Colombia 50% mar. Veinte años de gestión ambiental en la mitad del territorio nacional.

Roberto Lastra Mier* y Alba Ruth Vergara**

Los mares colombianos constituyen prácticamente el 50% del territorio nacional. El hecho de contar con costas y mares tanto en el Caribe como en el Pacífico, no solo es una afortunada coincidencia geográfica sino que, implica también una gran responsabilidad para gobernar, proteger y conservar un patrimonio de vital importancia para el país y la región. No en vano Colombia posee una enorme diversidad de ecosistemas en sus mares y costas, sino que,  además es catalogado como uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo y el segundo en biodiversidad marina del continente americano, después de México (Ramírez, 2016; Alonso et al., 2018). Como consecuencia, la gestión ambiental de un territorio de estas proporciones implica para el país un ejercicio de gobernanza y un reto que necesita la acción, no solo del Estado, sino también de la sociedad civil.

Colombia estableció desde el inicio del siglo XX algunas normas referentes a la definición de espacios marítimos. Sin embargo, solo hasta la década de 1990 emprendió con mayor determinación acciones encaminadas a este fin. El impulso promovido por la Constitución de 1991, y su marcada tendencia ambientalista, alcanzó también a ese olvidado 50% del territorio nacional. Evidencia de ello es la inclusión del país en una serie de convenios o tratados internacionales enfocados a la conservación y preservación de nuestros recursos marinos. La entonces reciente creación del Ministerio del Medio Ambiente y la participación del país en la Convención de Río de 1992, se fueron materializando en una serie de acuerdos multilaterales particularmente enfocados a la preservación de los recursos marinos, costeros, insulares y oceánicos, de tal manera que la firma y ratificación del Convenio de la Diversidad Biológica (Ley 165 de 1994), el Mandato de Yakarta  y la Agenda 21 Capítulo 17.5, entre otros, han marcado las líneas a seguir (MADS, 2012).

En cumplimiento de estos compromisos internacionales, el país inició la construcción de políticas específicas enfocadas a los recursos marinos y costeros. Uno de los primeros intentos en este sentido fue la expedición del documento base para la elaboración de la Política Nacional de Ordenamiento Integrado de las Zonas Costeras Colombianas en 1997, así como los primeros ejercicios de Manejo Integrado de Zonas Costeras- MIZC, liderados por el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras INVEMAR (Steer et al., 1997). Estos documentos constituyeron la base de la Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares de Colombia -PNAOCI, expedida en el año 2000. Adicionalmente, se expidió la Política Nacional del Océano y de los Espacios Costeros (PNOEC) en el año 2007.

Si bien es cierto que la coexistencia de dos políticas en materia de mares y océanos pudo plantear algún tipo de contradicciones, la realidad es que estas han resultado complementarias. Los objetivos de ambas políticas están enfocados al desarrollo de los espacios oceánicos y las zonas costeras desde la perspectiva de la integralidad, enfatizando la PNAOCI en la protección y preservación de los ecosistemas y recursos marinos y costeros, mientras que la PNOEC plantea la necesidad de establecer un “sistema que incluya las orientaciones, contenidos, modificaciones institucionales y la previsión de resultados mediante una acción de coordinación integral y de articulación de diferentes estamentos”, con un marcado énfasis en la concreción de un país marítimo (PNOEC, 2007).

Veinte años después, y fruto de estas políticas, Colombia cuenta con un nutrido acervo normativo con carácter específico, diseñado para establecer las estrategias, lineamientos, herramientas e instrumentos jurídicos necesarios para hacer frente a este reto. En este sentido, la Universidad Externado, por intermedio de su Departamento de Medio Ambiente, ha iniciado un acercamiento a esta rama del saber con la apertura de la asignatura sobre Derecho del Mar, enfocada desde la perspectiva no solo de la territorialidad y soberanía sino con una marcada tendencia al análisis jurídico a partir del abordaje ambiental.

Referencias Bibliográficas.

Alonso, D., Ramírez, L., Segura-Quintero, C., Castillo-Torres, P, Díaz, J.M. & Walschburger, T. (2008). Prioridades de conservación in situ para la biodiversidad marina y costera de la plataforma continental del Caribe y Pacífico colombiano. Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras INVEMAR, The Nature Conservancy-TNC y Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales-UAESPNN. Santa Marta, Colombia, 20 p.

MASD. 2012. Colombia. Colombia, 20 años siguiendo la Agenda 21. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Bogotá, D.C. Colombia, 2012. 152p. ISBN: 978-958-8491-62-2

PNAOCI. 2000. Política Nacional Ambiental de Desarrollo de los Espacios Oceánicos y de las Zonas Costeras e Insulares. Ministerio del Medio Ambiente. Bogotá. 2000. ISBN. 958-969-721-6.

PNOEC. 2007. Política Nacional de de los Océanos y los Espacios Costeros. Quinta impresión. (2014) ISBN 978-9689-9695-1-9.

Ramírez, L.F. (2016). Marine protected areas in Colombia: Advances in conservation and barriers for effective governance. Ocean & Coastal Management, 125: 49-62.

Steer, R., Arias-Isaza F., Ramos A., Sierra-Correa P., Alonso D., Ocampo P. 1997. Documento base para la elaboración de la “Política Nacional de Ordenamiento Integrado de las Zonas Costeras Colombianas”. Documento de consultoría para el Ministerio del Medio Ambiente. Serie publicaciones especiales No.6 xxx p.

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*Docente Facultad de Ciencias Jurídicas, Universidad del Atlántico y Docente de posgrado de la Universidad Externado de Colombia

**Docente Facultad de Ciencias Jurídicas, Universidad del Atlántico

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Imagen tomada de: http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/un-periodico-trae-especial-sobre-mares-de-colombia-1.html