Colombia necesita urgentemente una política en las zonas fronterizas con enfoque ambiental

Las características geográficas de Colombia así como las problemáticas de las regiones fronterizas evidenciadas por la crisis generada por la COVID 19, sitúan dentro de las prioridades de nuestro país la necesidad de una política fronteriza con un robusto componente ambiental que fortalezca la gestión de estas zonas que resultan ser ecológicamente estratégicas a nivel nacional e internacional.

Juliana Hurtado Rassi*

El territorio es reconocido como un elemento fundamental del Estado y en este sentido el proceso de delimitación fronteriza es determinante en la construcción jurídica y política del país. Colombia tiene fronteras con once (11) Estados: terrestre con Brasil; terrestre y marítima con Venezuela, Ecuador, Perú, Panamá, y marítima con Nicaragua, Costa Rica, Haití, República Dominicana, Jamaica y Honduras.

Las fronteras nacionales se delimitaron, de manera definitiva, solo desde finales del siglo XIX, aunque hubo acuerdos parciales con los países con los que Colombia tiene fronteras terrestres. En principio, la base jurídica sobre la cual Colombia buscó fijar sus fronteras fue el uti possidetis, que permitía la reivindicación de los territorios que hubiesen sido declarados de jurisdicción del Virreinato de la Nueva Granada por cuenta de la corona española.

Aunque la mayoría de las fronteras colombianas han sido definidas (vía tratado), aún existen conflictos fronterizos con Nicaragua y Venezuela. El primero por la definición de la frontera marítima entre ambos países, definido el 19 de noviembre de 2012 por la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo actualmente cursan en esta misma Corte dos nuevos procesos interpuestos por Nicaragua: el primero alegando el incumplimiento por parte de Colombia del fallo del 2012 y el segundo solicitando que se le reconozca soberanía sobre una plataforma continental extendida más allá de las 200 millas náuticas. Por su parte con Venezuela existe un diferendo marítimo desde hace varias décadas sobre el denominado Golfo de Coquivacoa o de Venezuela.

Un informe de la Defensoría del Pueblo sobre las zonas de fronteras, menciona que “todo estudio sobre las fronteras colombianas parte del reconocimiento de una deuda histórica de las instituciones colombianas con las fronteras, en las que persisten focos donde hay baja o nula presencia institucional”,  en este mismo sentido este informe indica que las políticas públicas sobre fronteras, entre esas la Ley sobre Fronteras (Ley 191 de 1995), no ha respondido a la importancia y necesidad de promover, proteger y consolidar los derechos humanos fundamentales, sino que se ha enfocado más bien en temas económicos y comerciales[1].

La situación actual, generada por el COVID-19, ha permitido evidenciar o “sacar a flote” diferentes problemas estructurales en nuestro país. Es indiscutible también la deuda histórica que se tiene con el sistema de salud, así como la poca importancia que los dirigentes le han dado a la investigación (al menos este Gobierno entendió la importancia de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología). Sin embargo, la problemática que hemos podido presenciar en las fronteras nos demuestra una vez más la inmensa desatención y pobreza que existe en estas áreas, conduciendo así a que la población ubicada en estos lugares se encuentre expuesta a situaciones de vulnerabilidad estructural y emergencia recurrente.

La situación que se ha venido presentado en la Amazonía es lamentable, fue uno de los Departamento con más casos de COVID- 19 en el país, su sistema de salud es precario y las comunidades que habitan en esta región son altamente vulnerables a enfermedades respiratorias. Adicional a lo anterior, el Gobierno de Colombia se reunió con sus homólogos de Brasil y Perú durante los días 13 y 14 de mayo^[2] buscando establecer una hoja de ruta para enfrentar esta pandemia, cuando desafortunadamente la situación ya era crítica y difícil de mitigar.

Por su parte el escenario en la frontera con Ecuador fue similar, la mayoría de los casos de Covid-19 en Nariño se encontraban en Ipiales, la ciudad fronteriza, que al igual que las demás tiene un sistema de salud insuficiente. En este mismo sentido el Pacífico colombiano históricamente ha padecido estos problemas, precariedad en el sistema de salud, y las cabeceras municipales (Buenaventura, Tumaco y Quibdó) se caracterizan por las grandes limitantes que durante años han mantenido: ni el mínimo vital de agua potable se le ha podido garantizar a los hogares de la región.

Ahora bien, el componente ambiental, transversal a todas las problemáticas mencionadas anteriormente, corre con la misma suerte: no es prioritario en el diseño de las políticas de frontera en nuestro país. ¡Y pareciera inconcebible! Compartimos con Brasil y Perú uno de los ecosistemas estratégicos más importantes para la región: la Amazonia, pero a la fecha no existe una estrategia de manejo articulado y conjunto para este ecosistema. Lo mismo sucede con Nicaragua, país con el que desde el año 2012 compartimos la Reserva de Biosfera Seaflower, infortunadamente no hemos llegado a un acuerdo que conduzca a la conservación y protección de esta área marina, mientras tanto continua la sobreexplotación y deterioro ambiental de este ecosistema. Aunado a lo anterior, en estas dos regiones tenemos las dos Corporaciones Ambientales que deben controlar mayor extensión territorial, y tienen una serie y diversidad de problemáticas ambientales para resolver, pero a su vez cuentan con el menor presupuesto y personal técnico para estas labores.

En este momento se encuentra en discusión el Proyecto de Ley No. 231 de 2019 “Por medio del cual se establece un régimen especial para los corregimientos, municipios, departamentos y regiones de frontera de Colombia, en desarrollo de lo dispuesto en los artículos 9, 289 y 337 de la Constitución Política” el cual se ha ido robusteciendo en diferentes aspectos durante las plenarias de Cámara hechas en los últimos meses.

Uno de los aspectos que se ha fortalecido y vale la pena mencionar es el relacionado con la identificación de los hechos interjurisdiccionales fronterizos (art.17, Cap III) en el que se deben considerar de naturaleza poblacional y territorial para su identificación asuntos relacionados con “los aspectos biofísicos entendidos como los asuntos en materia de gestión ambiental como la biodiversidad y servicios ecosistémicos, la gestión del recurso hídrico, la gestión del riesgo de desastres y del cambio climático, la deforestación, entre otros.”. En este mismo sentido se menciona que cualquier circunstancia que distorsione o impacte los indicadores ambientales de esas zonas debe ser considerado una circunstancia que amerita la declaratoria de zona de intervención fronteriza.

Este PL se constituye sin duda alguna en una oportunidad única para que el tema ambiental sea uno de los asuntos que rija la política fronteriza de nuestro país, más aún si se tiene en cuenta que los ecosistemas estratégicos que se encuentran en estas áreas demandan acciones articuladas y coordinadas entre Colombia y sus países vecinos para garantizar su efectiva conservación.

Nuestras regiones fronterizas son a su vez los lugares más ricos en biodiversidad, y se constituyen en ecosistemas claves en la lucha contra el cambio climático. De su efectiva protección dependen, no solo las comunidades que los habitan, sino también la humanidad entera. Exijamos y contribuyamos con su protección!

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*Miembro del Grupo de Investigación en Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Externado de Colombia

[1] Defensoría del Pueblo (2017). Informe Defensorial sobre las zonas de frontera. Disponible en https://www.defensoria.gov.co/attachment/1579/INFORME-DEFENSORIAL-SOBRE-LAS-ZONAS-DE-FRONTERA.pdf

[2] Información extraída de: https://www.cancilleria.gov.co/en/node/23116 y https://www.cancilleria.gov.co/en/newsroom/news/comunicado-conjunto-v-reunion-mecanismo-consulta-coordinacion-politica-2-3-peru