El caso de la Región de Matopiba y del Estado de Piauí en Brasil es un ejemplo de coordinación y cooperación efectiva entre los poderes públicos y la sociedad civil para abordar problemas y conflictos de tierras

La Región de Matopiba en Brasil ha logrado una efectiva colaboración entre los poderes públicos y la sociedad civil para resolver problemas de tierras y conflictos. El Estado de Piauí, con su Centro de Regularización de Tierras, ha sido un ejemplo en esta iniciativa. Estas experiencias ofrecen lecciones valiosas para abordar problemas y conflictos de tierras en Colombia, promover la paz y la justicia en el ámbito agrario.

Por: Iván Matiz Sánchez

La Región de Matopiba, conocida como la nueva frontera agrícola de Brasil, engloba cuatro estados: Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahía, abarcando una extensión de 73 millones de hectáreas, equivalentes al 63.95% de la superficie total de Colombia. Esta región, que alberga a seis millones de habitantes distribuidos en 337 municipios, ha experimentado un crecimiento económico impulsado principalmente por la agricultura. Sin embargo, la expansión de su frontera agrícola ha dado lugar a problemas como ocupaciones irregulares, acaparamientos de tierras, deforestación y conflictos territoriales (FAO, 2021; Agroicone, 2022).

Fuente: Aguilar, 2016, adaptado por Torciano et al. 2022.

En busca de soluciones a estos desafíos, se ha venido consolidando un proceso de colaboración entre los poderes públicos y la sociedad civil, inspirado en las Directrices Voluntarias para la Gobernanza Responsable de la Tierra, la Pesca y los Recursos Forestales de la ONU-FAO de 2012, así como en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Este proceso ha evolucionado en una referencia de buenas prácticas tanto para otros estados brasileños como para la región en América Latina (FAO, 2021).

En Matopiba, se ha establecido una cooperación efectiva entre los poderes públicos y la sociedad civil para fortalecer la gobernanza de la tierra. Esta cooperación se centra en regularizar la tenencia de la tierra, mediar y reducir conflictos, garantizar el acceso a la justicia y fomentar políticas públicas que aborden la ocupación desordenada de tierras, el acaparamiento y la vulnerabilidad social y ambiental. En esta labor, los Centros de Regularización de Tierras dentro de los estados y el Foro de Tierras de Inspectores Generales de Justicia de la Región desempeñan un papel crucial (FAO, 2021).

Los avances en Matopiba se basan en la experiencia previa del Estado de Piauí, que inauguró un Centro de Regularización de Tierras de la Inspección General de Justicia en 2018. Piauí se convirtió en un modelo para otros estados y contribuyó a la creación del Foro de Inspectores, además de servir como referencia para la aplicación de las Directrices Voluntarias (FAO, 2021). 

El Centro de Regularización de Tierras de Piauí nació en un momento en que el Estado buscaba una mayor integración entre el poder judicial y el ejecutivo. Esta iniciativa se inspiró en las acciones pioneras del Tribunal Agrario del municipio de Bom Jesus, el primer Tribunal Agrario del Estado de Piauí, que se estableció en 2012. La intención era abordar los crecientes conflictos por tierras y sacar al poder judicial de un estado de inercia para resolver problemas que existieron en el pasado, ubicándolo en el presente y el futuro (Torciano, et al., 2022).

El Centro surgió como una propuesta del poder judicial, que asumió un papel activo en la creación de soluciones y se convirtió en un impulsor de la agenda territorial del estado. Su objetivo principal radica en promover la integración y la participación, a través de la colaboración interinstitucional continua (Torciano, et al., 2022).

En su momento, el Tribunal aceleró los procesos de tierras, la resolución de conflictos y la lucha contra el acaparamiento de tierras. Además, contribuyó a la identificación de tierras adquiridas de buena fe y promovió la regularización territorial a cargo del poder ejecutivo. Sin embargo, debido a la complejidad de la situación territorial en Piauí, especialmente en los municipios de expansión agrícola, se reconoció la necesidad de establecer un ambiente de mediación, diálogo y propuesta de soluciones a los problemas territoriales, lo que condujo a la creación del Centro (Torciano, et al., 2022).

Como señala Lenza (1995), citado por Torciano, et al. (2022), los tribunales agrarios representan un instrumento de justicia social en el campo y están llamados a corregir la injusticia calificada que se perpetúa diariamente contra los agricultores rurales brasileños. El juez en los conflictos agrarios debe tener una mentalidad agraria, considerando de manera especial a los económicamente débiles (Borges, 1996, en Torciano, et al., 2022).

El Centro de Regularización de Tierras en Piauí ha logrado la creación del Consejo Asesor y la Cámara Técnica, la elaboración de un proyecto de ley de tierras concertado y la producción del primer Atlas de Tierras del Estado de Piauí. También se ha establecido un Observatorio de Conflictos de Tierras y un Sistema de Monitoreo de Conflictos de Tierras que centraliza la información sobre los conflictos y dirige los casos hacia la mediación o judicialización según sea necesario (Torciano, et al., 2022 y 2023).

El desafío actual es mantener y fortalecer estas iniciativas a lo largo del tiempo. El Centro de Regularización, que nació como una estructura técnica de apoyo y orientación, debe expandirse y consolidarse junto a las otras herramientas e instrumentos. Estos modelos son un referente de estudio en el contexto colombiano, donde se han experimentado múltiples reformas agrarias poco efectivas y se está llevando a cabo una Reforma Rural Integral desde 2016, como parte del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP.

Aprovechando la reciente creación de la jurisdicción agraria y rural en Colombia, que busca resolver conflictos relacionados con la tierra, así como el reconocimiento de la especial protección constitucional al campesinado, las experiencias y avances de Matopiba y Piauí en Brasil pueden ofrecer valiosas lecciones. Estas pueden ayudar a superar la polarización y las tensiones entre los poderes judicial, ejecutivo y legislativo, allanando el camino para la resolución del conflicto interno y evitando su intensificación desde dentro del aparato estatal.

Bibliografía

Antoniazzi, L. y Oliveira de Córdoba, B. (2022) Panorama de Restauración Ecológica en Matopiba y Benchmarking de Políticas Públicas. Agroicone. Sao Paulo. Recuperado de: https://www.agroicone.com.br/wp-content/uploads/2021/09/Agroicone_Panorama-da-Restauracao-no-Matopiba-e-Benchmarking-de-Politicas_2022_ESP.pdf

FAO, (2021) Fórum de Corregedores da Justica do Matopiba. Recuperado de: https://www.fao.org/3/cb4370pt/cb4370pt.pdf

Torciano, R., WWF-Brasil y ISPN, (2022) A Governanca de Terras no Estado do Piauí. Experiencia do Núcleo de Regularizacao Fundiária de Corregedoria Geral de Justica do Estado. Brasília. Recuperado de: https://ispn.org.br/site/wp-content/uploads/2022/08/A-governanca-de-terras-no-Estado-do-Piaui.pdf

Torciano, R., de Sousa, L., Mateus, M. y Lopes, I. (2023) Análisis de la Percepción de Seguridad de la Posesión de Tierra en Seis Municipios Piauienses. PRINDEX. Recuperado de: https://www.rtorsiano.com.br/publicacoes