La Corte Constitucional analizó una demanda de inconstitucionalidad presentada por varios ciudadanos contra el artículo 57 (parcial) de la Ley 99 de 1993, bajo el argumento de que dicha norma incumplía los estándares de protección ambiental establecidos en los artículos 79 y 80 de la Constitución.
El pasado 22 de julio de 2024, el Congreso de la República expidió la Ley mediante la cual se prohíben las corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas. Como consecuencia de un arduo trabajo pedagógico que logró una importante reforma respecto de la protección animal; además, no se perdió de vista la salvaguarda de intereses del orden cultural y económico de aquellas personas dependientes de este tipo de prácticas.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Ministerio de Ambiente presentaron una tutela contra una sentencia del Consejo de Estado, que los responsabilizaba, junto con EPSA y CARVC, por los daños causados a las comunidades del río Anchicayá, debido a la descarga de sedimentos durante el mantenimiento de una hidroeléctrica en 2001. Sin embargo, la Corte Constitucional confirmó la sentencia, argumentando que había suficiente respaldo probatorio para atribuirle al Ministerio la responsabilidad por su inacción frente al daño ambiental.
El 6 de enero de 2023, Modesto Manjarrez Salcedo, en representación del Consejo Comunitario de las comunidades negras del municipio de Santa Rosa de Lima-Bolívar, presentó una acción de tutela contra Autopistas del Caribe. Alegó que la empresa vulneró sus derechos a la consulta previa y la participación al no realizar un proceso de consulta previa sobre el proyecto de construcción de la segunda calzada Bayunca-Clemencia, variante Bayunca.
En sentencia de Primero (1º) de noviembre de dos mil veintitrés (2023), la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia analiza los elementos para condenar por contaminación ambiental y el agravante de realizar la actividad en una zona protegida.
La Corte Constitucional profirió la sentencia T-461 de 2022, en la cual analiza las figuras de la consulta previa y el consentimiento previo, libre e informado en el marco de la construcción de un relleno sanitario.
El pasado 18 de junio el Senado de la República de Colombia aprobó el informe de conciliación del proyecto de ley 226 de 2022 que establece la definición de pasivo ambiental, se fijan lineamientos para su gestión y se dictan otras disposiciones. Esta propuesta legislativa es sumamente importante, considerando los pasivos ambientales que padece el país y la ausencia de regulación de la materia en el ordenamiento jurídico colombiano.
La Secretaría Distrital de Ambiente del Distrito Capital de Bogotá, a través de apoderado judicial, presentó demanda contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, para que se declare la nulidad de las Resoluciones núm. 0908 de 25 de mayo de 2007 y 1010 de 1 de junio de 2009, las cuales imponen una sanción pecuniaria al demandante, por las razones que se desarrollarán subsecuentemente.