Nuevo Reporte de las Naciones Unidas sobre el Estado del Derecho Ambiental: Seguimiento al progreso y recomendaciones hacia el futuro*

Actualmente el derecho ambiental se está transformando rápidamente debido a la innovación tecnológica, a la pandemia de COVID-19, a la preocupación pública por el cambio climático y el surgimiento de movimientos por la justicia social y racial. Este nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente proporciona una evaluación integral de los avances desde la publicación del primer Informe global sobre el estado del derecho ambiental en 2019 (EROL 2019).

Por: Ángela María Amaya-Arias**

A través de la recopilación y el análisis de datos de una encuesta realizada a 193 Estados miembros de la ONU sobre sus leyes, instituciones, compromiso cívico, derechos y justicia; el informe destaca los aspectos más relevantes del derecho ambiental en todos los países y rastrea el progreso a lo largo del tiempo.

“Hemos logrado enormes avances desde la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano de 1972, y prácticamente todos los países cuentan ahora con leyes, políticas y reglamentos para proteger el medio ambiente”, dijo Patricia Kameri-Mbote del PNUMA. “Sin embargo, la triple crisis planetaria del cambio climático, la pérdida de naturaleza, la contaminación y los residuos está empeorando. La eficacia de las leyes y los acuerdos depende de su traducción en acciones tangibles. Es esencial que los gobiernos aprendan unos de otros las mejores prácticas”.

Hay seis hallazgos transversales que han surgido en los últimos cinco años:

• La pandemia de Covid-19 llevó al menos a 46 países a reducir los requisitos ambientales, supuestamente para aliviar la carga sobre las industrias. la participación virtual aumentó, pero las barreras a los medios tradicionales de participación cívica socavaron la conservación y la confianza con ciertas comunidades remotas vulnerables. El sistema de justicia ya sea en Ucrania, Turquía o Suiza se volvió más transparente y accesible a medida que dio pasó a plataformas virtuales y audiencias en línea.

• Se ha acelerado el reconocimiento y la integración de los derechos ambientales, incluido el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible (ahora reconocido internacionalmente, con al menos 159 países reconociéndolo a nivel nacional o subnacional); nuevos titulares de derechos como las generaciones futuras o los derechos de la propia naturaleza (reconocidos o en discusión en 30 países); y una creciente consideración por los defensores ambientales (reconocidos en 48 países) y por la justicia social y climática para los Pueblos Indígenas, las mujeres y los niños.

• Se presta cada vez más atención a la aplicación de normas medioambientales especializadas, incluido el desarrollo y la creación de capacidades institucionales. Cortes y tribunales ambientales especializados en al menos 67 países han abierto sus puertas a demandantes extranjeros, cuyos derechos son violados en sus países por entidades transnacionales domiciliadas dentro de las jurisdicciones de los tribunales. Al menos 39 países tienen un instituto de capacitación judicial nacional o subnacional con derecho ambiental en su plan de estudios, y 9 países han hecho del derecho ambiental un componente obligatorio de la capacitación jurídica.

• La tecnología tiene el poder de revolucionar la aplicación de políticas ambientales, como lo demuestran los satélites, los drones, la inteligencia artificial (IA) y la ciencia ciudadana, mejorando la detección de actividades ilegales, desde la deforestación y el vertido ilegal de desechos hasta la caza furtiva de vida silvestre. Estos avances también plantean la necesidad de contar con la participación pública y salvaguardas para proteger los derechos, así como de superar la brecha digital entre quienes tienen acceso a tecnología moderna y a Internet estable y quienes no.

• Las mujeres son líderes del derecho ambiental, a menudo son la primera línea de la conservación y la protección ambiental en todo el mundo, además de soportar con frecuencia acoso y persecución.

• El ajuste de cuentas social sobre el cambio climático está contribuyendo a la reducción de emisiones nocivas a través de políticas, legislación y acciones judiciales. Además, el movimiento de protesta que vincula la raza y la aplicación de la ley ambiental en más de 4.000 ciudades, incluidas Brasil, México, Japón y Alemania, ayudó a introducir la justicia climática en el Estado de derecho ambiental.

El informe hace cuatro recomendaciones:

1. Estandarizar y realizar un seguimiento de los indicadores ambientales del derecho ambiental para permitir que los gobiernos, las organizaciones internacionales y la sociedad civil realicen un seguimiento del progreso, identifiquen desafíos y establezcan prioridades.
2. Desarrollar orientaciones sobre el estado del derecho ambiental en emergencias y desastres, incluidos conflictos y pandemias.
3. Integrar la justicia social en las instituciones ambientales considerando adecuadamente los impactos desproporcionados en ciertas poblaciones, adoptando estrategias proactivas para integrar la justicia social en la gobernanza ambiental y exigiendo a las empresas privadas y ONG que consideren la justicia ambiental en su trabajo.
4. Establecer una interfaz tecnología-política, incluida la colaboración sistémica entre el sector tecnológico y los formuladores de políticas ambientales y las agencias de aplicación de la ley.

Finalmente, se requiere más investigación sobre el estado del derecho ambiental y el papel del género; la aplicabilidad del derecho ambiental en áreas fuera de la jurisdicción nacional, como los océanos, los polos y el espacio; desafíos de la tecnología emergente, incluida la edición de genes, los microplásticos y nanoplásticos, la energía de fusión comercial; Estado de derecho ambiental en entornos frágiles y afectados por conflictos; entre otros.

El reporte se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://www.unep.org/resources/publication/environmental-rule-law-tracking-progress-and-charting-future-directions

* Este post es la traducción al español del comunicado de prensa disponible en la siguiente página: https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/new-era-environmental-rule-law-takes-shape-un-recommends-good

** Ángela María Amaya-Arias, Directora de Investigaciones del Departamento de Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Externado de Colombia, participó en la investigación para algunas secciones del Reporte, durante su estancia como Fullbright Visiting Scholar en el Environmental Law Institute (Washington, D.C.) en el 2021.

Imagen: Imagen tomada del Reporte disponible en https://www.unep.org/resources/publication/environmental-rule-law-tracking-progress-and-charting-future-directions