Maniobrabilidad del Medio Ambiente en el Conflicto y el Posconflicto

Jorge Iván Hurtado Mora

Profesor del Departamento de Derecho del Medio Ambiente y Miembro del Grupo de Investigación en Derecho del Medio Ambiente

Colombia es un país en guerra, en una guerra constante y perpetua de la cual se han elaborado múltiples y variados análisis que dan cuenta de sus efectos sociales, económicos y por supuesto políticos. La obviedad gobierna la anterior afirmación, no así el determinar que son menos considerables los estudios que han abordado las consecuencias del conflicto armado sobre el entorno ambiental.

El territorio es un elemento indisoluble de la confrontación; conquistar, invadir, vulnerar, arrasar y desarraigar nuevos territorios se constituye en una estrategia bélica que terminó por cobijar con su sevicia los escenarios ambientales estratégicos y de especial protección. La anterior situación ha fracturado los cimientos constitucionales que postulaban cómo el medio ambiente era una responsabilidad del Estado, un direccionador del modelo económico o una limitante a la propiedad privada; los fracturó sencillamente porque en la actualidad el Estado ha perdido el control ambiental de algunas áreas cuya gobernanza está siendo ejercida por actores no institucionales, igualmente porque en ese estado de cosas resulta más complejo, la materialización del desarrollo sostenible, y finalmente porque si bien, nadie podrá comprar el Tayrona o embargar el Amacayacu o alegar el dominio por prescripción del Sanquianga, todos ellos Parques Nacionales Naturales, lo cierto es que en esos y otros territorios de la misma condición, pueden darse distorsiones respecto a la discrecionalidad, potestad y autoridad pública.

Menoscabar los ecosistemas ya no sólo como consecuencia de la guerra, sino utilizarlo concientemente como una estrategia y un elemento de presión en medio del conflicto, es una decisión nefasta que origina gravisimas consecuencias en términos de vulneración, no a un sistema político, sino a la colectividad que tiene pleno acceso a la salvaguarda constitucional donde se sustenta el derecho a gozar de un medio ambiente sano.

Demostrar una posición de fortaleza en una mesa de negociación por parte de un actor, a través del vertido directo de hidrocarburos a una fuente hídrica, determina desde la otra orilla, la necesidad para la institucionalidad de empezar a afrontar la transversalidad del ambiente como un elemento integral y vital de cualquier proceso que busque el fin del conflicto. Las escalas y las prioridades no son las mismas, pero es necesario que cuando se hable de reparación de victimas, deba también hablarse con contundencia, de una reparación por causa de los daños ambientales que concretó y originó la confrontación armada.