¿Cuál es el rol de las comunidades campesinas en la visión de la Política del SINAP y cómo pueden aportar al cumplimiento de los objetivos ambientales de ella?

La segunda parte de este análisis de la propuesta de “Política para la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas-Visión 2021-2030” (si se quiere consultar la primera parte, véase la publicación anterior del Observatorio de Derecho del Medio Ambiente) se centra en el examen de las líneas de acción propuestas para aumentar la efectividad de la conservación en las áreas del Sinap, así como se dedica a abordar la pregunta sobre cuál es el rol de las comunidades campesinas en esta visión.

Juan David López*

La propuesta de política para consolidación del Sinap realiza un profundo diagnóstico de los factores que inciden en la degradación de las áreas ambientalmente protegidas, identificando el insuficiente patrimonio natural y cultural conservado, la baja conectividad, la baja efectividad en la gestión del Sinap y la inequitativa distribución en la sociedad de los costos y beneficios de conservación de las áreas protegidas. Si bien la incidencia de las comunidades locales no es la misma para cada una de las problemáticas, de una lectura integral del documento pueden concluirse tres grandes roles en los que el campesinado –como actor fundamental, transversal y potenciador en la implementación de la política– ­puede contribuir al logro de los objetivos ambientales de conservación.

El primer rol está asociado al (i) fortalecimiento de la gestión y la gobernanza de las áreas ambientalmente protegidas; el segundo está relacionado con el aporte a la (ii) construcción de conocimiento con base en saberes locales y ancestrales para  armonizar los usos y prácticas campesinas con los propósitos de conservación ambientales; y el tercer rol se asocia a los aportes que el campesinado puede realizar a la (iii) generación de información y a la monitorización del cumplimiento de los objetivos y de las metas trazadas en la política.

(i) Rol en el fortalecimiento de la gestión y gobernanza de las áreas del SINAP

Una de las declaraciones más importantes que realiza la propuesta de política es que las áreas protegidas no solo deben ser declaradas, sino que también han de ser bien administradas con el propósito de lograr los propósitos para los que fueron creadas. Si bien dicha afirmación puede parecer una obviedad, es una situación que se debe resaltar debido a la predilección de las entidades del sector por la promulgación de normativa ambiental por encima de las acciones de seguimiento y cumplimiento de ella (García, 2019).

Una de las primeras circunstancias que explican el déficit en el cumplimiento de los objetivos de conservación en áreas protegidas es que históricamente no ha existido una evaluación sistemática de la gestión y del cumplimiento de tales objetivos. Tanto así que en los primeros lineamientos de política del Sinap no existen metas asociadas a la evaluación de la gestión de las áreas, actualmente el 92% de las AP públicas no han realizado valoraciones respecto a la efectividad de su gestión en cuanto a los objetivos de conservación (MADS, 2020).

Al no existir esta valoración, tampoco existen cifras consensuadas sobre el grado de ocupación material de las comunidades locales en las zonas ambientalmente protegidas, ni del papel que juegan en su gestión. No existe una caracterización de los actores comunitarios, las relaciones de tenencia con sus territorios, el uso y disposición de estos y la incidencia que tienen diferentes arreglos y dinámicas de gobernanza territorial en el cumplimiento de los fines ambientales.

La poca información de las relaciones de tenencia del campesinado en áreas protegidas ha sido parcial, fragmentada  y desorganizada^[1], lo que ha generado una atención institucional sin objetivos claros, descontextualizada y desordenada. En otras palabras, no existe una caracterización unificada de los propietarios, poseedores y ocupantes al interior del sistema, debido en parte a la poca gestión de la máxima autoridad agraria para la caracterización y formalización de las comunidades que habitan zonas protegidas (MADS, 2021, p. 62). Del mismo modo, la ausencia de una visión trasversal de este fenómeno y una política estatal clara para su atención, ha generado respuestas aisladas y dispares por parte de las altas cortes, entre las que se destaca la discusión de responsabilidad del Estado por las limitaciones al derecho de propiedad en el Consejo de Estado y Corte Constitucional (Pimiento, 2017).

Consecuencia de esta informalidad en la tenencia de la tierra existe una falta de control sobre la explotación que se le da, lo que explica la existencia de usos agropecuarios y pastos en aproximadamente 1.2 millones de hectáreas al interior del SPNN (DANE, 2016), de estas en aproximadamente 6.215 hectáreas existen iniciativas de restauración ecológica en que participan directamente familias campesinas, lo que sigue siendo una proporción ínfima en comparación con la transformación causada.

En este orden de ideas, el documento reconoce al campesinado como sujeto político y de derechos con un rol fundamental dentro del cumplimiento de los objetivos de conservación e incluye dentro de sus líneas estratégicas la incorporación de diferentes arreglos de gobernanza. Para esto, propende por la identificación y caracterización de actores, así como la corresponsabilidad en la gestión del AP (MADS, 2021, p 82). Con el fin de sumar a estos esfuerzos, el documento insta a la Agencia Nacional de Tierras y Unidad de Restitución de Tierras a incrementar las decisiones de fondo en aras de brindar seguridad jurídica a sus habitantes y aportar en la disminución de conflictos por tenencia de la tierra en las áreas protegidas (Ibíd., p. 86).

De manera similar, promueve la armonización de las formas de manejo del territorio mediante acuerdos en las áreas protegidas con diferentes actores estratégicos. Para esto, se concibe un sistema de informe anual en que se consignen acuerdos y actores vinculados con el fin de fortalecer las iniciativas comunes de conservación, disminuir la conflictividad socioambiental, retribuir de manera adecuada las cargas de conservación y mejorar las condiciones de vida de quienes habitan estos territorios.

 (ii) Papel en la construcción de conocimiento para una gestión más efectiva de áreas de protección ambiental

Continuando con las propuestas de política, se aboga por la integración de los conocimientos locales a la hora de conceptualizar y definir la conservación y su gestión, entendiendo este saber como base para la toma de decisiones del diario vivir y modelo de desarrollo comunitario. Vale la pena mencionar en este punto que actualmente no existe una caracterización de los sistemas de conocimiento que existen al interior del Sinap y su porcentaje de integración al sistema (GEF, SINAP, 2020).

De manera similar, se reconoce que existe una baja apropiación del aporte que realizan las comunidades locales a la generación de beneficios que pueden ser susceptibles de retribución. A manera de ejemplo, existen varios estudios de los beneficios económicos y ambientales generados por las AP en el almacenamiento de carbono (MADS, 2021, p. 65). Sin embargo, existe un bajo conocimiento por parte del campesino en su contribución directa.

Con el fin de implementar este nuevo enfoque, la visión 2021-2030 propone acciones tradicionales como el fortalecimiento de los procesos de divulgación y formación a los actores comunitarios sobre sus contribuciones a la naturaleza, junto a nuevas ideas como la ampliación conceptual de los usos sostenibles integrando saberes tradicionales y sistemas productivos con un enfoque al cumplimiento de los objetivos de conservación de las áreas protegidas. Ejemplos de donde iniciar estos diálogos pueden darse en el establecimiento de vedas para caza y pesca, definición de calendarios ecológicos, fomento a la agro biodiversidad y promoción de autonomía alimentaria (Ibíd., p. 68).

(iii) Rol en la generación de información y en la monitorización

Existen diferentes sistemas de información para la monitorización de la conservación y de la pérdida de biodiversidad al interior de las áreas del Sinap. Sin embargo, estos sistemas de información no están articulados en un sistema único ni tienen fuentes o criterios estandarizados, lo que genera dificultades en la lectura de información y monitorización de las diferentes metas y dimensiones involucradas en el Sinap (MADS, 2021, p.50).

A su vez, existen diferentes impulsores de pérdida de diversidad ecológica en los que los insumos de información varían y en las que el campesino puede ayudar en su diagnóstico y seguimiento: la ganadería extensiva, minería, especies introducidas, expansión urbana, cultivos de uso ilícito y contaminación por macro y micro plástico.

En este orden de ideas, la política plantea una complementación de las diferentes formas de conocimiento y visiones del territorio en la definición de las metas de conservación del Sinap para 2026 (Ibíd., p. 78) y el aumento de las capacidades de articulación con los distintos actores en la gestión del conocimiento requerida para el seguimiento de los objetivos del Sinap.

En conclusión, se puede afirmar que la visión 2021-2030 trae una serie de reflexiones y propuestas en que no solo se señala a la población campesina como parte del problema asociado a la conservación de la biodiversidad, sino que se le reconoce como sujeto político y de derechos que puede incidir en la transformación positiva de las circunstancias actuales, lo que es un paso en la dirección correcta en aras de pasar de un reconocimiento meramente formal a la integración de prácticas y saberes tradicionales en la consecución de los objetivos planteados en la normativa ambiental.

 

Bibliografía

Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. 2016. Censo Nacional Agropecuario. Tomo 2 – Resultados. Recuperado en https://www.dane.gov.co/files/images/foros/foro-de-entrega-de-resultados-y-cierre-3-censo-nacional-agropecuario/CNATomo2-Resultados.pdf

GARCIA PACHON, Maria del Pilar. (2019). Efectividad de las normas medioambientales. Principios de Derecho Ambiental y Agenda 2030.Pag. 312. Recuperado en: https://www.researchgate.net/profile/Maria-Garcia-27/publication/342515012_Efectividad_de_las_normas_ambientales/links/5ef8de70458515505078f0ce/Efectividad-de-las-normas-ambientales.pdf

GEF SINAP. (2020). Documento diagnóstico como insumo a la construcción de la política SINAP 2020-2030. Bogotá.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2020). Construyendo una política para el SINAP 2020-2030. Obtenido de https://www.minambiente.gov.co/sinap/index.php/conceptualizacion/documentosconceptualizacion

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2021). Política para la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas-Visión 2021-2030. Recuperado en: https://www.minambiente.gov.co/sinap/images/wwwf/PROPUESTA_HOY/POLITICA_SINAP_Visi%C3%B3n_2021-2030.pdf

Pimiento, Julián Andrés. (2017). La responsabilidad del Estado por limitaciones ambientales a la propiedad privada en Derecho privado y medio ambiente: homenaje a Fernando Hinestrosa. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 2017.

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* Estudiante de la Especialización en Derecho del Medio Ambiente e integrante del Observatorio en Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Externado de Colombia

^[1] A manera de ejemplo, de las 15000 a 50000 familias estimadas dentro del SPNN el IGAC ha identificado 7212 predios. De estos solamente 3746 cuentan con folios de matrícula inmobiliaria lo que indica que los demás podrían tratarse de predios baldíos (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2019). A su vez, reconoce que la mayoría de personas explica su relación con la tierra por compra o escritura o carta venta 50%, colonización u ocupación 20%, herencia 13%, asignación por JAC 3%, por adjudicación del Estado 2% y otras 12%.