Conversatorio mujer y el derecho a la tierra y a los territorios. Avances, desafíos y recomendaciones en el marco de la Agenda de los Derechos Humanos. 

La pandemia por el virus COVID-19 declarada por parte de la Organización Mundial de Salud –OMS el pasado 11 de marzo de 2020 ha impactado de manera profunda los sistemas económicos y sociales de las comunidades que enfrentan mayores desigualdades en el acceso y garantía de los DESC, en especial, de las comunidades rurales. En este escenario, son las mujeres y niñas rurales quienes sufren de mayor vulnerabilidad por la discriminación, el racismo sistémico y la pobreza estructural, producto de brechas históricas aun cuando ellas cumplen roles fundamentales en relación a la seguridad alimentaria, el trabajo y gestión de la tierra, y los recursos naturales, como lo precisó el Secretario General de las Naciones Unidas el pasado Día Internacional de las Mujeres Rurales.[1]

En Colombia, cerca del 21.2% de las mujeres viven en zonas rurales, cerca del 23% de hogares tienen jefatura femenina, y más del 40% de los hogares rurales y rurales dispersos con jefatura femenina se encuentran en condición de pobreza, en comparación con el 35,5% y el 37,7% de los hogares rurales y rurales dispersos con jefatura masculina, como lo precisa el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Asimismo, se destaca el rol de las mujeres rurales en el desarrollo de actividades productivas, actividades asociadas al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado.[2]

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE, ha señalado que los cambios en la economía nacional producto de la pandemia han impactado doblemente a las mujeres, en la caída de cerca de un millón de empleos de mujeres en actividades económicas asociadas al cuidado y, la sustitución de actividades de cuidado remunerado por actividades no remuneradas. Asimismo, el DANE ha señalado que en el sector de la agricultura, ganadería, pesca, caza y silvicultura se evidenció una reducción porcentual de ocupación de las mujeres en un 23%, en comparación entre el segundo semestre de 2019 y 2020, siendo uno de los sectores con mayores niveles de reducción de empleabilidad de las mujeres.[3]

A esto se suman las dificultades para el derecho al acceso, uso y tenencia de la tierra para las mujeres rurales. Según cifras de la Agencia Nacional de Tierras- ANT, por cada cinco mujeres campesinas beneficiarias de programas de acceso y gestión jurídica de la tierra, hay ocho hombres beneficiarios; y de los baldíos adjudicados en el marco del Acuerdo de Paz entre 2016 y 2018, 38% fueron para mujeres.[4]

El Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz estableció como meta la titulación de 3 millones de hectáreas y la formalización y adjudicación de 7 millones, priorizando a campesinos y campesinas, trabajadores, trabajadoras y las asociaciones con vocación agraria o las organizaciones cooperativas del sector solidario con vocación agraria y sin tierra o con tierra insuficiente, así como personas y comunidades que participen en programas de asentamiento y reasentamiento. Sin embargo, a corte de diciembre de 2021, la ANT reportó que en total se habían beneficiado a 18.759 mujeres rurales con títulos de propiedad registrados a su nombre o con sus parejas, por medio de distintos mecanismos de acceso a tierras. Desde el Fondo de Tierras se han entregado 155.598 hectáreas en beneficio de 12.545 familias. De éstas, 2.262 hectáreas han sido destinadas a población campesina y entidades de derecho público beneficiando a 1.272 familias, de las cuales 773 son mujeres con títulos otorgados; se han formalizado 189.267 hectáreas beneficiando a 30.022 familias, a través de la entrega y registro de 30.110 títulos en 29 departamentos, de los cuales, 84.435 hectáreas han beneficiado a 17.528 mujeres rurales titulares; y finalmente, vía subsidios de tierras, se han formalizado un total de 458 en cabeza de mujeres rurales.[5]

En el marco de la medición del Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 5.a.1, los indicadores sobre la calidad y el acceso a la propiedad de la tierra en Colombia revelan diversas situaciones de desigualdad entre hombres y mujeres en dos vías: i) Solo el 36,3% de predios rurales con único/a propietario/a pertenecen a mujeres. El restante de 63,7% pertenecen a hombres., y ii) Los predios rurales de las mujeres únicas propietarias son más pequeños. El 75,1% son microfundios de menos de 3 hectáreas. Para los hombres esta cifra desciende a 62,1%. (DANE, ONU Mujeres, 2022)[6]

En el caso de la situación de la tenencia de la tierra y su relación con las mujeres indígenas y afrodescendientes, su comprensión pasa por el reconocimiento de sistemas culturales que son determinados por usos y costumbres propias de sus pueblos, donde se concibe la tierra como parte del territorio y como derecho colectivo. En los sistemas estadísticos se carece de información suficiente que permita identificar cómo se relacionan de forma material y jurídica las mujeres pertenecientes a pueblos étnicos con la tierra, aun cuando se conoce que cerca de 210 mujeres indígenas son autoridades de cerca de 1.220 existentes, mientras que, de 207 Consejos Comunitarios, 39 están representados por mujeres.

Este escenario evidencia grandes desafíos en perspectiva de la garantía para el derecho al acceso a la tierra para mujeres rurales y campesinas.

[1] Ver en: https://news.un.org/es/story/2020/10/1482462

[2] Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022- Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, pág. 1051

[3] Informe sobre Cifras de Empleo y Brechas de Género, DANE. Octubre 2020

[4] OP. CIT. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, pág. 1052

[5] Ver: https://www.ant.gov.co/wp-content/uploads/2022/04/Informe-gestion-2021V2-1.pdf

[6] Nota Estadística Propiedad rural en Colombia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE y ONU Mujeres, Julio 2022. Disponible en: https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-informacion/serie-notas-estadisticas

El Conversatorio propuesto tiene como principal propósito generar un diálogo entre distintos actores con el fin de analizar los desafíos que enfrentan las mujeres rurales y campesinas frente al derecho al acceso, uso y tenencia de la tierra y el territorio en el marco del desarrollo rural en Colombia, teniendo en cuenta tanto los compromisos internacionales, así como las metas establecidas en el Acuerdo de Paz, y desde allí, construir recomendaciones que sean dirigidas tanto al nuevo Congreso de la República como el nuevo Gobierno nacional elegido en 2022.

El diálogo se desarrollará con un panel de invitados integrado por lideresas campesinas y étnicas, organizaciones sociales, entidades nacionales, representantes de la academia, y delegados de la cooperación internacional en tres momentos. El conversatorio se desarrollará a partir de preguntas orientadoras y preguntas libres que podrán hacer las lideresas, a las instituciones invitadas.

Para realizar el proceso de inscripción diligencie el siguiente FORMULARIO