BLOGUEROS INVITADOS
Este espacio está dispuesto para que docentes, investigadores y profesionales del sector ambiental puedan exponer sus ideas y conceptos a través de escritos relacionados con diversos temas del Derecho del Medio Ambiente. Sin embargo, es necesario que se tenga en cuenta que dichos escritos en ningún momento representan ni comprometen la opinión de la Universidad Externado de Colombia.
Ya es de amplio conocimiento que las Altas Cortes colombianas han dictado varias sentencias en que han concedido personalidad jurídica a la naturaleza, en general, y a algunos de los elementos de esta, en particular. Ya también se sabe que muchos jueces de inferior rango han seguido dichas sentencias y, por tanto, han concedido tal personalidad a un páramo y a diferentes ríos.
Prácticamente todos complejos de páramos han sido delimitados, ninguno cuenta con Plan de Manejo y cuatro delimitaciones ya se han venido abajo por falta de participación comunitaria. Si las demandas siguen, todas las delimitaciones pueden seguir el mismo curso. El conflicto existente por cuenta de esta gestión no tiene precedentes en la historia de nuestro país, tiende a incrementarse y a radicalizarse con graves y negativos efectos para el país.
Desde un ángulo meramente jurídico, la contaminación atmosférica es, a grandes rasgos, la presencia en la atmósfera de sustancias que tienen la capacidad de generar molestias graves, riesgos o daños sobre seres humanos y bienes de cualquier naturaleza, es decir, animales, plantas y objetos materiales artificiales como, por ejemplo, casas, edificios, estatuas, monumentos, etc. Dicha capacidad depende de la calidad y la cantidad de las sustancias que son emitidas a la atmósfera por, principalmente, fuentes humanas catalogadas como fijas o móviles. De ahí que el Derecho del medio ambiente contenga diferentes instrumentos encaminados a controlar la calidad y la cantidad de esas sustancias. Las normas de niveles de emisión y de niveles de inmisión de contaminantes del aire constituyen una clásica herramienta de control de la cantidad de cada uno de estos en la atmósfera
La protección del ambiente depende ampliamente de la regulación ambiental y la capacidad institucional para hacerla cumplir. Las normas serían eficaces si hacen parte del ordenamiento jurídico y cuentan con validez y vigencia. En muchos casos la eficacia de la legislación ambiental es más simbólica que real, pues esta no se cumple y la expedición de normas tendría fines adicionales, enfocados a la aceptación colectiva y legitimación del Estado, sin ser socialmente efectivas
Los vertiginosos avances tecnológicos y de investigación de las últimas décadas sobre los recursos marinos y oceánicos, han puesto al alcance de los países más desarrollados la posibilidad de explorar y explotar recursos que anteriormente no habían sido regulados por la Convención de la Naciones Unidas para el Derecho del Mar, es por ello que urge alcanzar nuevos acuerdos que permitan lograr un equilibrio en la forma de acceder y beneficiarse de los mismos, basados en los principios de la liberta en alta mar o el de patrimonio común de la humanidad.
El estado como encargado de garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios es competente para ejecutar estrategias que resuelvan problemáticas presentadas con los mismos. Dicha competencia se hace más relevante y necesaria cuando se trata de servicios públicos como el de acueducto y alcantarillado, el cual requiere de una mayor diligencia por cuanto es un servicio público que tiene una conexión directa con el recurso natural que más necesidades permite satisfacer: el agua
Tras varios años de confusiones de competencias y vacíos e inseguridad jurídica, llegan modificaciones al régimen del registro de las plantaciones forestales; tanto protectoras como de carácter comercial. Será importante determinar si estas nuevas normas efectivamente aportan a la creación de la seguridad jurídica que tanto le hace falta al sector forestal colombiano para su desarrollo.
La consulta previa es un mecanismo de gran relevancia constitucional que busca proteger la identidad cultural de las comunidades étnicas en Colombia. En el escenario ambiental, la Corte Constitucional ha fijado criterios concretos para determinar la obligatoriedad de la consulta previa y su alcance en las actividades que requieren licenciamiento ambiental.
Las áreas marinas protegidas constituyen un mecanismo de preservación y conservación de espacios naturales vulnerables. Las políticas nacionales avanzan en este sentido con celeridad en cumplimiento de los compromisos internacionales. Sin embargo cabe preguntarse, ¿están resultado efectivas estas medidas?
Actualmente, los proyectos de alto impacto ambiental son verdaderos conflictos socio-ambientales en Colombia. Esto se debe a, entre otras cosas, la falta de medición temprana y prioritaria del riesgo social y ambiental. Consideramos que la identificación anticipada en la financiación de dichos proyectos es esencial para determinar el riesgo y adoptar medidas de mitigación, que garanticen los derechos e intereses de todos los actores: empresa privada, financiadores y sociedad civil