Estructurar un Mecanismo de Financiamiento para la Conservación del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR), un Reto Inaplazable.

Autores: Diana Vivas[1] y Roberto Enrique Lastra Mier[2]

El Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR) constituye una de las iniciativas de cooperación regional voluntaria más importantes para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina. A partir de la Declaración de San José suscrita por los gobiernos de Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá, se promovió la gestión coordinada de áreas marinas protegidas y la conectividad ecológica de ecosistemas estratégicos que albergan especies migratorias. Muchas de ellas encuentran amenazado su estado de conservación frente al riesgo de extinción, sin embargo, garantizar la sostenibilidad de esta visión regional requiere avanzar en uno de los desafíos más relevantes para la gobernanza ambiental como la consolidación de un mecanismo de financiamiento de largo plazo que garantice su sostenibilidad.

En ese sentido, la Declaración de San José estableció principios, objetivos y mecanismos de coordinación política y técnica entre los Estados miembros, reconociendo incluso la necesidad de identificar y promover mecanismos de financiamiento que apoyen la gestión integral del Corredor y fortalezcan la conservación de las áreas marinas protegidas que lo conforman (CMAR, 2004).

Pese a los importantes avances alcanzados en materia de cooperación técnica, posicionamiento internacional y ampliación de las áreas protegidas núcleo, el carácter no vinculante del mecanismo ha evidenciado limitaciones para asegurar recursos permanentes que permitan implementar acciones regionales, fortalecer la institucionalidad y responder de manera efectiva a los crecientes retos de conservación del Pacífico Este Tropical. La transición hacia un modelo institucional más robusto exige, por tanto, que la discusión sobre la personalidad jurídica del CMAR vaya acompañada de un debate igualmente ambicioso sobre su sostenibilidad financiera.

Actualmente, los países miembros avanzan en la construcción de un instrumento jurídicamente vinculante que otorgaría personería jurídica internacional al CMAR. Este proceso representa una oportunidad histórica para fortalecer la gobernanza del CMAR y, al mismo tiempo, establecer las bases para un modelo financiero sólido, diversificado y sostenible. Igualmente, la discusión sobre el financiamiento del Corredor no debería centrarse en una única fuente de recursos, sino en una combinación de estrategias complementarias y pensando en priorizar el liderazgo de los países miembro y la soberanía de estos mismos en la toma de decisiones sobre sobre el futuro mecanismo.

En Colombia, las obligaciones derivadas del acuerdo deberán armonizarse con los procedimientos constitucionales de aprobación de tratados, control previo de la Corte Constitucional y ratificación internacional. Su ejecución financiera requerirá, además, apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación y, cuando se trate de compromisos plurianuales, el cumplimiento del régimen de vigencias futuras y sostenibilidad fiscal. Si se pretendiera financiar el mecanismo mediante tasas, contribuciones o ingresos de destinación específica, sería necesaria una habilitación legislativa que respete los principios de legalidad tributaria y especialización presupuestal. Por ello, el futuro acuerdo debería obligar a los Estados a adoptar las medidas internas necesarias, pero no sustituir las competencias constitucionales de sus órganos legislativos y presupuestales.

Ahondando entre las alternativas que han cobrado relevancia se encuentran los bonos azules, orientados a movilizar capital hacia iniciativas de conservación y uso sostenible de los océanos (The Nature Conservancy, 2022; World Bank, 2022); los esquemas de pagos por servicios ambientales, que reconocen el valor de los beneficios que los ecosistemas marinos generan para las comunidades y las economías; y mecanismos basados en la valoración económica del capital natural, capaces de traducir en decisiones de política pública la importancia de servicios como la captura de carbono, la protección costera, la seguridad alimentaria y el mantenimiento de la biodiversidad (de Groot et al., 2012; IPBES, 2019). Asimismo, resulta necesario explorar contribuciones gubernamentales periódicas, alianzas con la cooperación internacional, mecanismos fiduciarios regionales y herramientas financieras innovadoras que permitan distribuir riesgos y ampliar la base de financiación del Corredor (Emerton et al., 2006).

Como consecuencia, es posible identificar que el fortalecimiento en la gobernanza del CMAR y la definición de un mecanismo financiero de largo aliento son procesos estrechamente vinculados. Avanzar en ambos frentes no solo permitirá consolidar este corredor biológico marino como una plataforma regional de cooperación, sino también garantizar que la protección de sus ecosistemas cuente con los recursos necesarios para perdurar en el tiempo. Esta articulación de procesos, aunque representa más tiempo por los procesos de negociación y ratificación, garantiza que sea el CMAR en representación de los países quien defina el destino de esta importante iniciativa.

Asimismo, se tiene que pensar en un mecanismo que no genere una deuda para los países, es decir, la naturaleza vinculante del futuro instrumento no debería limitarse al reconocimiento de personalidad jurídica internacional al CMAR, sino que para garantizar su eficacia, el acuerdo tendría que establecer obligaciones financieras identificables, mecanismos de cumplimiento y competencias claras para sus órganos de gobierno sin que necesariamente este tipo de líneas de acción impliquen una dependencia única y exclusiva por parte de fondos estatales, es por ello que se plantean alternativas a los instrumentos tradicionales que puedan generar endeudamiento o dependencia de aportes presupuestales periódicos de los Estados. Podría evaluarse la constitución de un fondo fiduciario regional de conservación, jurídicamente diferenciado del CMAR y destinado exclusivamente a financiar la ejecución de sus objetivos ambientales. Esta posibilidad encuentra sustento en las orientaciones desarrolladas en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica, cuya Meta 19 del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal promueve la movilización progresiva de recursos procedentes de fuentes internacionales, privadas, filantrópicas e innovadoras, siempre que su utilización se someta a salvaguardas ambientales y sociales, criterios de transparencia y mecanismos efectivos de rendición de cuentas (Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2022).

De manera complementaria, los estudios sobre financiamiento sostenible de áreas protegidas reconocen los fondos fiduciarios ambientales como instrumentos capaces de contribuir a la obtención de recursos estables y suficientes a largo plazo, dentro de una estrategia financiera diversificada que no dependa exclusivamente de los presupuestos públicos (Emerton et al., 2006). Un precedente regional relevante es el Caribbean Biodiversity Fund, estructurado mediante un fondo patrimonial regional y fondos fiduciarios nacionales encargados de canalizar sus rendimientos hacia programas de conservación marina y terrestre; este modelo evidencia que es posible separar la definición de las prioridades ambientales de la administración profesional del patrimonio financiero, preservando el capital y utilizando sus rendimientos para sostener acciones de conservación de largo plazo (Banco Mundial, 2017). Adaptada al CMAR, esta alternativa permitiría captar y administrar recursos de cooperación internacional, filantropía ambiental y otras contribuciones no reembolsables, sin convertir al Corredor en una entidad comercial ni trasladar necesariamente nuevas obligaciones financieras a los Estados miembros.

Una conservación efectiva requiere voluntad política, cooperación entre los Estados y, sobre todo, una comprensión clara de que proteger los océanos es también una inversión estratégica para el bienestar y el desarrollo sostenible de la región. La biodiversidad del Pacífico Este Tropical representa un patrimonio natural de importancia global. No obstante, su conservación dependerá cada vez más de la capacidad de los países para construir modelos de gobernanza acompañados de instrumentos financieros que trasciendan los ciclos políticos y los proyectos de corto plazo.

Referencias

Banco Mundial. (2017, 30 de octubre). Financing conservation and management of the Eastern Caribbean marine ecosystem. World Bank. https://www.worldbank.org/en/results/2017/10/30/financing-conservation-and-management-of-the-eastern-caribbean-marine-ecosystem

CMAR. (2004). Declaración de San José sobre el Corredor Marino de Conservación del Pacífico Este Tropical. https://www.cmarpacifico.org/sites/default/files/inline-files/Declaracion-de-San-Jose-2004-FIRMADA.pdf

Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica. (2022, 19 de diciembre). Decisión 15/4: Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal. Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica. https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-15/cop-15-dec-04-es.pdf

de Groot, R., Brander, L., van der Ploeg, S., Costanza, R., Bernard, F., Braat, L., Christie, M., Crossman, N., Ghermandi, A., Hein, L., Hussain, S., Kumar, P., McVittie, A., Portela, R., Rodriguez, L. C., ten Brink, P., & van Beukering, P. J. H. (2012). Global estimates of the value of ecosystems and their services in monetary units. Ecosystem Services, 1(1), 50–61. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2012.07.005

Emerton, L., Bishop, J., & Thomas, L. (2006). Sustainable financing of protected areas: A global review of challenges and options. International Union for Conservation of Nature. https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/PAG-013.pdf

IPBES. (2019). Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (E. S. Brondízio, J. Settele, S. Díaz, & H. T. Ngo, Eds.). IPBES Secretariat. https://doi.org/10.5281/zenodo.3831673

The Nature Conservancy. (2022, 21 de septiembre). TNC announces its third global debt conversion in Barbados, generating $50 million for conservation. https://www.nature.org/en-us/newsroom/tnc-announces-barbados-blue-bonds-debt-conversion/

World Bank. (2022). Financing options and instruments: Blue Economy for Resilient Africa Program [Operational brief]. https://thedocs.worldbank.org/en/doc/660b3e3698e12c49001a2079cd28836c-0320012022/original/Financing-Options-and-Instruments.pdf

---

[1] Abogada especialista en derecho del medio ambiente. E-mail: dianamvivasa@gmail.com

[2] Doctor Historia. Profesor Asociado Legislación Ambiental. Facultad de Ciencias Jurídicas. Universidad del Atlántico. Barranquilla, Colombia. E mail: robertolastra@mail.uniatlantico.edu.co. UNESCO/IOC Ocean Expert  Profile https://www.oceanexpert.net/expert/34168. Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Roberto-Lastra. Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?Investigador Asociado CEMarin. Investigador Asociado CIOBA AIP.

Imagen hecha con IA (Chatgpt)