pero como veíamos en el caso de Hidroituango, y en general en casi todos los proyectos de impacto ambiental va a presentarse un riesgo ambiental y social muy alto que debe ser evaluado. Lo anterior impone la creación de auditorías legales que determinen la observancia de la ley y la obtención de licencias sociales para operar los proyectos por parte de los desarrolladores. La gestión de los riesgos es la piedra angular de la administración de la gestión financiera, por eso el Estatuto Financiero de Colombia debería contemplar la variable ambiental, que está siendo determinante en la actividad financiera.

El riesgo ambiental es la posibilidad que ocurra un daño al medio ambiente. Es decir, una afectación al normal funcionamiento de los ecosistemas o la renovabilidad de sus recursos y componentes (según lo establecido en el art. 42 de la Ley 99 de 1993). Las entidades del sector financiero tienen riesgo ambiental alto, medio y bajo. Veamos cada caso puntual. En primer lugar, los establecimientos de crédito y sociedades de servicios financieros se enfrentan a este riesgo dentro del llamado «riesgo indirecto», que hace referencia a los riesgos de los clientes (Rojas Esquivel, 2004). La gran pregunta es cómo se debe valorar un riesgo ambiental, pues son muchas las alternativas: evaluación por parte del agente de crédito; evaluaciones por parte de oficinas internas de las entidades financieras especializadas en la variable ambiental; o la auditoría de empresas externas especializadas en los riesgos ambientales. Esto varía dependiendo el riesgo de cada proyecto[10]. En Colombia los bancos que tienen la mayor participación en cartera comercial son Bancolombia, Bogotá, Davivienda, Occidente, BBVA e Itaú (Asobancaria, 2018). Por mencionar solo un ejemplo, veamos el caso de Bancolombia que viene articulando la organización en torno a la sostenibilidad[11].

En segundo lugar, las sociedades fiduciarias, sociedades administradoras de pensiones y cesantías, sociedades administradoras del régimen solidario de prima media, comisionistas de valores como parte del sector financiero también tienen un riesgo socio-ambiental importante. Sobre esta tipología de riesgo empezó a hablar Al Gore hace unos años. Él sostuvo que en la crisis ambiental que padece el mundo los administradores de inversiones deben incluir los criterios de sostenibilidad a la hora de tomar decisiones. Si no es así, serán inversiones con problemas de estabilidad a largo plazo. Para ello, los inversionistas deben exigir la evaluación socio-ambiental en sus procesos de inversión. Y, en tercer lugar, no menos importante, están las entidades del sector asegurador, que se vienen afectando por el cambio climático, tal como lo describen los estudios realizados por el Banco Central de Inglaterra, según el cual la regulación de seguros es un área que necesita considerar un horizonte de tiempo relativamente largo.

Aún cuando existe una conciencia creciente sobre los riesgos socio-ambientales que enfrentan los proyectos financiados por la banca, consideramos que hay una gran oportunidad para formar capital humano y diseñar metodologías jurídicas que permitan garantizar seguridad jurídica a las inversiones y garantía y respeto de los derechos fundamentales y colectivos de la sociedad civil. Para el manejo adecuado de los conflictos socio-ambientales hoy es necesaria la creación de unidades de riesgo socio-ambiental especializadas al interior de las entidades del sector financiero y dependencias del más alto nivel que viabilicen ambiental y socialmente el desarrollo de negocios de inversión o crédito, y que tengan diálogo con las autoridades del Sistema Nacional Ambiental. Finalmente, los conflictos generados por la utilización de los recursos naturales parecen ser un elemento constante en la historia de la humanidad, su incremento y agravación en las últimas décadas es indiscutible, y es aquí donde la información del riesgo social y ambiental es determinante para prevenirlos. El riesgo ambiental no es otra cosa que información ambiental en la toma de decisiones trascendentales para el desarrollo de los proyectos de alto impacto ambiental, y por ende para la garantía de los derechos de los ciudadanos.

 

Bibliografía

Amaya Arias, A. (2011). Riesgo ambiental en el sector financiero. En AA.VV., Lecturas sobre Derecho del Medio Ambiente. Tomo XI. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Amaya Navas, O., & Amaya Arias, A. (2010). Banca y medio ambiente. Un ejercicio de responsabilidad social empresarial. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Asobancaria. (2018). Informe de Tipificación: La Banca Colombiana en 2017. Obtenido de http://www.asobancaria.com/wp-content/uploads/Libro-de-Tipificacion2017WebVFPaginas.pdf

Banco Interamericano de Desarrollo [BID]. (2014). La gestión de riesgos ambientales y sociales. Una hoja de ruta para bancos nacionales de desarrollo en América Latina y el Caribe. New York: BID.

CISL; UNEP-FI;. (2014). Stability and Sustainability in Banking Reform: Are Environmental Risks Missing in Basel III? Obtenido de https https://www.unepfi.org/fileadmin/documents/StabilitySustainability.pdf

Fitch Ratings. (1 de junio de 2018). Fitch Mantiene EPM en Observación Negativa. Recuperado el 29 de julio de 2018, de https://www.fitchratings.com/site/pr/10033256

Gonzalez Pérez, M. (7 de agosto de 2016). Revista Dinero . Recuperado el 2 de agosto de 2019, de Principios del Ecuador y las consideraciones en la financiación de proyectos: https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/principios-del-ecuador-y-las-consideraciones-en-la-financiacion-de-proyectos-por-maria-alejandra-gonzalez-perez/226572

Hidroituango . (2016). Proyecto Hidroeléctrico Ituango. Recuperado el 29 de julio de 2019, de Una contribución al desarrollo local y regional Un mejor futuro para los colombianos: https://www.hidroituango.com.co/proyectos/proyecto-hidroelectrico-ituango/38

Robayo Duque, A. (2018). Hacia una regulación de riesgo socioambiental y finanzas verdes para entidades financieras en Colombia. Bogotá: Tesis para optar por el título de Magister en Derecho con énfasis de Derecho de los Recursos Naturales, Universidad Externado de Colombia.

Rojas Esquivel, A. (2004). Alternativas para incluir aspectos ambientales en el sector financiero . En AA.VV., Ecobanking. Opciones para una banca sostenible (págs. 118-156). Berlín: InWEnt – Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH Capacity Building International, Germany.

The BankTrack . (2018). BankTrack. Obtenido de https://www.banktrack.org/page/about_banktrack

Torres Hernandez, N. (18 de junio de 2019). Semana Sostenible . Recuperado el 2 de agosto de 2019, de Después de un año, ¿todavía hay riesgo de un colapso de Hidroituango?: https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/despues-de-un-ano-todavia-hay-riesgo-de-un-colapso-de-hidroituango/44640

Valdés, S. (2003). Evaluación del riesgo ambiental en el sector financiero: la perspectiva del Banco. Revista de Economía y Administración.

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*Miembro del Grupo de Investigación en Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Externado de Colombia y Estudiante de doctorado de la Universidad Carlos III de Madrid.

[1] El informe elaborado conjuntamente por UNEP-FI y el Instituto para el Liderazgo en la Sostenibilidad de la Universidad de Cambridge en el año 2014 pone de presente la necesidad de evaluar los riesgos ambientales sistémicos para la estabilidad del sector bancario (UNEP-FI & CISL, 2014). O el llamado que ha hecho el BID (2014) desde hace mucho tiempo para diseñar una hoja de ruta para bancos nacionales de desarrollo para la gestión de riesgos ambientales y sociales. El vínculo que existe entre la banca y el medio ambiente es  diverso, existen diferentes líneas de acción donde la cuestión ambiental está presente en la actividad económica financiera  (Amaya Navas & Amaya Arias, 2010).

[2] Existen iniciativas desde la sociedad civil representadas en Organizaciones No Gubernamentales que vienen trabajando en el tema. Como es el caso de Banktrack, ONG especializada en el sector financiero, quien desde hace mucho tiempo realiza un seguimiento exhaustivo a la participación de los bancos en la financiación de actividades comerciales con impacto social y ambiental. Tiene un alto impacto en el sector financiero, pues se ha convertido en el eje articulador de activistas en todo el mundo para identificar los bancos que financian determinados proyectos y con presión social movilizar al sector y promover acciones de mejora (The Bank Track, 2018).

[3] Los principios son: «1. Revisión y categorización. 2. Evaluación ambiental y social. 3. Normas ambientales y sociales aplicables. 4. Sistema de gestión ambiental y social y plan de acción de los Principios del Ecuador. 5. Participación de los grupos de interés. 6. Mecanismos de quejas. 7. Revisión independiente. 8. Compromisos contractuales. 9. Seguimiento independiente y reporte. 10. Presentación de informes y transparencia».

[4] Los Principios se aplican principalmente a cuatro productos (servicios de asesoramiento financiero a proyectos de más de US$10 millones; financiación de proyectos de más de US$10 millones, préstamos corporativos vinculados a proyectos; préstamos de fuente).

[5] Robayo Duque (2018) sostiene que dos países que han avanzado mucho en materia de medición de impacto ambiental y social en el sector financiero son Bangladesh y China. Vale la pena tenerlos como sectores de especial referencia para eventuales reformas en nuestro país. El trabajo de investigación realizado por Robayo Duque (2018) es muy importante ya que desde la academia se propone regulación en la materia; lo hace la autora con mucho rigor y especificidad, vale la pena consultarlo.

[6] El proyecto generador de energía entraría en operación en el año 2018 y produciría aproximadamente el 17% de la demanda energética nacional (13.930 GWh de energía media anual). Veamos un poco la génesis de este connotado caso.  En el año 2010, la Sociedad Hidroituango suscribió con Empresas Públicas de Medellín (EPM) un contrato tipo BOOMT (Build, Operate, Own, Maintain and Transfer, por sus siglas en inglés), para la construcción del proyecto hidroeléctrico. EPM se obligaba a efectuar las inversiones necesarias para la financiación, construcción, operación, mantenimiento y entrada en operación de la central hidroeléctrica y transferirla de nuevo a la Sociedad luego de 50 años (Hidroituango , 2016). El proyecto enfrentó grandes amenazas originadas por la intensidad de las lluvias sobre la cuenca del río Cauca, segundo más grande del país, afectando a más de quince mil personas por un alto riesgo de inundaciones aguas abajo del proyecto. Para profundizar sobre esto, vid. (Torres Hernández, 2019).

[7] Y adicional a ello, un riesgo reputacional alto para los bancos que financiaron el proyecto. Por mencionar un solo caso, la ONG Ecologistas en Acción revelo que los Bancos BBVA y Santander habían financiado la operación del proyecto.

[8] Un antecedente muy importante es el caso del Maryland Bank and Trust en 1980 donde se hizo responsable de la limpieza de un área contaminada. Dicha entidad financiera prestó dinero a una empresa que se encargaba de la disposición final de residuos sólidos. La obligación surgió por un programa estadounidense llamado Comprensive Environmental Response, Compensation an Liability (CERCLA o Superfondo) de la década de los ochenta diseñado para financiar la limpieza de sitios contaminados con sustancias peligrosas y contaminantes. Los sitios administrados bajo este programa se conocen como sitios «Superfund».

[9] Los riesgos son: mercado, crédito (Sistema de Administración del Riesgo Financiero [SARC]), liquidez (Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez [SARL]), operacional (Sistema de Administración de Riesgo Operacional [SARO]), legal, reputacional. Cada uno de estos riesgos tienen en cuenta estadísticas y proyecciones económicas y financieras cuantificables. En este sentido, vid.  (Amaya Arias, 2011).

[10] Por su parte, Valdés  (2003) sostiene que la gestión de riesgos ambientales normalmente consta de los siguientes procedimientos:«[…]  1. Identificación de riesgos ambientales. 2. Screening ambiental. 3. Investigación ambiental. 4. Estrategias de gestión de riesgos ambientales. 5. Evaluación del riesgo ambiental del negocio. 6. Transferencia de riesgos. 7. Monitoreo y seguimiento de riesgos ambientales» (p. 8).

[11] Reflejo de ello es su participación en el ranking del CDP (Carbon Disclosure Project) de las empresas más sostenibles del mundo para invertir. En el 2017 fue catalogado como el banco más sostenible de América, séptimo en el mundo, líder de mercados emergentes y del Índice de Sostenibilidad Dow Jones para el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA).