Hace unos días se reunieron las 60 ratificaciones necesarias para que el Acuerdo relativo a la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional, conocido como Tratado de Alta Mar, entrara en vigor, lo que constituye un importante hito jurídico en pro de la protección del océano.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2025), celebra el primer Taller Nacional OMEC, el cual se llevó a cabo en Bogotá, cuya intención principal fue dialogar acerca de herramientas y guías para fortalecer este mecanismo. Por otro lado, resulta pertinente abordar la explicación de este particular mecanismo de protección del ambiente.
El pasado 10 de septiembre, Nature publicó un artículo titulado “atribución sistémica de las olas de calor a las emisiones de las principales empresas de carbono” en el cual realizan un análisis sobre el impacto de dichas empresas en el calentamiento global, atribuyéndoles responsabilidad abriendo la puerta a posibles litigios en su contra.
Por: Mateo Pineda Rodríguez* El reconocimiento a la naturaleza como sujeto de derechos sigue siendo ampliamente discutido[1]. También, en el ordenamiento jurídico colombiano se ha convertido en una constante de las órdenes impartidas por el juez: ¡declárese!, en este caso, al páramo de Santurbán como sujeto de derechos, decisión proyectada por el Tribunal Administrativo de Santander. Lo anterior, fundado en la intensa y persistente amenaza que padece el páramo como consecuencia de múltiples actividades nocivas, legales e ilegales, tales como: la minería, la extensión de la frontera agrícola, la contaminación de las fuentes hídricas, etc. (Mazo, 2025). En lo que respecta a esta decisión, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible interpuso recurso de apelación el pasado 21 de agosto del presente año, con la intención de fortalecer la vía jurídica y garantizar el cumplimiento de las órdenes emitidas, propendiendo porque estas sean claras, viables y efectivas. Se trata de […]
En los últimos días de agosto, una jueza en Miami decretó el cierre de la prisión “Alligator Alcatraz” en Estados Unidos por motivos ambientales, lo que constituye una importante decisión en materia ambiental en dicho país.
Son innegables las complejidades que se avistaban al momento de concebir la celebración del acuerdo, pues las tensiones geopolíticas, económicas y demás intereses propios de cada Estado estuvieron presentes en el desarrollo de la negociación.
En junio de 2025, mediante sentencia T-210 del 2025, la Corte Constitucional profirió una decisión en virtud de una tutela interpuesta por dos campesinos que solicitaban protección de sus derechos fundamentales frente a una sanción impuesta por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) en el marco de un proceso sancionatorio por la tala de cuatro árboles.
Por: Mateo Pineda Rodríguez* En Brasil, el pasado 17 de julio de 2025, en la Cámara de Diputados, se aprobó el Proyecto de Ley 2159 de 2021, el cual se venía discutiendo desde 2004. Un proyecto sobre licenciamiento ambiental que contiene en su cuerpo normativo una evidente y discutible flexibilización de las condiciones para obtener una licencia ambiental; incluso, muchas actividades de alto y mediano impacto han sido desprovistas de este trámite[1]. Las siguientes son las más destacables y constantes críticas del proyecto de ley, así: 1. La creación de licencias ambientales “simplificadas” y la restricción del contenido de sus obligaciones, como las siguientes: 2. Amenaza los derechos de los pueblos indígenas y tradicionales Brasil, siendo un Estado federal, entrega a los estados y municipios una lista de actividades que requieren licencia ambiental. Este desprendimiento repercute en la capacidad del más fuerte [el Estado] de controlar y vigilar los trámites […]
En 2023 la Asamblea General de la ONU solicitó una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que terminó en un importante pronunciamiento por parte de esta en pro del Medio Ambiente.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2025), ha firmado en Solano (Caquetá) el primer Acuerdo Social de Conservación, después de casi dos años de trabajo social en el territorio, en compañía de líderes comunitarios que en su conjunto lideran lo que será la primera concesión forestal campesina del país.