En 2023 la Asamblea General de la ONU solicitó una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que terminó en un importante pronunciamiento por parte de esta en pro del Medio Ambiente.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2025), ha firmado en Solano (Caquetá) el primer Acuerdo Social de Conservación, después de casi dos años de trabajo social en el territorio, en compañía de líderes comunitarios que en su conjunto lideran lo que será la primera concesión forestal campesina del país.
En 2024 fue expedido un Decreto por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo mediante el cual se prohíbe la exportación de carbón a Israel. Sin embargo, gracias a unas excepciones que consagró el Decreto, las exportaciones no han cesado completamente, lo que ha generado múltiples reacciones, especialmente debido a un reciente pronunciamiento por parte del presidente quien afirmó que estas deben cesar completamente.
Desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2025), recientemente se «reiteró» que no existe ningún trámite en curso respecto de algún tipo de normativa en la que se autorice la caza comercial del chigüiro en el país, sino que se venían desarrollando estudios científicos relacionados con esta especie. Aclaró, además, que no existe emergencia alguna sobre la seguridad alimentaria que siquiera permita considerar la caza para la venta de carne.
La Corte IDH reconoció el derecho al clima sano, determinó obligaciones para los Estados en pro de proteger comunidades más vulnerables a los impactos climáticos, expresó la necesidad de regular los procesos industriales y comerciales responsables de liberar gases que agravan el cambio climático, entre otras cuestiones, en una opinión consultiva adoptada en mayo de 2025.
En Niza, Francia, el pasado 10 de junio se han reunido a puerta cerrada más de 40 ministros de todo el mundo. El objetivo fue conversar sobre una de las prácticas más perjudiciales para el medio ambiente y la salud humana: la producción y el consumo de plásticos, especialmente por la contaminación que generan. De ahí que este evento haya sido catalogado como el acuerdo ambiental multilateral más relevante desde el Acuerdo de París.
A pesar de que Gustavo Petro, actual presidente de Colombia, prometió en campaña erradicar la utilización de glifosato, el Ministerio de Defensa ha adjudicado un contrato mediante el cual adquiere más de veinte mil litros de este y reactiva la aspersión terrestre con dicho herbicida para erradicar cultivos ilícitos.
Este proyecto, liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, pretende fortalecer la gobernanza e impulsar actividades que generen beneficios económicos como el turismo y la comercialización de piangua, así como la restauración de las zonas más degradadas. Lo anterior, se encuentra desarrollado, de tal forma, que contribuya con la implementación del Plan de Acción de Biodiversidad de Colombia al 2030, en el marco de las metas de Kunming-Montreal de la Convención de Diversidad Biológica.
En 2024 fue expedido el Decreto 1275, el cual confiere competencias ambientales a los pueblos indígenas sobre sus territorios. Este decreto ha suscitado múltiples debates gracias a su falta de delimitación en las competencias, en las zonas geográficas que cobija, entre otros. Adicionalmente, ya tuvo origen el primer pleito legal a causa de las competencias otorgadas.
Un proyecto de reforestación en el departamento del Caquetá, liderado por el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI), fue detenido por una de las disidencias de las FARC quienes, en el marco de las negociaciones con el Gobierno, buscan anunciarlo como suyo.